La falta de tres comisionadas y la relajación de las revisiones regulatorias han beneficiado a las empresas del magnate Carlos Slim, Telmex-Telnor y Telcel, consideradas dominantes desde el 2014. Una serie de denuncias internas, despidos masivos en las áreas de Cumplimiento y Regulación Asimétrica, así como la injerencia directa de funcionarios de América Móvil en las investigaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han encendido las alarmas sobre el funcionamiento del organismo encargado de regular y sancionar a las compañías del sector que incurran en malas prácticas.

La crisis en el IFT comenzó a inicios del año pasado cuando, ante la alta probabilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no enviara sus propuestas para cubrir las vacantes de los integrantes del Pleno, el organismo modificó su estatuto orgánico para poder seguir operando con cuatro comisionados, en lugar de siete, como funciona actualmente.

Javier Juárez Mojica asumió la Presidencia interina del organismo, acompañado en las decisiones del Pleno por los comisionados Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho.

En enero de este año, el IFT decidió no multar a Telmex por incumplir con la divulgación de información acerca de su infraestructura en 2017, por lo cual habría tenido que pagar unos 20 mil millones de pesos. El regulador expuso que con base en las pruebas y defensas aportadas al expediente del caso no fue posible entrar al análisis del fondo de la conducta, ni concluir sobre el incumplimiento.

Este fue el inicio de la “buena estrella” de América Móvil con el IFT. Del 2018 a la fecha las empresas de Slim acumulan 12 asuntos iniciados y en trámite de ejecución de un procedimiento administrativo, así como siete pendientes por iniciar. No obstante, la instrucción de la Unidad de Cumplimiento, a cargo de Fernanda Arciniega, y la Coordinación Ejecutiva, encabezada por Víctor Rodríguez Hilario –con la anuencia de los comisionados, según las denuncias– es de archivar o cerrar los procedimientos, por lo que han despedido a por lo menos una decena de funcionarios de dichas áreas a partir de julio pasado.

Según las denuncias de funcionarios y exfuncionarios, los argumentos para darles “carpetazo” son infundados y carecen de metodología de supervisión, pues se ha logrado acreditar el incumplimiento de Telmex y Telnor, según la normatividad aplicable al denominado Agente Económico Preponderante.

Los oficios internos dan cuenta de las visitas recurrentes de funcionarios de América Móvil a las instalaciones del IFT para reunirse con Fernanda Arciniega y Adriana Williams, directora general de Cumplimiento. Se menciona en las denuncias a Daniel Bernal, director de Asuntos Regulatorios de América Móvil, a Genaro Millán, gerente regulatorio de la empresa, y a Óscar Aranda, directivo de Regulación Telecomunicaciones del grupo de Carlos Slim.

Actualmente se ha dejado de supervisar y verificar a Telmex con requerimientos de información y visitas de verificación. Uno de los extrabajadores aseguró que “se instruyó al personal del IFT a que no se enviaran propuestas de sanción para América Móvil, por lo que únicamente se revisa el “SEG”, que es sistema creado por Telmex para darle curso a las revisiones y se le avisa semanalmente si existe una inconsistencia para que lo corrija”.

Tampoco se han emitido informes trimestrales de cumplimiento a los que está obligada la Unidad que encabeza Fernanda Arciniega. El trasfondo de todo, además de beneficiar a América Móvil en sus operaciones y evitar multas e incomodidades, es que, antes de que concluya el sexenio, finalmente pueda modificarse su título de concesión para ofrecer video.

Y para lograrlo, el regulador parece estarle ayudando.

Posdata

Nada para nadie aún en la contienda interna de Morena. Los primeros reportes en los war room de las “corcholatas” es que los resultados de las cuatro encuestadoras propuestas (Buendía & Márquez, De las Heras Demotecnia, Mecaei y Heliga), salieron lo suficientemente disparejos para impugnar el proceso. Sin embargo, la que cuenta será la del Centro Nacional de Inteligencia y la que diga el presidente López Obrador.