El término “narcotráfico” en México ha sido reemplazado por el concepto más amplio de “crimen organizado”. Esta transición se debe a que el crimen organizado ha diversificado sus operaciones, incursionando en negocios legales para operarlos de manera ilegal. Desde la distribución de limón y la producción de tortillas hasta redes de taxis y autobuses, el narco ha dejado su huella.
En 2022, el 27.4% de los hogares mexicanos reportaron ser víctimas de algún delito, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. Sin embargo, el impacto del crimen organizado en la economía es aún más profundo. Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha expresado su preocupación por la violencia y la toma de negocios por parte de criminales.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) estimó que la violencia en México tuvo un impacto económico de 4.6 billones de pesos en 2022, equivalente al 18.3% del PIB. Esta cifra se traduce en una pérdida económica de 35,705 pesos por mexicano, más del doble del salario promedio mensual de ese año.
El crimen organizado ha afectado la cadena de suministro de alimentos, incrementando los precios de productos básicos como el jitomate, chile serrano y aguacate. Además, ha incursionado en la pesca, el transporte y otros sectores, generando pérdidas millonarias y afectando la vida diaria de los mexicanos. La situación es tan crítica que ha llevado a la intervención de fuerzas de seguridad en territorios agrícolas para proteger los ciclos productivos.
La expansión del crimen organizado en la economía mexicana es un desafío que requiere soluciones integrales y la colaboración de todos los sectores de la sociedad.
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