LA INOCENCIA DE 14 miembros de las Fuerzas Armadas injustamente procesados por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, es, sin lugar a dudas, incuestionable.

En las causas penales radicadas en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, no hay una sola prueba objetiva o testimonio que señale lo contrario.

En ningún momento se han acreditado las circunstancias de tiempo modo, lugar u ocasión en la que supuestamente participó personal castrense.

La defensa de los militares, que encabezan los abogados César Omar González y Alejandro Robledo Carretero, señaló, desde que tomaron el caso Ayotzinapa hace más de un año, las deficiencias en la investigación.

Hablamos de la fabricación de pruebas falsas y declaraciones de “testigos protegidos” a modo de la Fiscalía para incriminar a sus defendidos…y los litigantes no estaban errados.

Como se advirtió hace varios meses por los defensores, la averiguación previa que motivara las causas penales en contra de personal militar es un cochinero.

Una investigación desaseada en la que se fabricaron pruebas y testimonios a modo por testigos protegidos de la delincuencia organizada para incriminar a personal militar.

Así lo ha manifestado recientemente, también, el que en su momento fuera el Fiscal Titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo.

La fabricación de pruebas falsas desacredita absolutamente el actuar de las autoridades encargadas de la investigación y el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Especialmente al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, que evidencia su incapacidad para dar resultados.

Para resolver el asunto que se le encomendó, utiliza a las familias de los desaparecidos como estandarte político y culpa dolosa y falsamente a personal del Ejército mexicano.

Aquí los más afectados son las familias de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a quienes Encinas les ha mentido durante años intentando dar resultados que no obtiene: cada oportunidad que se le presenta, miente y tergiversa sus informes.

Cada reunión que tienen con el subsecretario es peor que la anterior: así lo ha señalado Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”.

Sus informes son la “nueva verdad histórica”; criminaliza a los estudiantes, y no tiene inconveniente alguno en exhibir capturas de pantalla falsas y sin sustento para “dar noticias”.

A Gómez Trejo no le resta responsabilidad haber abierto la caja de Pandora y revelar las reuniones secretas que se llevaban a cabo para acomodar y dirigir la investigación con altos mandos del gobierno. Encuentros en los que por cierto qué tenía que hacer el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, cuyo actuar como servidor público debiera investigarse.

El ex procurador Jesús Murillo Karam se encuentra preso por las mismas conductas que despliega ahora Encinas; si se midiera a los dos con la misma vara, deberían de retirar las acusaciones contra miembros del Ejército y consignar al subsecretario.

Esto apenas es el comienzo de una larga batalla legal con altísimos costos políticos en la que no se ve cómo pudiera salir avante el ex Jefe de Gobierno del entonces DF.

Ahora está obligado a comparecer ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y se le cuestionará su actuar.

Dice que ojalá suceda, pero ¿realmente se presentará como dice y afrontará las consecuencias de sus mentiras.

AYER LE PRESENTAMOS cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desmenuzó y justificó la forma en que aplica su presupuesto, ahora que le solicitó a la Secretaría de Hacienda 84 mil 792 millones de pesos. El lunes inicia la discusión del Paquete Económico en la Cámara de Diputados. En ese contexto, acaba de haber una cena en la casa de un ministro a la que asistió el líder de la bancada de Morena y principal operador de Andrés Manuel López Obrador para sacar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, el poblano Ignacio Mier. Sólo asistieron tres miembros del Pleno: la ministra presidenta Norma Piña y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El reporte del encuentro se calificó como “positivo”, lo cual es bueno por la ríspida relación de López Obrador y Morena con el Poder Judicial y los ministros, empezando con la propia Piña, quien ahora sí accedió a reunirse con Mier. Aquí el punto es que esa cena no fue del agrado de algunos ministros que no fueron invitados, lo que ahonda las diferencias que de por sí ya tienen entre ellos.

EN MONTERREY LOS capitanes empresariales están muy muy muy preocupados por la escalada de violencia e inseguridad que vive el estado. La crisis la detonó el gobernador Samuel García, cuya confrontación con los priístas y panistas en el Congreso local y su sueño guajiro de irse de candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, agudizó la pelea de dos grupos que se disputan el control de la plaza. Los hombres de negocio solicitaron el despliegue permanente del Ejército, pero las huestes de Luis Cresencio Sandoval les contestaron que en tanto no haya una orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador no se podrá. Y es que el tema Ayotzinapa los tiene muy expuestos. Algunos empresarios están pensando seriamente en contratar seguridad privada, como en 2008 lo hizo el entonces alcalde de San Pedro Garza García, el polémico Mauricio Fernández Garza. En la peor época de inseguridad de Monterrey y su zona metropolitana, reclutó un cuerpo de “limpieza social” integrado por paramilitares. La estrategia la avaló el Grupo de los 10, liderado entonces por FEMSA, que presidía José Antonio Fernández Carvajal, cuyas familias están asentadas en ese municipio.

DECÍAMOS HACE ALGUNOS días que Xóchitl Gálvez está buscando voceros para apuntalar su campaña presidencial. Su idea es rodearse de personajes que dominen temas específicos. Por ejemplo, se está considerando a Alessandra Rojo de la Vega para causas feministas, Eufrosina Cruz para derechos indígenas, Ildefonso Guajardo en temas económicos y de relaciones internacionales, Angélica de la Peña en tópicos de derechos humanos y Ana Lucía Medina en la relación con la sociedad civil. Hay otros que también se evalúan, los “todo terreno”, que le entrarían sobre a lo político. Apunte a Javier Lozano, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Jorge Triana y Fernando Belauzarán. Hasta ahora ninguno ha sido designado oficialmente. Son propuestas de las dirigencias del PRI, PAN y PRD. Se sondean sus habilidades.

NO PIERDA DE vista a Gustavo de Hoyos. El ex presidente de la Coparmex va tras una senaduría. El fundador del movimiento Va por México, antecedente del Frente Opositor que abandera a Xóchitl Gálvez, puede llegar por dos vías: como carta de los empresarios para empujar la agenda del sector privado en el Congreso, o como candidato del PAN por Baja California, en afán de recuperar ese estado hoy gobernado por la morenista Marina del Pilar. Las fortalezas de Gustavo son su vínculo con organizaciones de la sociedad civil y una sólida relación, tanto con Dante Delgado, como con los cuadros y liderazgos locales de Movimiento Ciudadano. Eso sirve para articular un trabajo legislativo conjunto.

EN DONDE NO corre prisa por responderle a Marcelo Ebrard es en Morena. No hay fecha para que se le dé entrada a la queja que interpuso ante la Comisión de Honestidad y Justicia, que encabeza Donají Alba, en su intento por anular la encuesta que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum por 14 puntos de diferencia. Las huestes de Mario Delgado saben que las pruebas presentadas por la gente de Ebrard carecen de sustento y fueron recabadas en el último momento, resultado del desastroso manejo de su equipo de campaña, encabezado por Martha Delgado. En las filas morenistas estarán administrando el tiempo ante la indecisión de Marcelo de romper con su ex aliado, Andrés Manuel López Obrador.

EL INQUILINO DE Palacio Nacional confía ciegamente en el Ejército y en la probidad de los militares, pero toda regla tiene su excepción: es el caso de Newton Manuel Chávez Baños, Subdirector de Transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pide moches de hasta el 20% de cada licitación, con la amenaza de descalificar a quienes no cumplan su petición.

¿Estará enterado de esto el Secretario General Luis Cresencio Sandoval?