El Gobierno ha tomado medidas para evitar que la Suprema Corte de Justicia otorgue los primeros amparos contra la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Esta reforma fue diseñada para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas. La Secretaria de Energía (Sener) ha promovido el impedimento de los Ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar para que no voten en los amparos en revisión 106/2023 y 164/2023. Estos amparos, que estaban programados para ser discutidos en la sesión de la Segunda Sala, declaran inconstitucionales los siete artículos fundamentales de la reforma a la LIE.
Una táctica dilatoria comúnmente utilizada por los abogados en México es promover el impedimento de un juez a última hora, especialmente cuando se prevé una sentencia en su contra. Esto obliga al tribunal a detener la resolución mientras se aclara la posible recusación. Se espera que los Ministros Aguilar y Pérez Dayán, junto con su colega Javier Laynez, otorguen los amparos. Sin embargo, el impedimento podría retrasar la discusión del tema por varias semanas.
Fuentes judiciales han informado que la Sener argumenta que existe una relación entre los Ministros Pérez Dayán y Aguilar con Hugo Arriaga Becerra, abogado en uno de los más de 200 amparos que las empresas privadas han presentado contra la reforma. A pesar de esta relación, se espera que ambos Ministros nieguen cualquier razón para abstenerse de votar en estos amparos.
Es importante señalar que estos amparos no anularían la reforma, pero la harían inoperante al proteger a la mayoría de las empresas privadas contra su aplicación. Los proyectos amparan, entre otros aspectos, contra el artículo 26 de la LIE, el cual ha sido ampliamente cuestionado por el sector privado.
