Es terrible ver la insistencia con que protegen al narco los abogados de los familiares de los 43 jóvenes asesinados de la normal de Ayotzinapa.

Lo único que evidencian es que están coludidos con grupos criminales.

No actúan en favor de la verdad y en pro del castigo a los asesinos, sino que han sido defensores del narco y han logrado la liberación de decenas de ellos, homicidas confesos de los jóvenes.

Hasta carne humana comieron cuando quemaban a los estudiantes en el basurero de Cocula. Esos criminales fueron capturados, confesaron con detalles, y los liberaron sin que los abogados de las víctimas protestaran.

A fuerzas quieren exculpar al narco.

A fuerzas quieren que el culpable sea el enemigo del narco: el Ejército.

Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para el caso, designado por la actual administración, renunció al cargo y abandonó el país luego de lograr la liberación de los asesinos.

Los hizo sus testigos protegidos para liberarlos de cualquier castigo.

Y los abogados de los padres de los 43 asesinados no dijeron nada ni protestaron por la liberación de los homicidas confesos.

Gildardo López Astudillo, el Gil (o Juan como es su nombre testigo de la fiscalía), jefe de plaza de Guerreros Unidos y encargado de coordinar el secuestro, asesinato e incineración de los normalistas, salió libre gracias al fiscal responsable de esclarecer el caso.

Dijo que lo habían torturado y quedó en libertad.

Como explicó ayer en estas páginas Iñaki Blanco, exprocurador de Guerrero, el fiscal Gómez Trejo pudo haber retenido en la cárcel al Gil porque es autor de múltiples crímenes y delitos de delincuencia organizada. No lo hizo.

Tampoco aseguró los bienes (Plaza Tamarindos y los centros joyeros de su propiedad) del autor intelectual de la masacre, el exalcalde de Iguala José Luis Abarca.

La complicidad de los asesinos, el exfiscal Gómez Trejo y los abogados de los padres de los normalistas es más que evidente: es un insulto a la razón y a la vida humana.

En su libro La noche de Iguala, Jorge Fernández Menéndez recoge las declaraciones de los asesinos que ahora están libres, y también las hay en el informe de la CNDH (cuando existía como órgano independiente del gobierno).

Dice el Cepillo que “antes de llegar al basurero pateé a uno de los estudiantes que iba debajo de mí y le pregunté que quién los había mandado y me dijo que los mandó el Carrete (del cártel de Los Rojos) de Cuernavaca y en ese momento le pinté una equis en la espalda con pintura en aerosol”.

Cuenta el Chereje: “Llegó la camioneta grande y el Cepillo, el Jona, el Pato, el Chequel, el Güereque, así como el Primo, el Bimbo y el Pajarraco empiezan a bajar a los estudiantes que iban amontonados y estaban acostados a lo largo unos sobre otros boca abajo…”.

Algunos normalistas ya venían muertos por asfixia, y a los que estaban vivos los mataron a balazos y a golpes de pala. Lo que sigue es demasiado macabro para contarse en una columna.

Todos esos criminales salieron en libertad.

Demasiado repugnante como para seguir tolerando, sin decir nada, el carnaval de manipulación política que se protagoniza cada 26 de septiembre.

El martes el Presidente les quiso entregar un escrito a los familiares de los jóvenes asesinados, con algunas conclusiones del caso, y los abogados de ellos rechazaron recibirlo porque no se culpaba al Ejército.

Señala el documento que las posibles causales de la masacre fueron: una confusión del cártel Guerreros Unidos; escarmiento de Guerreros Unidos a los normalistas por instrucciones del exalcalde de Iguala; eventual carga de drogas, armas o dinero en uno de los camiones secuestrados por los estudiantes.

Igual que la conclusión del gobierno anterior, aunque ahora se diga que es distinto.

Ahora han sido detenidos algunos exmiembros de la Policía Federal y del Ejército por estar coludidos con Guerreros Unidos, el cártel que comandaba el alcalde José Luis Abarca.

(No es extraño que haya complicidades cuando se mantiene durante tantos años al Ejército como la cabeza del combate al narco).

Es decir, el autor del secuestro y crimen de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos no fue el Estado ni fue el Ejército. Fue el narco.

Los asesinos fueron dejados en libertad y el que está preso fue el que los descubrió, el exprocurador Jesús Murillo Karam.