Xóchitl Gálvez vuelve a acaparar los reflectores de la opinión pública y no, no fue por nuevamente hablar sobre los puestos de micheladas que multaba cuando era alcaldesa de Miguel Hidalgo, sino porque otorgó polémicas declaraciones haciendo referencia a que los estados del sureste mexicano (Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) no tienen la cultura de trabajar 8 horas seguidas, contrario al caso que se vive en la población de las entidades del norte de nuestro país.
Este sábado 19 de agosto se llevó a cabo el tercer Foro Regional de la coalición Frente Amplio por México (que lo componen los partidos de la oposición) en donde los tres precandidatos que desean convertirse en el o la que contenderá en las elecciones presidenciales de 2024 fueron cuestionados sobre distintitos temas que se consideraron importantes para el futuro en el país.
Esta ocasión la sede fue en Monterrey, en Nuevo León. Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre sus planes laborales para la población mexicana y fue aquí donde dio la polémica declaración: “Hay una cultura distinta en el sureste del país… cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en Chiapas y les comenté que iba a ser un fracaso porque nadie iba a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura”.
Ella explicó que no se pueden aplicar los mismos modelos de jornadas laborales en las diferentes regiones del país porque cada una tiene personas que trabajan de distinta manera por lo que se deben atender las necesidades de estas zonas de manera independiente para poder tener un modelo correcto.
Esta idea de la senadora panista con licencia surgió desde que se encontraba trabajando al lado del expresidente Vicente Fox cuando, detalló, trató de implementar un sistema de fábricas maquiladoras en la ciudad San Cristobal de las Casas, hecho que ella calificó como un error argumentando que “nadie iba a ir a trabajar sus 8 horas”.
Respecto a los temas laborales también señaló que algo que urge en nuestro país es que todos los trabajadores tengan acceso a un seguro social público.
En el mismo foro organizado por los posibles candidatos a las elecciones presidenciales del 2024 hubo algunos temas que también fueron de importancia para todos los presentes como el referido a la energía eléctrica y su producción del país. Xóchitl consideró que México está listo para hacer una transición “casi completa” las energías limpias y renovables, pero lo declaró muy a su estilo. Esto fue lo que dijo:
“No lo hemos hecho por we**s… México tiene la capacidad para lograrlo… tenemos energías renovables… tenemos que poner parques de celdas solares con almacenamiento eso te da energía para todo el día… nos ponemos a hacer hidrógeno verde para tener un respaldo… es una manera de resolverlo inmediatamente el problema… en 6 meses lo podemos tener”.
Beatriz Paredes aseguró que no ofendería a Xóchitl Gálvez en ningún momento
Beatriz Paredes fue señalada recientemente por supuestamente criticar y ofender a sus compañeros Xóchitl Gálvez y a Santiago Creel (los tres posibles candidatos presidenciales del Frente Amplio Por México) Como consecuencia a estas declaraciones ella aseguró que jamás va a ofender a ninguno de ellos ni a utilizar “un golpe bajo”.
En cambio subrayó que en el momento en que tenga una diferencia con alguno de los dos se dirigirá a ellos por medio de la palabra con el fin de llegar a un acuerdo mutuo o a una conclusión que convenga para el pueblo de México.
Así fue como lo comentó: “No nos vamos a enredar o a atrapar para llamar la atención entre dimes y dirites internos, que no se confundan ni los analistas ni los comunicadores, yo jamás… ofenderé ni a Xóchitl Gálvez ni a Santiago Creel… en uno de los foros, cuando tenga elementos o diferencias la diré directamente, creo en la honestidad de mis compañeros y nunca daré un golpe bajo”.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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