Ocho meses y nada
Hace ocho meses Ciro Gómez Leyva se salvó de morir. Una célula criminal que atentó contra su vida fracasó porque el blindaje nivel 7 de la camioneta en que viajaba lo evitó. El ataque le arrebató el libre albedrío, pero sobre todo la certidumbre. ¿Si no lo mataron, no es lógico pensar que quien ordenó su asesinato buscará que se cumpla el trabajo? Nadie puede saberlo porque, en todo este tiempo, las autoridades de la Ciudad de México no han podido resolver el crimen o no han querido hacerlo.
Es incomprensible que el ataque contra Gómez Leyva se mantenga en las tinieblas, por lo que significa en términos de seguridad del Estado mexicano, que trasciende en alcance a la capital federal. Fue una operación criminal que contó con recursos, trabajo de inteligencia y un comando de ejecución, que quiso asesinar a una persona pública que, como ingrediente políticamente explosivo, es constantemente agredida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se necesitan dos dedos de frente para saber que un asesinato de tan alto impacto golpearía directamente al Presidente. O se requiere un exceso de perversidad y odio para que aun así, sea más importante la molestia de López Obrador con la visión crítica del periodista, que encontrar a los culpables. Sólo una visión estrecha y ensimismada sería incapaz de ver que la impunidad en un atentado de esta escala estimula a las mentes detrás del ataque para poder repetirlo contra él, contra otro periodista o contra quien quieran. La otra opción, que no puede dejar de manejarse como hipótesis, es que el autor intelectual del crimen tenga motivaciones políticas.
López Obrador mismo deslizó esta posibilidad días después del ataque, al decir que “pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros”. Al Presidente siempre le gusta ser el centro de atención y victimizarse. Pero de haber existido sospechas de que probablemente se trató de una acción de un grupo político adverso al Presidente que quisiera dañarlo políticamente, la investigación tendría que haber transcurrido de manera expedita, porque no sólo aclararía el caso, sino le serviría a sus intereses político-electorales. No fue así.
La Fiscalía General de la República no atrajo la investigación pese a ser un atentado de alto impacto con implicaciones políticas y, a decir de las autoridades capitalinas, con el narcotráfico. Las pesquisas se quedaron en la fiscalía de la Ciudad de México, cuyo trabajo ha sido deficiente. Trece personas que fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el atentado –que originalmente fueron aprehendidas por narcomenudeo– no han podido ser vinculadas al ataque. Tampoco ha mostrado estar interesada en los procedimientos.
De manera insólita, en términos de metodología de investigación, jamás, hasta ahora, establecieron hipótesis para ir descartando sospechosos, lo que se hace mediante la revisión de su trabajo profesional que permita ir definiendo quiénes podrían haber estado molestos al grado de querer asesinarlo, por lo que se trabajaría sobre un posible móvil. Nunca revisaron las copias de audio o video de su trabajo, que permitiera ir eliminando o identificando probables sospechosos, o que hubiera permitido aclarar si la hipótesis de que fue trabajo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que deslizó el secretario capitalino de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, tenía algún sustento.
Una forma de establecer el nexo entre el comando de ejecución y las personas detenidas es mediante el reconocimiento de voz, para poder determinar si las grabaciones interceptadas en los móviles de los presuntos responsables corresponden con alguno de los que están detenidos. Las audiencias para que el juez instruyera los peritajes se pospusieron en dos ocasiones. Ayer, a una semana de que termine el plazo para que la fiscalía presente las pruebas complementarias, se tenía programada una tercera, sin saberse aún qué sucedió.
Otra irregularidad de la investigación fue la filtración de los videos de la cámaras del C5 donde se ve la operación para asesinar a Gómez Leyva y el seguimiento que hacen de vehículos y la motocicleta donde iba el tirador principal. La difusión de estos videos perjudicó la investigación, al haber dado elementos a los criminales para saber qué sabían de ellos las autoridades y eliminar los cabos sueltos. Es decir, la filtración fue, para efectos prácticos, una acción de sabotaje por parte de alguna autoridad capitalina.
Sobre todo este caos, deliberado o no, López Obrador aseguró, sin un solo elemento objetivo de investigación, que no era un atentado relacionado con su trabajo, por lo cual, se supondría que sería un tema personal. Pero tampoco hubo ninguna línea de seguimiento en ese sentido, pues ni la víctima del atentado ni su círculo cercano fueron llamados a declarar, por la sencilla razón, se infiere, de que no había nada que, remota o forzadamente, podría conducir por el tema de un ataque derivado de asuntos personales.
A ocho meses del intento de asesinato de Gómez Leyva, hay 13 personas detenidas a las que no se les ha podido probar la relación con el ataque, se tiene el nombre de Armando Escárcega, el Patrón, que supuestamente era el jefe del comando de ejecución, que según García Harfuch se encuentra en Estados Unidos y por el que se pidió la emisión de una ficha roja a Interpol, hace meses, sin resultado alguno. Las autoridades afirman tener a los autores materiales del atentado, pero, pese a meses de interrogatorios, no han podido construir una red de vínculos mayor que pudiera ayudar a determinar quién es el autor intelectual del frustrado crimen y cuál fue el móvil del ataque.
Es decir, no hay nada.
Gómez Leyva agradeció ayer en las redes sociales a la fiscalía capitalina su trabajo, pero que ahora buscaría el apoyo de la Fiscalía General, del área de Delitos contra la Libertad de Expresión. Suerte para el querido amigo y colega, pero el resultado, dados los antecedentes, será el mismo. O sea, el peligro de que sea asesinado seguirá latente hasta que se encuentre quién dio la orden de ejecutarlo.