Se ordenó el incendio de tiendas, farmacias, vehículos: a las 6:30 de la mañana, el miedo y el caos cundían en Apatzingán, Buenavista y Uruapan. Siguió la parálisis del transporte y el cierre de negocios en Arteaga, Tumbiscatío y Pinzándaro. Fue otro domingo de fuego, balas y bombas molotov en el estado de Michoacán.

Los productores de limón llevaban más de 10 días sin poder llevar a cabo el corte del producto, debido a las extorsiones del crimen organizado. En la misma semana, productores de aguacate, melón, papaya, cacahuate, jitomate, chile y mango denunciaron el abandono de las autoridades y el aumento de cuotas impuesto por “los señores” del crimen organizado.

Michoacán llegó a un punto en el que nadie se escapa. Cinco mil pesos por cada hectárea que se va a sembrar. Mil pesos más por uso de agua. Un peso por kilo al cosechar. Un peso por kilo al empacar. Cuotas por traslado a las centrales de abasto y otros puntos de venta.

Cuotas al abasto de abarrotes, de vino y cerveza. Cuota por cada kilo de carne de cerdo, de res o de pollo que entra a los rastros. Cuotas por cada kilo de carne de cerdo, de res o de pollo que se vende en los mercados.

“Los señores” deciden cuándo se hace el corte de los productos agrícolas a fin de aumentar la demanda y subir el precio. Como acaba de reportar EL UNIVERSAL, en la lista de extorsiones entran los productores de leche y huevo. También, los vendedores de vino, refrescos, cerveza; los proveedores de materiales de construcción y los vendedores de autos usados. Los dueños de gasolineras y de ferreterías. A unos les cobran el 10, a otros el 15%.

Hace un mes, empresarios tortilleros prefirieron cerrar sus negocios, ahogados por las extorsiones. Desde hace unos meses, “los señores” del crimen organizado amenazan de muerte, o con la quema de sus negocios, a comerciantes que accedan a pagar cuotas o derecho de piso a otros grupos del crimen organizado. En Michoacán operan entre 12 y 14 organizaciones delictivas, “así que estamos viviendo entre varios fuegos y a algunos nos obligan a pagar doble tributo”, relatan productores.

Sin embargo, todos compensan las mermas ocasionadas por las extorsiones aumentando el precio de sus productos. El mayor afectado es el comprador final.

En 2018, Alfonso Durazo, quien iba a convertirse en secretario de seguridad del gobierno de López Obrador, coordinaba unos supuestos foros de pacificación y reconciliación nacional. Al término de uno de estos, uno grupo de mujeres le entregó una hoja de papel en el que estaba escrito un apodo: “Migueladas”.

Cuatro años antes, el párroco de Apatzingán había denunciado a Migueladas –Miguel Ángel Gallegos Godoy–, como el capo más protegido y custodiado por el gobierno del estado. Un año más tarde, la senadora María Luisa Calderón lo señaló como “el sucesor de La Tuta”, el antiguo líder de los Caballeros Templarios.

Había reportes de inteligencia fechados en 2017, y levantados por autoridades federales, que indicaban que Migueladas, propietario de vastas hectáreas dedicadas a la siembra de melón, era dueño y señor de La Huacana, Churumuco, Gabriel Zamora, Huetamo, Ario de Rosales, Turicato y Múgica.

Antiguo aliado de José Manuel Mireles en tiempos de las autodefensas, Migueladas se había relacionado con Enrique “Kike” Plancarte, uno de los jefes de Los Templarios y rey de los laboratorios de metanfetaminas. Los reportes federales indicaban que había financiado campañas de gobernadores, alcaldes y legisladores, y que había impuesto funcionarios de justicia y seguridad.

Actuaba siempre a través de segundas manos y solía mantener un perfil muy bajo. Con los años, Migueladas se convirtió en la gran figura en la sombra del crimen organizado en Michoacán.

Cuando en agosto de 2019 un video mostró a un grupo de militares de la 5ª compañía de infantería que eran rodeados, acorralados, despojados de sus armas y vejados por supuestos “pobladores”, personal de inteligencia militar identificó entre estos a Gaudencio Lozano y Bulmaro Arzate, dos operadores y gatilleros al servicio de Migueladas.

En una nota sobre las extorsiones en Michoacán que El Universal publicó en su portada la semana pasada, un grupo de empresarios, productores, empacadores y comerciantes mencionaron nuevamente a Migueladas como líder de uno de los grupos criminales que hoy los tienen en el puño.

La impunidad de este jefe criminal se ha mantenido intacta a lo largo del sexenio y ha alcanzado una nueva cresta durante el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que en las elecciones de 2021, que llevaron al poder a Ramírez Bedolla, grupos de la delincuencia desataron un contexto de violencia generalizada, amenazando a funcionarios de casilla, representantes de partidos, y al electorado en general, precisamente en los municipios dominados por Migueladas. De hecho, se declaró la nulidad de la elección en varios municipios.

Ramírez Bedolla obtuvo el 71.6% de sus votos en Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas y Uruapan.

“El verdadero ganador de las elecciones en Michoacán fue Migueladas”, denuncian los productores. “Ganó Migueladas y, en medio de sus compromisos con los grupos, el gobernador se ha vuelto un fantasma”.