El 5 de octubre de 2022, la diputada de Morelos, Gabriela Marín, fue asesinada en el estacionamiento de una farmacia. Formaba parte de un bloque opositor al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Acababa de tomar protesta como integrante de la LV Legislatura y acusaba que el gobierno de Blanco había desviado recursos tras la aprobación del presupuesto.

Varios integrantes del bloque habían visto un mensaje de amenaza que el hermano del gobernador, Ulises Bravo (su expareja sentimental), le había enviado.

En el bloque opositor se hallaba la diputada Tania Valentina Rodríguez, quien como presidenta de la junta política y de gobierno había denunciado ante la fiscalía del estado, también por amenazas, al hermano de Cuauhtémoc Blanco.

La diputada había apuntado en un discurso que Ulises Bravo se había convertido “en la aduana para que no haya contrato, convenio ni negocio que prospere sin el sabido acuerdo”. Bravo, denunció la diputada Rodríguez, “es el auténtico poder detrás del trono que favorece a amigos”.

El hermano del gobernador le respondió en un mensaje de Facebook que eliminó al día siguiente. Poco después, la diputada recibió una llamada de amenaza y el rancho de su esposo fue baleado. Le exigió al gobernador que su hermano se alejara de la administración estatal.

Tras el asesinato, por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, de la diputada Gabriela Marín, 11 legisladores del Congreso de Morelos viajaron a la ciudad de México para pedir auxilio al presidente López Obrador.

El presidente no los recibió. Fueron atendidos por Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y por el subsecretario Alejandro Encinas.

Según el relato de los diputados, Adán Augusto abrió la reunión con esta frase: “Para que sepan de una vez, aquí no se va a mover al gobernador”.

Los diputados respondieron que no iban a eso, sino a plantear la situación de Morelos y pedir garantías. López les dijo: “Si quieren mejorar la situación del estado, ayúdennos a quitar a fiscal, porque el fiscal se va a ir”. Luego pidió su colaboración para desconocer a Uriel Carmona “y tomar protesta al nuevo”. “El fiscal lo va a poner quien está hablando”, dijo el secretario.

De acuerdo con la versión del diputado Agustín Alonso, cuando los legisladores se negaron, Adán Augusto espetó: “Entonces no hay nada qué hablar y quédense como están”. Hizo intento de retirarse, pero Alejandro Encinas lo detuvo y pidió que los diputados fueran escuchados.

Cada uno habló de la violencia desatada en el estado, de la impunidad con que opera, ejecuta y se infiltra en las administraciones estatales y municipales el crimen organizado, de los excesos y errores del gobernador, y del colapso de su gobierno.

Solo obtuvieron la promesa de que recibirían protección federal. Esa protección nunca llegó.

Cuauhtémoc Blanco ya era entonces el gobernador peor evaluado de México (a finales del año pasado su aprobación era de 18%) y pesaban sobre sus espaldas sonados escándalos de corrupción y vinculación con el crimen organizado.

Había aparecido una fotografía suya al lado de tres líderes criminales considerados objetivos prioritarios. Algunos de ellos lo acusarían más tarde de haber financiado su campaña mediante entregas de dinero a su representante y operador, José Manuel Sanz.

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, había revelado en una “mañanera” que en Morelos había una red de lavado de dinero en la que estaba implicado el propio Sáenz, a quien se le habían detectado movimientos, desde una cuenta personal en Suiza, por más de 700 millones de pesos.

Había también una denuncia contra Blanco por acoso y violencia sexual.

El fundador del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, personaje cercano al presidente de la república y principal impulsor de la candidatura de Blanco a la gubernatura, había terminado por acusar a este, en una conferencia de prensa, de ser el principal generador de la violencia política, criminal y social en el estado.

En un discurso durísimo, inédito para los usos y costumbres de la política mexicana, el antiguo aliado y promotor de Blanco lo acusó de haberse dedicado, “desde tu madriguera, a planear negocios sucios, a emborracharte, acosar personas, violar leyes, incluso delinquir…”. Además de la corrupción de su gobierno, denunció “sus fiestas y sus vicios” y lo retó incluso a practicarse un examen toxicológico.

Aunque Hugo Eric Flores había sido parte del círculo cercano al gobernador de Morelos, y por lo tanto, probablemente sabía muy bien de lo que estaba hablando, el presidente López Obrador decidió darle un espaldarazo al exfutbolista.

Lo que siguió, en cambio, fue la operación, orquestada desde el gobierno federal, para destituir al fiscal de Morelos, la cual halló su culminación el viernes pasado con la Marina rodeando la casa del funcionario violando su fuero bajo la acusación de que este entorpeció el cumplimiento de la ley en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda —del que la fiscalía de Morelos presentó un peritaje diametralmente opuesto al anunciado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Uriel Carmona estaba enfrentado con Blanco desde el principio del sexenio. Tenía abiertas contra el gobernador tres carpetas, por vínculos con el crimen organizado; por el “Caso Primavera”, que involucraba a familiares y cercanos —y supuestamente llevaba a él—, y por acoso y agresión sexual.

Si el fiscal cometió delitos, deberá pagarlos. Pero todo indica que su rival político no será medido con el mismo rasero: a él lo cubrirá un manto protector que viene, nada más y nada menos, que de Palacio Nacional.

La operación federal para cobijar a Cuauhtémoc Blanco y destruir al fiscal de Morelos