Infierno veracruzano

Un cateo realizado este domingo por militares, agentes ministeriales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana en dos casas que habían sido usadas para cometer crímenes en Poza Rica, produjo un macabro descubrimiento: al menos 13 cuerpos cercenados y almacenados en hieleras. El horror no ha tenido aún un seguimiento exitoso sobre quiénes fueron los sacrificados, porque no había denuncias de desapariciones sobre el piso del cual partir ni, más importante, nadie se presentó a reclamar un cuerpo o a pedir información tras el hallazgo. Todo apunta a que las víctimas eran migrantes que fueron presa de la violencia creciente que vive el norte del estado por la guerra entre cárteles de las drogas.

El norte de Veracruz vive un infierno como consecuencia de la recomposición de las organizaciones criminales en todo el país, que en el caso de esa región, se ha enfocado por el control de las rutas de migrantes entre el Grupo Sombra, que nació en 2017 como brazo armado del Cártel del Golfo para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación y que, a su vez, también ha tenido realineamientos importantes, que son causa directa de la generación de violencia que vive actualmente el estado.

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Este último realineamiento se aceleró al término del gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas, en septiembre del año pasado, que dio inicio a una batalla por el liderazgo del Cártel del Golfo en su propio bastión, Matamoros. En esa lucha salieron fortalecidos los liderazgos del cártel en Tampico, mejor estructurados y con mayor control, que fueron los que fundaron el Grupo Sombra para reforzar su dominio en el norte de Veracruz, con plazas definidas en Tuxpan y su vecino Álamo Temapache, y Poza Rica y su vecina Tihuatlán, donde luchaban contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Cártel Jalisco Nueva Generación había establecido su base en Tihuatlán y la vecina Coatzintla, con la ayuda de la policía intermunicipal de esos dos municipios, controlada desde Poza Rica. La policía intermunicipal fue disuelta en medio de acusaciones de estar ligadas al Jalisco Nueva Generación, que comenzó a reclutar a exkaibiles, que eran los soldados de élite del Ejército de Guatemala, y con los cuales empezaron a confrontarse con el Grupo Sombra.

Este grupo comenzó a recibir refuerzos, viejos miembros de Los Zetas –que se hacen llamar Zetas Vieja Escuela–, que han estado comenzando a salir de las cárceles, después de haber cumplido sus sentencias. No hay un dato preciso sobre cuántos de ellos han quedado en libertad, pero en lo que sí hay certeza es que una parte de ellos regresó a las calles para delinquir, coincidiendo con actos criminales que producen horror, como es el caso de las 13 personas encontradas en Poza Rica, aunque todavía falta por establecerse si ese grupo fue responsable de la matanza.

La presencia de ex-Zetas y exkaibiles es una pésima noticia para los veracruzanos, y para los mexicanos en general, porque ambos son exmilitares o con formación militar, caracterizándose, en la larga lucha entre los cárteles en México, por la violencia y brutalidad de sus acciones. Paradójicamente, los kaibiles fueron contratados hace más de 12 años por Los Zetas, para que les ayudaran en su preparación. Todavía, hasta muy recientemente, operaban centros de adiestramiento y capacitación en las selvas del sur mexicano, cuyo descubrimiento fue una de las razones por las que el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió al Ejército para realizar una parte de la construcción del Tren Maya –que también cruza las rutas ilegales de migrantes–.

El descubrimiento de los cuerpos descuartizados en congeladoras no sería un evento inusual, pese al espanto que causó, sino un patrón de normalidad acorde con los métodos de los grupos armados que están en guerra.

El impacto nacional e internacional que provocó el hallazgo obligó al gobierno federal a actuar rápidamente que, en coordinación con el gobernador Cuitláhuac García, inició un operativo con 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en toda la región de influencia del Grupo Sombra y el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo a Cazones de Herrera, al sur de Tuxpan y al este de Tihuatlán, y la sierra del Totonacapan, donde se han dado denuncias de secuestro y retención de autobuses de pasajeros.

El operativo, dados los antecedentes, no va a resolver nada. Operativos militares similares en colaboración con gobiernos estatales, que son diseñados para disuadir, no para combatir, a fin de lograr la seguridad y alcanzar la paz, han estado fracasando. Guerrero y Michoacán son grandes ejemplos, pero en la zona de Frontera Comalapa, en Chiapas, se ve con más claridad la nula eficacia de esa estrategia, porque su presencia sólo se hace notar luego de que los enfrentamientos entre el Cártel del Pacífico/Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han terminado.

Ese tipo de estrategias han probado que no funcionan y, por alguna razón, no han querido emplear otros métodos. Las autoridades tienen la información de inteligencia sobre qué está sucediendo en el norte de Veracruz, como mostró el gobernador García al afirmar el lunes en una conferencia de prensa que el crimen era resultado de una lucha entre organizaciones delincuenciales –lo que es cierto–, como consecuencia de una disputa entre dos “peces gordos” y una “descomposición” y “traiciones” al interior de los grupos criminales –lo cual, aunque generalizó, también es cierto–.

Es el trabajo de inteligencia y la toma de decisiones a partir de esa información lo que debe hacer para resolver la conflictividad criminal, pero no se hace. Las autoridades tienen el mapa de cárteles, de sus brazos armados y sus sicarios, así como la identificación de sus líderes y jefes de plaza, pero el gobierno opta por mantenerlo como trabajo de gabinete, sin darle utilidad sobre el campo de operaciones. Dar abrazos está resultando muy costoso en vidas, y la descomposición del tejido social tiene impacto sobre la economía familiar. El gobernador prometió el lunes que las cosas no quedarían impunes, pero por el camino escogido, eso no sucederá.

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