El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando un área de 276 kilómetros cuadrados.
En un resolutivo obtenido por la organización civil Poder, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat enumera irregularidades detectadas en las zonas dañadas, entre ellas que “no se llevaron a cabo trabajos de remediación” al persistir altos niveles de contaminación por químicos como arsénico, vanadio y hierro.
Además, en una zona aledaña a la mina se ordenó la excavación, retiro y transporte del suelo contaminado y su confinamiento final, pero no existe información que confirme el rellenado del sitio con material de la localidad, lo que pone en duda la realización de los trabajos.
Tampoco existe constancia de que la Profepa haya realizado alguna inspección o vigilancia para corroborar la remediación.
Un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático fijó el costo del derrame tóxico en 20 mil 508.17 millones de pesos, de los que Grupo México cubrió mil 256.5 millones, 6.12% del total. Los impactos se concentran en el medio ambiente, la salud de la población y la economía local.
Algunas omisiones detectadas por la Semarnat en la remediación:
A nueve años de la peor tragedia ambiental de la industria minera en México, la Semarnat reconoció que no hay certeza sobre el cumplimiento de los trabajos de remediación ordenados a Grupo México en el río Sonora y las comunidades aledañas, luego del derrame en la mina Buenavista del Cobre.
En un resolutivo obtenido por PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación), la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), de la Semarnat, enumera las irregularidades detectadas en las cinco zonas en la que fue dividida la región de 276 kilómetros, afectada por la fuga de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado.
La DGGIMAR indicó que con base en el Informe Final del Programa de Monitoreo de Riesgo Ecológico en los Ríos Bacanuchi y Sonora (2015-2018), realizó un análisis técnico donde detectó que en las zonas 2, 3, 4 y 5, “no se llevaron a cabo trabajos de remediación, debido a que los límites de limpieza que autorizó Cofepris en 2014 y 2015, para el caso de arsénico exceden hasta mil 100 por ciento”.
Para el caso de vanadio, los registros están por arriba del mil 550%, conforme a los niveles autorizados por la Cofepris, y el hierro se encuentra casi al doble del límite recomendado en la zona 1.
Además en la zona 1, aledaña a la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, se ordenó la excavación, retiro y transporte del suelo contaminado y su confinamiento final, pero no existe información que confirme el rellenado del sitio con material de la localidad, por lo que se pone en duda de la realización de todos los trabajos.
Asimismo, se logró establecer que los vehículos utilizados para trasladar los residuos peligrosos no contaban con las autorizaciones correspondientes, lo que no garantiza el manejo correcto del material contaminante.
En el documento de 95 cuartillas no existe constancia, que hasta la fecha, la Profepa, haya realizado alguna inspección o vigilancia en las cinco zonas, como le correspondía, para corroborar las labores de remediación.
De igual forma, del documento se desprende que son “inconsistentes”, las toneladas de suelo extraído y lo reportado por las empresas. Grupo México argumentó que se trataba de una variación entre las básculas, pero la diferencia es bastante grande (28.7 toneladas).
En las zonas 2, 3, 4 y 5, que se encuentran habitadas, las compañías contratadas, deliberadamente hicieron cálculos para casos donde no existe población y no se dictaron medidas para la limpieza y remediación, siendo que a lo largo de la cuenca del río Sonora viven más de 23 mil personas.
En el resolutivo presentado ante tribunales, como parte de un juicio de amparo promovido por la parte afectada, agrupada en los llamados Comités de Cuenca, la DGGIMAR agrega que la Conagua nunca presentó una postura oficial sobre la contaminación de sedimentos y sólo se pronunció por la calidad del agua.
La organización Poder destacó que con esta nueva información, se comprueba lo que se ha denunciado desde el 6 de agosto de 2014, cuando ocurrió el derrame, “la prometida remediación y las sanciones por la actuación corporativa irregular no ocurrieron”.
Este nuevo resolutivo echa abajo la conclusión de los Programas de Remediación de diciembre de 2016, y aporta evidencia que demuestra que en repetidas ocasiones hubo cálculos que partieron de premisas equivocadas o falsas, lo cual condujo a conclusiones erróneas, desprotegiendo a las personas y al medio ambiente”.
Los Comités de Cuenca del Río Sonora advirtieron que Grupo México y las empresas encargadas de la remediación podrían interponer recursos legales para que las denuncias se pierdan en una “vereda burocrática interminable”, “lo que sería ilegítimo y no releva ni a Grupo México ni al Estado de su responsabilidad, solamente incrementará su deuda con las comunidades”.
Un estudio elaborado en 2023 por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), establece que los costos del derrame en la mina Buenavista del Cobre, ocurrido hace nueve años, suman 20 mil 508.17 millones de pesos, por lo que Grupo México sólo cubrió 6.12% de los gastos generados hasta el momento por la tragedia.
Los gastos se encuentran divididos en seis grandes rubros: Limitaciones de acceso al agua y otros costos asociados; pérdidas económicas en la producción agropecuaria; pérdidas económicas en otros sectores de la economía, daños en la salud física y mental y otros gastos en salud; daños en suelos y vegetación ribereña, y en el lecho del río, así como desembolsos realizados por el sector ambiental federal.
Testimonios recabados por el INECC de la población asentada en Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Cananea, San Felipe de Jesús, Ures y Huépac, los ocho municipios afectados, confirman que los impactos se concentran, en orden de importancia, en el medio ambiente, la salud de las poblaciones y la economía local.
De acuerdo con las estimaciones de este análisis, se puede determinar que “ni el monto pagado por la multa ni las compensaciones entregadas por el Fideicomiso Río Sonora, bajo ningún escenario, cubrieron los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de monitoreo y atención de la salud y la calidad de las matrices ambientales y de salud”.
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