Un grupo de empresas mexicanas que están vetadas y fichadas por el gobierno de Estados Unidos, por no cumplir con los estándares de calidad y seguridad en la fabricación de equipo balístico, participan en licitaciones para obtener contratos multimillonarios con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En las últimas semanas, Estados Unidos emitió una recomendación oficial para reemplazar los productos de las firmas Protective Materials Technology SA de CV, propiedad de las hermanas Elisa y Alejandra Aguilar Solórzano; MEX-MSF-SCO SA de CV, que dirige Ignacio Baca; Giramsa, de Raúl Sanabria, y CIA Miguel Caballero SAS, que encabeza el empresario del mismo nombre.

Integrantes del Consejo Nacional de la Industria Balística alertaron a la Sedena sobre estas empresas que están en la “lista negra” del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos y que actualmente compiten en una licitación pública para vender al Ejército Mexicano 34 mil placas balísticas frontales y laterales, que implicarían un contrato por más de 200 millones de pesos.

Hay dos casos particulares. El primero es el de Protective Materials Technology, que en la actual administración ha obtenido 11 contratos por 449 millones de pesos, un crecimiento de 400% en sus ventas frente a lo obtenido en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Además es la compañía involucrada en la venta de un departamento al general Sandoval.

La firma tiene en su historial una larga lista de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y aun así compite en la licitación LA-07-113-007000998-T-98-2023 de la Sedena, para la adquisición de las placas balísticas. PMT, como se le conoce a la compañía en el sector de seguridad, presentó propuestas técnicas y económicas pese a estar inhabilitada.

En mayo pasado, Protective fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por un lapso de 21 meses. A partir de esa determinación, ninguna institución pública de los tres niveles de gobierno puede aceptar propuestas de esta compañía o celebrar contratos con ésta hasta febrero de 2025.

PMT presentó a la Sedena una oferta económica por 266 millones de pesos por las 34 mil placas balísticas, una propuesta similar a la que la compañía ofreció y le aceptó la Sedena el año pasado, enfrentando múltiples señalamientos de irregularidades por vender al gobierno con presuntos sobreprecios.

Por si fuera poco, el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos pidió en sus alertas reemplazar los chalecos antibalas modelo PMT-BBS-III-A-2-2 de esta empresa, por excesivas fallas de seguridad.

El segundo caso tiene que ver con la razón social MEX-MSF-SCO, que de igual manera participa en la licitación de Sedena, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 28 de agosto. La empresa, que va en conjunto con Baher Asesores Integrales SA de CV, presentó la oferta económica más baja, por 221 millones de pesos. Ambas compañías tienen también un historial plagado de anomalías, entre ellas la dudosa calidad de sus productos.

MEX-MSF-SCO está representada por Ignacio Baca, presidente del CNB, el organismo desde el que diversas empresas hicieron un llamado a Jorge Ambia Minero, director general de la Fábrica de Vestuarios y Equipo de la Sedena, para advertir sobre las alertas emitidas en EU y para solicitar que se tome como punto de partida a la oferta económica del consorcio integrado por Armor Life Lab SA de CV y Txat Latam SAPI de SC, la segunda más baja del proceso.

De acuerdo con la carta ingresada en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la Función Pública, Baca ha ignorado a los integrantes del Consejo y con ello ha puesto en riesgo a la industria por intentar vender placas rechazadas por el gobierno estadounidense y la vida de los militares que combaten con ese equipo al crimen organizado.

Posdata 1

Entre muchos temas que se tocaron el miércoles en la comida que tuvieron el presidente López Obrador y el magnate Carlos Slim Helú, en Palacio Nacional, uno de ellos fue el que revelamos el lunes en esta columna: la denuncia penal que solicitó el Presidente en contra de los accionistas y directivos de Grupo México y Acciona por lo que considera incumplimientos de los acuerdos relacionados con las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya. El delito que busca imputarles el gobierno federal es el de peculado.

Slim le habría dicho al Presidente que girar órdenes de aprehensión contra empresarios por un desacuerdo sobre anticipos y finiquitos enviaría una muy mala señal a los inversionistas. Que lo mejor era resolverlo como lo hizo con Larrea y Grupo México, pero que no aceptaron los españoles de Acciona. En la comida se hizo una llamada al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, con quien López Obrador y Slim se llevan muy bien. La sugerencia del representante de la cúpula del sector empresarial sobre ese caso habría sido la misma.

Posdata 2

Este jueves el Instituto Nacional Electoral y Talleres Gráficos de México (TGM) firmaron un convenio para la impresión de 312 millones de boletas para las elecciones federales de la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados.

La presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán Prieto, fue la encargada de presionar a sus pares en todas las entidades a ceder ante Talleres Gráficos de México, órgano de la Secretaría de Gobernación, la hechura de las boletas para las elecciones locales del 2024, según llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp que envió a sus compañeros. Lo hizo en su calidad de dirigente de las presidentas y presidentes de los OPLES en el país.

Durán Prieto no tuvo empacho en comunicarles que la orden venía de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei; así como de la directora general de TGM, Maribel Aguilar, a quienes aparentemente considera sus superiores.

El problema es que Talleres Gráfico de México no tiene la capacidad de elaborar las boletas para todas las elecciones, según fuentes del órgano adscrito a la Segob. Lo que normalmente hace es recurrir al apoyo de empresas privadas para cualquier tiraje.

Por esto y por su falta de independencia respecto a la Secretaría de Gobernación, muchos de los y las titulares de los OPLES han mostrado su rechazo a que Yanko Durán permanezca como dirigente. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ya tiene conocimiento del tema y se dice que va a pronunciarse sobre el mismo.

Posdata 3

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien deberá hilar fino con México para evitar que los paneles de controversias en temas como el energético y ahora el del maíz transgénico tensionen más las relaciones, estuvo esta semana con mandatarios locales y destacaron los elogios para el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

El exsecretario de Interior de la Casa Blanca sostuvo una gira de trabajo este miércoles con el mandatario queretano, en la que visitaron las empresas GE Aerospace y GE Vernova.

Durante su discurso, Ken Salazar no solo se refirió al liderazgo del presidente Joe Biden, a las relaciones entre Estados Unidos y México, sino también al trabajo del gobernador Kuri.

Contó que, a los 29 años, ya como abogado, el gobernador de su estado lo invitó a trabajar con él. De entrada dijo que no, porque no le interesaba la política ni el gobierno. “Si mi gobernador se hubiese apellidado Kuri, le hubiera dicho que sí”, comentó a modo de broma el diplomático, quien se expresa igual de bien sobre el mandatario estatal que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo considera “un buen gobernador”.

Más allá de los elogios, Mauricio Kuri, sin hacer mucho ruido y sin tener los reflectores como otr@s gobernadores –muchos para mal– ha logrado atraer inversiones, mejorar el crecimiento y la seguridad de su estado.