A un mes de que inicie el ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) eludió una orden judicial que le obligaba a someter el rediseño de los libros de texto a consultas previas y a otros requisitos legales.

Ahora, un juzgado federal emplazó a la SEP para cumplir la suspensión definitiva ordenada desde mayo.

“Las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la suspensión”, advirtió el juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, que lleva el amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia.

La Jueza Yadira Mena ya había resuelto, el 29 de junio, que existía desacato a la suspensión, luego de que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se negaron a enviarle copias de los libros de primaria y secundaria, ciclo 2023-2024.

Los libros ya empezaron a ser distribuidos.

La violación a una suspensión es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel, pero lo único que la jueza puede hacer es imponer multas y denunciar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), que es la que decide si acusa a los funcionarios responsables.

“El procedimiento para la impresión de los libros de texto para la educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, debe apegarse y cumplimentarse con cada una de las etapas que la ley prevé para tal efecto, pues solo de esta manera se garantiza su contenido pedagógico acorde con el interés superior de la infancia, así como con los objetivos democráticos y de formación académica; de ahí la necesidad de interacción con ciudadanos especializados y gobiernos estatales”, ordenó la jueza en la suspensión de mayo.

La SEP impugnó ante un tribunal colegiado de circuito, que no ha dictado sentencia, por lo que en teoría la autoridad tiene que acatar la orden de la jueza.

“(Las autoridades) no han garantizado un procedimiento participativo donde intervengan los gobiernos estatales y los especialistas en la materia educativa (los actores sociales involucrados en la educación) en lo concerniente a la determinación de los programas de estudio y en la selección de los libros de texto, tal y como les fue requerido, no obstante la inminencia del ciclo escolar 2023-2024”, sostuvo la jueza el 29 de junio.

Y rechazan plan piloto

Francisco Rebolledo, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, resolvió que es inconstitucional el plan piloto que la SEP pretendió aplicar en 960 escuelas durante el ciclo 2022-2023, simultáneamente a otros planes vigentes en educación básica.

“(El plan piloto) constituye una medida regresiva”, dijo el juez, y ocurre “sin la emisión y publicación de los programas de estudio autorizados por la SEP, sin la capacitación previa de las maestras y maestros respecto del contenido y sin libros de textos aprobados”.