Gabino Robledo amaneció el lunes 21 de agosto en tierras chiapanecas para continuar con la tarea que desde dos años atrás le había encomendado su hermano Zoé, y que había intensificado en los últimos meses ante la cercanía de las definiciones para candidaturas a gobernador y la “inminente” renuncia del director general del IMSS. Sin embargo, se enteró por la conferencia matutina que las aspiraciones electorales de su hermano habían sido echadas por tierra sin habérselo anticipado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente anunció que Zoé Robledo había tomado la decisión de mantenerse en el gabinete federal para completar el proyecto de cobertura de salud de la Cuarta Transformación, algo que se hizo ver como un “sacrificio”, pero que, en los hechos, de acuerdo con la información confirmada por altos funcionarios del gobierno, a Zoé Robledo lo bajaron de la contienda electoral por el desastre que implosiona dentro del IMSS.

Más allá de la tragedia del hospital general de zona número 18 del IMSS, en la zona de Playa del Carmen, que causó la muerte de la pequeña Aitana, y de los contratos irregulares con las empresas proveedoras del servicio de mantenimiento para elevadores, Citravem y Otis, a Zoé Robledo lo están dejando fuera de la contienda las multimillonarias adjudicaciones que otorgó a la firma Grupo PM Soluciones, en especial a la razón social identificada como People Media SA de CV, la cual ha recibido contratos por 951 millones de pesos de 2021 a la fecha.

La empresa acumula una larga lista de irregularidades observadas desde la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, desde el cobro de servicios que no se justificaron hasta la duplicidad de los mismos. También se han ventilado irregularidades en sus direcciones fiscales que apuntan a que People Media y su empresa hermana Process Management and Solutions ―aquella que acompaña a la primera en contratos del sector público como parte de un consorcio o como proveedor― son compañías fachada.

Estas y otras historias llegaron en los últimos días al escritorio del presidente López Obrador, algunas con pruebas contundentes, como las relacionadas con Grupo PM Soluciones, que se inauguró como proveedora del sector público en el 2019, justo cuando llegó Zoé Robledo al IMSS y que ahora registra contratos por alrededor de mil 300 millones de pesos en dependencias de corte federal. Entre sus clientes, además del IMSS, están la Conade, a cargo de Ana Gabriela Guevara, la Secretaría de Gobernación en tiempos de Olga Sánchez Cordero y la Sedena, de Luis Cresencio Sandoval.

También fue contundente ante los ojos del Presidente una supuesta relación personal de la familia Robledo con Marisol González Lozano, una exalumna y exacadémica del Instituto Tecnológico Autónomo de México ―el alma máter de Zoé―, quien inició su aventura empresarial como CEO del Grupo PM Soluciones en 2008, justo cuando Robledo regresó al país de su maestría en el extranjero.

La decisión de AMLO ya es por todos conocida, aunque suavizada por el Presidente. Zoé Robledo no será candidato a gobernador de Chiapas y ahora la candidatura de Morena está en pugna entre los senadores Eduardo Ramírez Aguilar y Sasil de León. El Verde podría optar por ir solo con su candidato Luis Armando Melgar.

La noticia, sin duda, cayó de sorpresa en el equipo que la familia Robledo tenía operando en Chiapas y que reportaba un avance considerable al que se le destinaron muchos recursos. Se había logrado agrupar a un importante número de liderazgos locales que tejían estructuras adicionales a las que ya tiene Morena en el estado. Ahora se busca un líder para esas redes que, aseguran, se sienten abandonadas y traicionadas.

El pleito interno en Movimiento Ciudadano entre Dante Delgado y Enrique Alfaro estaba cantado y lo anticipamos desde finales de junio, cuando el gobernador de Jalisco reclamó espacios para los suyos, no solo en las elecciones de su estado natal el próximo año, sino en las decisiones a nivel nacional y en las alianzas con otros partidos, al líder moral del partido.

Alfaro reclamó entonces que Dante Delgado no lo tomara en cuenta en las decisiones relevantes del partido, pese a que le aporta cuatro de cada 10 votos y su estado, Jalisco, será clave en la elección presidencial del 2024 por ser la tercera entidad con más distritos electorales del país. Otra discrepancia entre ambos era la de sumarse o no a una mega alianza opositora que incluya a partidos políticos y organizaciones ciudadanas.

Delgado se defendió al decir que sí hay inclusión en MC y que respeta a Alfaro, por lo que representa su figura dentro del partido. Y si bien por un lado dice que hay que cerrarle la puerta a la “vieja política”, y que con el PRI ni a la esquina, también dejó en suspenso una eventual alianza con la oposición al esbozar su frase de que “la política no es, va siendo”. Semanas después confirmó que no tiene intención de sumarse al Frente Amplio por México, aunque lo encabece su amiga Xóchitl Gálvez.

Otro tema relevante es la sucesión en Jalisco, una de las nueve entidades que va a cambiar de gobierno el próximo año. El “delfín” del gobernador emecista es el actual coordinador de MC en el Senado de la República, Clemente Castañeda, aunque el mejor posicionado es el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien no tiene la mejor relación con Alfaro.

Todo indica que Dante Delgado va a impulsar al que esté mejor posicionado, sea o no del agrado del gobernador, lo que tiene molesto a Alfaro, quien seguramente va a romper con MC y buscará plantarle cara al partido en el 2024.

Sobre el litigio entre accionistas de la empresa CV Directo que comentamos esta semana, ahora son los socios minoritarios quienes externaron su postura al respecto. José Ramón Andreu Zermeño afirma que no ha recibido apoyo de funcionarios del Juzgado 73 Civil de la Ciudad de México.

Por otra parte, niega que Ivette Ileana Pizana Velasco tenga algún poder sobre la tesorería de la empresa. Expone que dicha persona fue contratada de común acuerdo con todos los accionistas (incluido Luis Epelstein), para fungir como tesorera y evitar diferencias entre los socios, pero se le impidió tomar posesión del cargo. Niega que los accionistas minoritarios hayan ingresado a la bodega de CV Directo en Naucalpan para violentar a los trabajadores y sustraer dinero en efectivo o dispositivos electrónicos bancarios.

Añadió que a diferencia de las actuaciones del Juez 73, las medidas decretadas por la Juez Magdalena Malpica Cervantes ya fueron revisadas y suspendidas por dos Tribunales Colegiados. Andreu Zermeño detalla que los seis magistrados federales que los integran decidieron suspender las medidas conseguidas por el accionista Epelstein.

Todo parece indicar que este conflicto entre accionistas va para largo.