El pleito legal del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Grupo México y Acciona sigue su curso y la denuncia penal por supuesto peculado que revelamos el lunes pasado está por judicializarse. La novedad es que la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Fonatur al parecer irán solamente contra los accionistas y directivos de la empresa española, la cual desconoció el acuerdo con el que se daban por terminadas las demandas por la cancelación del contrato para construir el Tramo 5 Sur del Tren Maya.

Una vez reveladas las intenciones presidenciales de proceder penalmente contra empresarios y accionistas –por primera vez en lo que va de su administración–, las gestiones se dieron a todos los niveles. Por un lado, el enlace de la Presidencia con la iniciativa privada, Alfonso Romo, y por el otro el multimillonario Carlos Slim Helú.

El viernes expusimos que uno de los temas a tratar en la comida de más de dos horas que sostuvieron el presidente y Slim, el jueves pasado, fue el de Grupo México y Acciona. El magnate comentó que tratar de llevar a la cárcel a empresarios por un desacuerdo sobre el pago de anticipos y finiquitos de una obra enviaría una muy mala señal a los inversionistas. Slim, además, tiene relación tanto con Acciona como con Grupo México.

No obstante, el presidente está decidido a que las denuncias progresen, aunque presuntamente enfocadas en contra de Acciona, el gigante español de energía e infraestructura de la familia Entrecanales que ha tenido muchos otros problemas jurídicos con el gobierno de López Obrador.

Las desavenencias comenzaron en la transición presidencial, tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La constructora española FCC –controlada por Slim desde el 2015– y Acciona formaron parte de un consorcio ganador del principal lote de construcción de la terminal 1 del aeropuerto, el cual fue cancelado por López Obrador tras una dudosa consulta pública.

En 2021, la Comisión Federal de Electricidad culpó a Acciona del apagón ocurrido el 28 de diciembre de 2020, el cual dejó sin servicio eléctrico a alrededor de 10 millones de personas en 15 estados. Fue el 22 de octubre de 2021 cuando CFE formalizó la denuncia, radicada en la oficina de representación de la FGR en Ciudad Victoria.

El director de la CFE, Manuel Bartlett, denunció que Acciona había puesto en riesgo el Sistema Eléctrico Mexicano, por lo que tomaría las medidas necesarias para sancionar a los responsables. “No cumplieron las indicaciones del Cenace, instalaron aparatos de menor calidad”, señaló.

Acciona, dirigida en México por Sergio Ramírez –un exdirectivo de IDEAL, empresa de Slim– ya había sido investigada por presunto lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera en el contexto de las investigaciones sobre el caso Odebrecht. En otros países ha sido castigada por actos de corrupción.

Más recientemente la empresa entró en pleito con el gobierno de AMLO tras el anuncio de retirar nueve concesiones de hospitales. Es el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío de la Secretaría de Salud que es operado por Acciona. El otro es el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nogales, Sonora.

Por si fuera poco, la empresa española está de pleito con el gobierno de Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García la acusa de distribuir agua potable sucia mediante una concesión que tiene con el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.

Este es el contexto de la relación de la 4T y Acciona, así como de la denuncia penal que está en la Fiscalía General de la República, terminándose de detallar para ser judicializada en los próximos días. Acciona no estuvo de acuerdo o desconoció lo firmado por Grupo México con el gobierno, es decir devolver 1,500 millones de pesos y retirar las demandas por 5 mil millones de pesos.

Posdata 1

La semana pasada, las acciones de Acciona cayeron un total de 6% en la Bolsa de Madrid, lo que representó unos 800 millones de euros. Sus títulos pasaron de valer 132.15 a 124.65 euros. Poco más del 50% del capital social de la empresa está en manos de la familia Entrecanales.

Las acciones de Grupo México también cayeron considerablemente los primeros días de la semana en la Bolsa Mexicana de Valores, pero se recuperaron hacia el final, con lo que la pérdida semanal fue mínima: 0.3%.

Posdata 2

La Leagues Cup terminó siendo mucho más espectacular de lo que se esperaba. El Inter de Miami de Lionel Messi se quedó con la copa en una final reñida. Se alinearon las estrellas para todos: el mejor jugador de futbol del mundo obtuvo un nuevo campeonato; Apple TV logró una audiencia récord y también que su socio, el astro argentino, quedara campeón; la afición latina y estadounidense quedó satisfecha y, por supuesto, todo fue un gran negocio.

Se estima que la Leagues Cup costó aproximadamente 100 millones de dólares y sus ganancias serán divididas entre la Liga MX y la MLS. Además, se entregarán más de 40 millones de dólares en premios a los 18 clubes.

Un negocio redondo para ambas ligas, pese a que el desempeño de los clubes estadounidenses fue mucho mayor que el de los mexicanos. ¿Las razones? El futbol de EU está más profesionalizado, tiene mayores incentivos deportivos y económicos; en 2022 exportó 72 jugadores al futbol europeo –versus los 11 de México– y la afición va creciendo aceleradamente; ya se acerca a la que tiene actualmente el beisbol.

Con todo y las deficiencias arbitrales, la desventaja de jugar de visitante y el desgaste de los viajes, la Leagues Cup fue un éxito deportivo y económico, pero sobre todo una llamada de atención –o de alerta roja– a los clubes mexicanos (a sus dueños, directivos y jugadores) que llevan décadas “nadando de muertito”, con la idea mediocre de que el futbol nacional es y será un gran negocio pase lo que pase.

Posdata 3

El Consejo Nacional de la Industria de la Balística envió una réplica a la columna del viernes, titulada “Empresas en ‘lista negra’ de EU van por contratos de Sedena”. El presidente de dicho consejo, Ignacio Baca, reclamó “imprecisiones” y solicitó “pruebas” sobre lo publicado, así como datos sobre las comunicaciones que sus agremiados han tenido con las autoridades para denunciar compras irregulares o de artículos de mala calidad.

En respuesta a esa comunicación, el fin de semana se publicaron en redes sociales los documentos de alerta del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos (NIJ) en los que recomienda reemplazar algunos modelos de chalecos balísticos identificados con los folios NIJ Safety Notice #02-2023, NIJ Safety Notice #03-2023, NIJ Advisory Notice #04-2023 y NIJ Advisory Notice #05-2023.

Más allá de que se percibe una guerra interna en el Consejo, pues integrantes de ese organismo son algunos de los denunciantes, llama la atención que las compañías señaladas en el texto, MEX-MSF-SCO y Baher Asesores Integrales, están representadas legalmente por el presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo, Ignacio Baca.

Respecto a los antecedentes de las compañías, Baher Asesores Integrales, vinculada con Baca Torres, ha sido cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación. Fue en la revisión de la Cuenta Pública 2019, cuando el Servicio de Protección Federal le entregó el contrato SPF/AD/CA/2019/062.

En aquella ocasión el Servicio de Protección Federal adquirió 2 mil 500 chalecos balísticos, 5 mil 334 fundas blancas para chaleco interior III-A y 5 mil 334 fundas negras por un importe de 32 millones 187 mil pesos. El negocio se otorgó por adjudicación directa, por la “urgencia y prontitud de contar con los bienes”, pero no hubo certeza de que el equipo llegara a los elementos de seguridad. La ASF determinó en este caso que se puso en “riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, por no tener la certeza de si efectivamente los bienes fueron entregados a los integrantes del SPF”.

Por último, se confirma que integrantes del Nacional de la Industria de la Balística han denunciado estos hechos ante la Sedena y la Secretaría de la Función Pública, argumentando también que las mismas quejas han sido presentadas al interior de su organismo e ignoradas por su actual presidencia.