El gobierno de la 4T ya le puso número al recorte presupuestal que planea hacerle al Poder Judicial de la Federación, tras siete meses de una confrontación abierta entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Según ha trascendido, la Cámara de Diputados pretende recortarle a los jueces y magistrados hasta la tercera parte de sus recursos financieros.

El encargado de operar este nuevo embate contra la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal es el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, quien en los últimos días había tendido puentes con la ministra Norma Piña, aunque su interés superior está en la gubernatura de Puebla, por lo que se prevé que tendrá que legislar por consigna en los próximos meses.

En este espacio relatamos la visita de Ignacio Mier al recinto de Pino Suárez para extender la invitación a la ministra presidenta al Congreso de la Unión para escuchar las conclusiones de los conversatorios en torno a la reforma al Poder Judicial. La versión de que el legislador poblano fue desairado e ignorado aquel lunes 26 de junio fue rechazada por los cercanos a la ministra Piña, quienes aseguran que ambos personajes tuvieron una reunión bastante cordial.

De hecho, según confirman en el equipo de Ignacio Mier, la reunión fue tan positiva que la ministra prometió enviar a un representante de muy alto nivel a la Cámara de Diputados, la cual se materializó con la presencia en ese recinto, el 11 de julio pasado, de uno de las más duros integrantes del bloque crítico de la 4T: el ministro Javier Laynez.

Como era de esperarse, a la comitiva de ministros que acudieron a la sede del Poder Legislativo se sumaron las cercanas al presidente López Obrador, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, aunque la voz cantante en aquella reunión la llevó Javier Laynez, quien aprovechó para dejar el mensaje de que el presupuesto que se asigna al Poder Judicial no es para los 11 ministros de la Corte, sino para los 45 mil servidores públicos que laboran en los tribunales y juzgados que dependen del Consejo de la Judicatura Federal.

Ni la explicación ni los buenos resultados del encuentro con la ministra Norma Piña fueron suficientes para establecer un acuerdo de paz. El intento de recorte ya fue anunciado en cuanto a dimensiones, y probablemente quedará oficializado en la propuesta que la Secretaría de Hacienda entregará a los diputados a más tardar el 8 de septiembre. Si no, Ignacio Mier se encargará de darle el tijeretazo.

Los dichos de Mier se hacen sobre una simple lógica aritmética y sin evaluar a fondo el destino y funcionalidad de los recursos ejercidos por el Poder Judicial. Parece que esa cifra de recorte, de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos, corresponde al número que en esta columna hemos revelado sobre el capital que la Corte y el Consejo de la Judicatura tienen reservados en dos fondos y 10 fideicomisos, algo así como 21 mil millones de pesos que no forman parte del ejercicio presupuestal anual.

De hecho, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados confirma en sus aseveraciones que dichos fideicomisos son el objetivo del asalto financiero a la Suprema Corte y detalla que irán por el número 80693, correspondiente al “Mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces”, el cual supuestamente tienen en su panza unos 3 mil millones de pesos.

No obstante, según los estados financieros del CJF, hasta el 30 de junio pasado, dicho fideicomiso apenas tenía reservados 76.5 millones de pesos. Esta cifra es la más elevada que ha tenido desde que inició la actual administración. Si la idea es atraer aquellos fideicomisos que guardan unitariamente alrededor de 5 millones de pesos, tendrán que meterse con las pensiones de jueces, magistrados y personal judicial, o con los recursos destinados a alinear la infraestructura de los juzgados para el nuevo sistema de justicia.

Está por verse si, una vez aterrizados los números, los diputados de Morena insisten en concretar un recorte de tal magnitud, en especial porque podrían enfrentarse a un escenario de bancada dividida tras la definición del candidato presidencial el próximo 6 de septiembre, y a una cada vez más agria disputa con jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Las acciones del Grupo México cayeron ayer 3.17% en la Bolsa Mexicana de Valores, a contracorriente del IPC, que cerró con una ligera ganancia de 0.07%. El conglomerado del magnate Germán Larrea llegó a bajar 4% durante la jornada y fue la emisora que tuvo mayores pérdidas en su valor de mercado.

Este lunes dimos a conocer en esta columna que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a su Consejería Jurídica denunciar penalmente a los accionistas propietarios de Grupo México y a sus socios, los españoles de Acciona, por el incumplimiento de los acuerdos en la obra del Tramo 5 Sur del Tren Maya y la retención de recursos públicos. El gobierno busca imputarles el delito de peculado por la “apropiación o desviación del destino de los recursos que pertenecen al Estado”, debido a que se rehúsan a devolver una parte del anticipo otorgado al consorcio por parte del Fonatur.

A su vez, los títulos de la española Acciona disminuyeron 0.79% en la Bolsa de Madrid, aunque llegaron a perder 2.3% durante la jornada.

El líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, asegura que su partido irá solo en las elecciones presidenciales del 2024. Lo dice tras una reunión con los liderazgos de MC, entre ellos algunos críticos, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, quienes semanas atrás pidieron reconsiderar el apoyo a la posible candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

¿Será que los tapatíos ya se doblaron?, ¿o será que el estridente gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya le tomó la palabra a Dante Delgado para lanzarse, de una vez, por “la grande”, con la condición de convertirse en la nueva mano derecha del líder moral de MC, como lo fue mucho tiempo Enrique Alfaro. La última opción es que se lance él mismo, lo cual sería una decisión de alto riesgo para el veracruzano, pues muchos de sus militantes no aceptarían ver a Delgado en la boleta repitiendo los errores de la oposición que tanto alucinan, como el salto de Ricardo Anaya de la presidencia del PAN a la candidatura presidencial.

@MarioMal