A la pequeña la llevaron sus padres al Hospital Regional 18 del IMSS en Playa del Carmen con un diagnóstico de dengue la tarde de domingo 9 de julio. Estuvo ahí 24 horas y casi a la medianoche del lunes, un camillero que la trasladaría a otro piso metió su cama en el elevador que, sin que le ordenaran comenzó a subir con la mitad de la camilla adentro y la niña indefensa recostada. Ante la anomalía del elevador, el camillero intentó desesperadamente detenerlo pero la máquina siguió subiendo y el cuerpo de la pequeña terminó prensado contra el marco de la puerta de donde tuvieron que sacarla ya muerta.

Lo más doloroso de esta tragedia, ocurrida en un hospital público, fue que la pérdida de una vida inocente, a causa de una instalación en mal estado, fue respondida por el IMSS con un lamentable comunicado en el que, si bien se condolían de la muerte de la paciente de 6 años y lamentaban el accidente, eludían su responsabilidad en el hecho y aclaraban que el mantenimiento del elevador estaba “subrogado a una empresa externa”. Fue como si el instituto de salud más grande del país, dirigido por Zoé Robledo, quisiera lavarse las manos de la sangre de la niña que murió en las instalaciones de salud no por la enfermedad del dengue por la que la ingresaron, sino por la negligencia y descuido de los directivos de ese hospital de Playa del Carmen, pero también de los directivos nacionales del IMSS.

El director General del IMSS, Zoé Robledo, quien ya casi tiene un pie en la candidatura al gobierno de Chiapas, no se dignó a salir a explicar la tragedia y solo en un comunicado oficial dijo que desde que ocurrió la muerte de la niña instruyó la realización de una investigación para llegar al fondo de los hechos y ofreció que serán “transparentes con los resultados que arrojen las investigaciones”. Dio condolencias a la familia de la paciente y dijo que estos “hechos que no debieron ni deberán volver a suceder. La familia tiene y tendrá nuestro completo acompañamiento durante este proceso”.

Y mientras los padres de la niña, consternados por el dolor y la irresponsabilidad de las autoridades del instituto, interpusieron una denuncia penal “contra quienes resulten responsables” por el homicidio cometido en contra de su hija en el mismo hospital donde supuestamente iban a curarla, a cuidarla y a mejorar su salud, fue el doctor Enrique Leobardo Ureña Lomelín, quien en un video subido a las redes oficiales, se presentó como “delegado del IMSS en Quintana Roo” y tras lamentar la muerte de la niña y dar condolencias a su familia, el también titular del Órgano de Operación Administrativa del IMSS, narró cómo sucedió la tragedia: “La menor de edad ingresó el pasado domingo 9 de julio con diagnóstico de dengue y algunos signos de alarma; se brindó una adecuada atención médica adecuada durante su estancia con evolución médica positiva. El día de ayer, 10 de julio, alrededor de las 22:30 horas, al ser trasladada en elevador al área de hospitalización, el elevador presentó una falla y la menor sufrió una presión, que por lo mismo, terminó ocasionando su sensible pérdida”.

Luego, el designado vocero del IMSS ante esta muerte por negligencia, deslindó a la institución y apuntó a la empresa externa, encargada de dar mantenimiento al instituto: “Es importante informar que el mismo día de ayer, previo al accidente, se reportó la falla del elevador a las 13:10 horas; se hizo del conocimiento de la empresa encargada del mantenimiento Sitravem, Transportación Vertical en México, S.A. de C.V, aproximadamente a las 16 horas se presentó el técnico designado por Sitravem para la realización de las actividades correspondientes al diagnóstico y mantenimiento preventivo pertinente. Siendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos, se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa, sin dejar señales ni barreras que impidieran el uso del elevador, sin notificación alguna y sin señalización de restricción alguna en el uso del mismo”.

Y finalmente el funcionario se refiere a la investigación judicial iniciada por la Fiscalía de Quintana Roo y dice que tras los eventos de la noche del lunes, el hospital dio aviso a las autoridades y colabora en las indagatorias de los hechos. Habla de los contratos por los cuales se compraron 181 elevadores de marca Itra en 2016 para el Hospital Regional 18 del IMSS y menciona que, a partir del 2 de febrero pasado, el IMSS Quintana Roo contrató el servicio de mantenimiento preventivo a 4 de esos elevadores con la empresa Sitravem. Transportación Vertical en México, mediante licitación pública. “El IMSS continuará realizando una investigación exhaustiva y colaborará plenamente con las autoridades estatales responsables para deslindar toda responsabilidad”, dice el delegado del IMSS.

Ayer la Fiscalía de Quintana Roo había detenido y acusado al camillero Víctor F., que era quien transportaba a la niña a hospitalización, y lo acusó de “homicidio culposo” por no haber introducido la camilla en el elevador de manera correcta, mientras que por la noche se revelaba que la empresa Soluciones Integrales en Transportación Vertical en México, Sitravem, a la que el IMSS le dio el mantenimiento subrogado de los elevadores del Hospital Regional 18, es la misma a la que el gobierno capitalino le ha otorgado varios contratos para el mantenimiento de las instalaciones del Metro de la CDMX, además de ser contratada en otros estados por el mismo IMSS y por el Instituto de Salud Mexiquense, de acuerdo con los contratos que aparecen en el portal de Compranet, del gobierno federal.

¿Y entonces, toda la culpa es de la empresa de mantenimiento a los elevadores por no haber avisado o corregido la falla en el elevador? ¿Nadie en el hospital 18 del IMSS en Quintana Roo detectó que el elevador seguía fallando, tras la revisión de los técnicos de Sitravem, realizada a las 17:00 horas, y hasta las 22:30 en que ocurrió la tragedia? ¿De verdad en 5 horas no se detectó la anomalía en el elevador que terminó matando a la pequeña de 6 años?

Veremos en qué termina la investigación de un homicidio cometido en un hospital del IMSS en contra de una niña de 6 años pero, por lo pronto, la tragedia ocurrida en Quintana Roo, sumado a las denuncias constantes de los derechohabientes de ese instituto y del ISSSTE por la falta de medicamentos, el retraso en la atención o de plano la falta de tratamientos y de atención oportuna a los pacientes, nos dejan muy claro que la promesa varias veces repetida del presidente López Obrador de que “ahora sí tendremos un sistema de Salud pública como el de Dinamarca”, no solo es una más de las mentiras crueles y cínicas de la actual administración, sino que este gobierno desprecia la vida y la salud de los mexicanos al reducirnos 4 años la esperanza de vida y pasar de un sistema en crisis como el que recibieron a su llegada, al colapso de la salud pública que dejarán al irse.

NOTAS INDISCRETAS…

Tras los hechos ocurridos en Guerrero, en donde el Cártel de Los Ardillos tomó por más de un día la ciudad de Chilpancingo, atacando a las sedes del Poder Ejecutivo y del Congreso del Estado y paralizando las actividades sociales y económicas ante el temor de la población, ante la ausencia total de la gobernadora Evelyn Salgado y de cualquier otra autoridad estatal que saliera a defender la ciudad o a controlar la insurgencia de los narcotraficantes,  la oposición en el Senado planteó ayer la posibilidad de invocar una “desaparición de poderes” en ese estado de la República. Fue el diputado panista, Jorge Triana, quien anoche anunció que se podría solicitar la aplicación del artículo 85 constitucional que faculta al Senado de la República a desaparecer poderes en una entidad federativa ante un escenario de caos e ingobernabilidad. “Pocas veces en la historia moderna de este país habíamos visto que criminales se dieran el lujo de robar vehículos oficiales y con ello tomar instalaciones gubernamentales. No hay gobierno, hay ausencia de gobierno. Ante la ausencia de poderes no hace su trabajo la gobernadora, los alcaldes están ausentes también, quien impera es la ley de los criminales, el narco cumple con funciones que debería cumplir el estado, como es el cobro de piso en lugar de cobrar impuestos, como es la seguridad y el otorgar u obsequiar justicia, bueno pues está la mesa puesta. Lo que se requiere es la desaparición de poderes. Desde 1975 no hay una desaparición de poderes en este país y la situación hoy en Guerrero es mucho más grave que la que se vivió aquel año que se aplicó esa figura”, dijo el legislador panista, quien descartó que la gobernadora Salgado y la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, vayan a renunciar por su cuenta…Al aspirante Adán Augusto Hernández le preguntaron ayer, en un desayuno, quién paga tantos espectaculares que promueven su imagen en muchas ciudades de la República. “No sabemos”, dijo, “creemos que son algunos amigos y gente que quiere apoyar y que creen que de esa manera lo hacen, pero nosotros no pagamos ninguno”. Y se ve que Mario Delgado le cree a pie de juntillas a Adán Augusto, pero también a Claudia y a Marcelo, porque ayer el dirigente nacional de Morena, deslindó a las “corcholatas” de ser los responsables de instalar y pagar anuncios espectaculares para promoverse por toda la República. “Sabemos que siempre hay los queda bien, que por tratar de ayudar, terminan perjudicando a su aspirante favorito. Por lo tanto, ahí la responsabilidad no es del partido, también es de los aspirantes en poner orden”, dijo Delgado, quien ante la pregunta de sí se creía lo que dicen sus aspirantes, respondió: “Nosotros les creemos a ellos, no tendríamos por qué dudar de su palabra”. ¿Será que de verdad las corcholatas son ajenas a tantos anuncios que proliferan por todo el país y cuyo costo va de los 10 y hasta los 50 mil pesos por mes o será más bien que quieren tapar el sol con un espectacular?…Se baten los dados. Serpiente Doble y caída.