La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pidió a los funcionarios del INE ajustar su conducta al marco legal y no incurrir en “actuaciones arbitrarias” que responden a presiones políticas o de los medios de comunicación.
A través de una “nota aclaratoria”, el área jurídica de Presidencia respondió a la información difundida por el órgano electoral, en el sentido de que no lograron notificar al Jefe del Ejecutivo sobre una resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias, debido a que la Consejería estaba cerrada.
La Consejería recordó que, desde el pasado 2 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la suspensión de plazos y términos legales las actividades, trámites, procesos y procedimientos, durante el periodo que comprende del 14 al 31 de julio de 2023.
“Todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), tienen conocimiento del acuerdo de referencia, por lo que deben ajustar sus actuaciones al marco legal vigente y evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político”, sostuvo.
El jurídico, encabezado por María Esthela Ríos, advirtió que esa suspensión incluye la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos como recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, entre otros.
“Como consecuencia de lo anterior, durante la suspensión citada no se computarán plazos y términos en los procedimientos administrativos, judiciales y jurisdiccionales del conocimiento de esta Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”, agregó.
Desde el pasado jueves, la Comisión de Quejas del INE ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de realizar pronunciamientos sobre los aspirantes al 2024.
Sin embargo, no pudo notificarlo personalmente, debido a que los oficios no fueron recibidos en las oficinas de Presidencia con el argumento de que las Consejería está de vacaciones.
Esa circunstancia permitió que el Mandatario federal arremetiera públicamente en contra de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, en sus conferencias mañaneras del viernes 14 y del lunes 17 de julio.
El tabasqueño hizo pública una lista de contratos e ingresos de dos las empresas propiedad de Gálvez y su familia, que han facturado más de mil 400 millones de pesos, en los últimos 9 años, gracias a contratos con el sector público y privado.