En Nayarit, el gobierno ha cambiado de partido, pero la fiscalía y las fuerzas de seguridad siguen siendo las mismas, con las mismas políticas y los mismos operadores que cuando Edgar Veytia, ahora preso en Estados Unidos, era el fiscal del estado

Este fin de semana fueron hallados los restos de Luis Martín Sánchez, era el corresponsal de La Jornada en el estado. Al mismo tiempo, fueron secuestrados otro periodista y un diseñador gráfico. El periodista ya fue localizado, el diseñador sigue desaparecido. Los tres, aparentemente, estaban desarrollando un proyecto conjunto. Luis Martín llegó a su domicilio en Tepic el miércoles en la noche y se comunicó con su familia: les dijo que todo estaba bien, pero que no había luz. Nunca más se supo nada de él. Cuando regresó su hijo a la casa faltaban su computadora, un disco duro y su celular. Estaba su cartera, pero faltaba su credencial de corresponsal de La Jornada. Martín es el quinto periodista asesinado en el año.

A finales de mayo, Marco Aurelio Ramírez, de 69 años, fue muerto al salir de su coche en Puebla. El 11 de mayo, Gerardo Torres Rentería fue asesinado en Acapulco. Era corresponsal en la agencia internacional Reuters y de TV Azteca. El 12 de febrero fue asesinado, Abisaí Pérez Romero, periodista y activista ambiental de Hidalgo, que participaba en el programa de radio Son Politikón-FM. En enero, José Ramiro Araujo, un fotógrafo de noticias freelance, fue asesinado en baja California. Actualmente, Juan Carlos Hinojosa Rivero, otro periodista, está desaparecido en Veracruz. En 2022 los periodistas asesinados sumaron 17.

Pero en Nayarit el problema no es sólo por los agravios y asesinatos de periodistas, sino también porque continúan las prácticas de la fiscalía de Edgar Veytia, iniciadas en el gobierno de Roberto Sandoval.

En 2019, un comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decía que el entonces gobernador, “se enriquece despiadadamente a expensas de sus conciudadanos… malversó activos estatales y recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluso del CJNG, a cambio de información y protección. Además, Sandoval Castañeda aceptó anteriormente sobornos de la Organización Beltrán Leyva… Sandoval Castañeda también tiene vínculos con la organización narcotraficante Flores, y su líder, Raúl Flores Hernández”.

Aquí denunciamos, durante años, que el exgobernador y su hombre de confianza, Edgar Veytia, secuestraban, torturaban, extorsionaban, asesinaban, robaban propiedades legítimas a diversos inversionistas, incluso que defraudaron el programa de seguro alimentario desviado más de dos mil millones de pesos de ese presupueto. Ninguna de las denuncias que se presentaron en contra de Sandoval o Veytia prosperaron durante su gobierno ni en el estado ni a nivel federal.  Además, durante su administración se quitó al Congreso local la atribución de iniciar procesos penales en contra del mandatario.

Sandoval no debió terminar su periodo como gobernador. Desde el mismo día en que Veytia fue detenido en San Diego, debió ser sujeto a juicio político y removido de su cargo. Las acusaciones contra Veytia en Estados Unidos surgieron desde fines del 2012, cuando Sandoval apenas llevaba un año en el gobierno. El fiscal, sin embargo, fue promovido y apoyado por Sandoval, aunque se sumaban las denuncias en su contra.

Asumió el gobierno del estado Miguel Ángel Navarro, pero no se modificó la forma de operar en la fiscalía porque allí se quedó, como si no hubiera pasado nada, el mismo equipo de Veytia. Y siguieron las mismas prácticas: los secuestros, asesinatos, amenazas, extorsiones, robo de propiedades. El gobernador Navarro aún puede modificar ese estado de cosas. Si prefiere que se mantenga el status quo actual, algún día terminará como sus predecesores.

EBRARD Y LA SEGURIDAD

Ayer presentó Marcelo Ebrard la primera parte de su propuesta de seguridad, basada en incorporar tecnología de punta en forma generalizada a las estructuras policiales:  reconocimiento facial en todo el país, con un sistema interconectado; identificador exacto de dónde se disparó un arma; detectores de armas, personas o vehículos armados; reconocimiento morfológico de delincuentes; rastreadores de vehículos en todo el país; drones que sigan a criminales; cámaras inteligentes para integrantes de la Guardia Nacional y la construcción de una base de datos con inteligencia artificial, interconectada a nivel nacional, que cruce todas estas variables.

Está muy bien, carecemos en general de muchos instrumentos de inteligencia tecnológica y de operadores que sepan utilizarlas. Sin ello será muy difícil recuperar la seguridad. Se requieren también recursos, porque ninguno de esos sistemas para ser utilizados en un esquema generalizado resultará barato. Tampoco sus operadores. Pero queda pendiente un tema central: qué se hará con las policías locales, estatales y federales, con la Guardia Nacional, con la participación militar en la seguridad, con las policías de investigación que dependen de las fiscalías. Nos dicen que esos capítulos se irán abordando en las siguientes semanas, cada lunes. Es imprescindible, porque la estrategia de seguridad debe ser multifacética.

Lo importante, en todo caso, es que un aspirante de Morena, en este caso Ebrard, rompió el corset de la contienda interna y comenzó a presentar propuestas concretas que van más allá de la letanía de seguir los lineamientos de la 4T. Por lo menos ayer, de lo que habló Ebrard, no fue del pasado, sino del futuro que pretende.