Tan solo cinco días después de que iniciara el 2023, Culiacán volvió a vivir uno de los días más violentos de su historia luego de que miembros del crimen organizado y autoridades se enfrentaran tras el despliegue de un intenso operativo que culminó con la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fue durante la madrugada de aquel jueves que helicópteros artillados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobrevolaron zonas aledañas a la capital sinaloense para ubicar el predio en el que se ocultaba el integrante de “Los Chapitos” que es conocido también como “El Ratón”.

Si bien las balaceras y narcobloqueos que se reportaron como respuesta al operativo de autoridades federales generaron pánico entre la ciudadanía, a poco más de seis meses algunos de los implicados fueron puestos en libertad y a otros más les fueron retirados cargos por terrorismo.

De acuerdo con una solicitud de transparencia que Milenio realizó a la Fiscalía General de la República (FGR), una serie de inconsistencias en los procesos abiertos en contra de los implicados en el llamado Culiacanazo 2.0 condujeron a la liberación de cuatro de los 17 detenidos.

Y es que, tras los hechos violentos que se registraron en Culiacán y municipios aledaños el 5 y 6 de enero, fueron capturadas 17 personas de las cuales 16 eran hombres y una sola mujer.

Según explicó la Fiscalía General de la República (FGR) cuatro de los detenidos fueron puestos en libertad al no poder comprobar su participación en los ataques armados y narcobloqueos en los que perdieron la vida 29 personas.

Documentos judiciales obtenidos y difundidos por Milenio señalan que el abogado de uno de los detenidos evidenció una serie de inconsistencias en las declaraciones que realizaron miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo.

Según el informe parcial 4/2023, el cual fue elaborado el 7 de enero, un fiscal argumentó que los uniformados fueron agredidos a balazos en la entrada de la sindicatura Jesús María con el objetivo de “generar alarma y temor en la población para presionar a las autoridades y obligarlas a liberar a su jefe, el señor Ovidio”.

No obstante, los miembros de las Fuerzas Armadas no señalaron en su propio informe que los imputados hayan incurrido en dichas conductas, ni antes ni después de la detención, además de que no hicieron mención del hijo de Joaquín Guzmán Loera como el jefe de las personas capturadas.

Incluso, los miembros de dependencias federales no tienen la certeza de que los detenidos sean sus propios agresores.

Aunque en el sitio referido fueron aseguradas tres armas tipo ametralladoras calibre 5.56×45, siete armas de fuego tipo fusil, 475 cartuchos de calibre 5.56×45, 612 de 7.62×93, ocho cargadores calibre 5.56×45 y veinte de 7.62×39, la defensa legal de los detenidos logró comprobar que hubo inconsistencias porque la escena del crimen no fue resguardada.

Es decir, no se tomaron fotografías para evidenciar las pruebas así como tampoco se documentó la cadena de custodia ni se hicieron exámenes para detectar pólvora en las manos de los detenidos.

Tomando en cuenta dichos argumentos, un tribunal de alzada retiró los cargos de terrorismo a las 17 personas detenidas, por lo que solo se les imputaron delitos contra la salud y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los recursos para lograr dicha determinación fueron promovidos por el litigante Jaciel Iván López Parra ante el tribunal colegiado de apelaciones del decimoprimer circuito, el cual está ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Contrario a la situación de las personas detenidas tras el segundo Culiacanazo, Ovidio Guzmán López permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, mejor conocido como El Altiplano, en donde no solo enfrenta una ardua batalla legal con autoridades mexicanas, sino que también sus defensores buscan la forma de frenar su extradición a Estados Unidos.