La guerra por Chiapas

Con la publicación ayer de una nota de ocho columnas en la que acusan al senador Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, de poseer y haber comprado un pent-house de lujo en una torre de Polanco, con un valor de 22 millones de pesos, se abrió la temporada de ataques, golpeteos y arrimones en la contienda por la gubernatura de Chiapas, que se renueva en el 2024. La disputa ocurre al interior de Morena y tiene como protagonistas a los dos políticos que encabezan los sondeos rumbo a esos comicios: el director del IMSS, Zoé Robledo, y el mencionado líder del Senado, Ramírez Aguilar, y en un tercer lugar el diputado verde Luis Armando Melgar.

Fue el mismo senador chiapaneco quien, en su respuesta al señalamiento de poseer un departamento de lujo en una de las zonas más caras de la ciudad, rechazó ser el propietario del inmueble y afirmó que sólo es arrendatario y que lo rentó a partir de 2021 a través de una inmobiliaria. Pero lo más interesante fue que el propio Ramírez Aguilar ubicó el origen de la publicación en un diario de circulación nacional: “Sé de dónde vienen estos ataques, sé quiénes son y de dónde salen los recursos que se utilizan para desprestigiar nuestro movimiento y nuestro proyecto”, dijo sin mencionar nombres, y sostuvo que tiene que ver con Chiapas, encabezamos las preferencias y las simpatías sin pagar espectaculares, sin pintar bardas; sin embargo, hay quienes se sienten amenazados por este crecimiento”.

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El competidor directo de Ramírez Aguilar se llama Zoé Robledo, a quien recientemente se cuestionó por la muerte de una niña que murió prensada por un elevador descompuesto en el Hospital Regional 18 de Quintana Roo, y por haber salido a dar la cara dos días después de la tragedia para mandar condolencias, anunciar que se apoyaría a la familia y anunciar una demanda en contra de la empresa SITRAVEM, a la que el IMSS le otorgó el mantenimiento de los elevadores en ese y otros hospitales, a pesar de su reciente creación (2018) y de los señalamientos de riesgos y domicilios fiscales fantasma que pesan sobre esa empresa.

Tanto Robledo como Ramírez se disputan la nominación de Morena en el estado; el primero, se dice, es el favorito del presidente López Obrador, hijo del exgobernador Eduardo Robledo Rincón, quien fue gobernador de Chiapas de 1994 a 1995 en medio del conflicto zapatista de aquellos años. Zoé fue senador por el PRD de 2012 a 2108 y antes diputado local en el Congreso de Chiapas, de 2010 a 2012. Se afilió a Morena en 2017 y en las elecciones federales de 2018 fue electo diputado por el Distrito VI chiapaneco que ganó con 122 mil votos, pero solo estuvo un par de meses en San Lázaro porque el Presidente lo nombró subsecretario de Gobernación y a partir de mayo de 2019 ocupa la dirección general del IMSS.

El segundo fue militante del PVEM, partido que lo hizo presidente municipal de Comitán en 2008; luego fue diputado federal de 2010 a 2013; secretario de Gobierno del Estado en el sexenio de Manuel Velasco, y diputado local y presidente del Congreso estatal de 2015 a 2018. En aquel año, tras no verse favorecido con la candidatura a gobernador, renunció al Partido Verde y se afilió a Morena, partido por el que llegó al Senado, donde fue primero presidente de la Mesa Directiva hasta el 2021 y, a partir del 13 de junio pasado, fue nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política, tras la salida de Ricardo Monreal.

El duelo entre Zoé y Ramírez Aguilar será cerrado porque si bien el director del IMSS es visto como el candidato de Palacio, el senador tiene como ventaja su cercanía con el senador Manuel Velasco, actual aspirante de la 4T, y quien mantiene no solo fuerte ascendencia política sobre el PVEM en Chiapas, sino también a nivel nacional. Los verdes apoyan a Eduardo Ramírez y eso le daría una ventaja especial si la candidatura chiapaneca es parte de las negociaciones para la alianza entre Morena y el PVEM en la elección federal de 2024. Y es que la fuerza electoral y la estructura en Chiapas no la tiene el morenismo, sino los verdes, que fueron los verdaderos artífices del triunfo del actual gobernador Rutilio Escandón, por Morena, en el 2018.

La definición de la candidatura chiapaneca seguramente comenzará a resolverse después de septiembre, una vez que esté definido quién será el candidato de Morena a la Presidencia de la República y lo más seguro es que se defina también con el método de encuestas, que medirán a los aspirantes tanto del partido oficial como del PVEM. Pero ya desde hoy, la disputa está arreciando no sólo con golpeteos, mensajes y patadas debajo de la mesa, sino con bardas y espectaculares que ya aparecen por todo el territorio chiapaneco promoviendo la imagen de los aspirantes, particularmente de Zoé Robledo.

Así es que a lo “caliente” que está Chiapas en materia de inseguridad y violencia del narcotráfico, que ha crecido y se ha desbordado como nunca en la historia del estado bajo el gobierno del morenista Rutilio Escandón, se le sumará ahora el aumento de la temperatura política y la disputa por el poder que se avecina. Y si un año antes de que sean las elecciones ya hay golpes y acusaciones de “guerra sucia y fuego amigo” entre los aspirantes de Morena —que será de donde salga el próximo gobernador ante el debilitamiento del PRI-PAN y PRD en el estado— habrá que ver cómo se pone la guerra por Chiapas conforme se acerquen las definiciones.

NOTAS INDISCRETAS…

En una decisión salomónica, la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió ayer validar y legitimar el proceso interno del Frente Amplio por México, y por ende también el de Morena, al considerar que ambos son procesos en marcha que deben ser delimitados y regulados por el INE. Con solo 4 de los 7 magistrados que lo integran —porque los otros tres está de vacaciones—, la Sala Superior del Tribunal desechó el proyecto de la magistrada Janine Otálora que había planteado la ilegalidad de los dos procesos internos, tanto de Morena como del Frente, a los que se refirió como un “fraude a la ley” porque simulaban presuntos procesos partidistas para realizar actos anticipados de campaña y posicionar la imagen y el discurso de sus aspirantes presidenciales. Y aunque todos los magistrados presentes, al momento de emitir su voto, le reconocieron el trabajo y el análisis jurídico a la magistrada Otálora, al final la mayoría de tres rechazó su proyecto y estableció la legalidad de ambos procesos internos, con la condición de que se revise la normatividad vigente y el Consejo General del INE establezca los lineamientos que deberán respetar tanto Morena como el frente opositor para evitar violaciones flagrantes a la ley y la Constitución. Así que, aunque reconocen que ambos procesos de selección interna violentan las leyes vigentes, los magistrados, como el Rey Salomón, decidieron no comprar pleitos y quisieron quedar bien con Dios y con el Diablo (juzgue usted quién es quién) y de paso le devolvieron la pelota caliente al INE, que deberá establecer las reglas para los ya validados procesos para elegir a los candidatos presidenciales de ambos bandos. Todos contentos, ¿y las leyes? Esas no importan, desde el momento que el mismísimo presidente de la República las ignora, las violenta y cuando no quiere cumplirlas, busca formas ingeniosas para sacarles la vuelta y “no lo digo yo” eh, que conste…Los dados mandan una enorme Escalera Doble para los lectores y se guardan por unos días en el cajón para irse a recargar de energía en unas necesarias vacaciones. Volverán a girar el próximo lunes 7 de agosto. Hasta entonces queridos lectores.

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