EL AUDITOR SUPERIOR de la Federación, David Colmenares Páramo, hace contención de daños y busca revertir la imagen que dejó el pasado 30 de junio en la Cámara de Diputados, cuando respecto de la Cuenta Pública 2022, presentó los más pobres resultados de fiscalización de los que se tiene memoria, con apenas 86 Informes de Auditoría terminados y observaciones por tan sólo 62 millones de pesos.

Ayer, el órgano contralor publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) del último ejercicio, para incorporar a la lista original 21 nuevas auditorías y reorientar otras 10 más, principalmente hacia los sectores del gobierno que han sido señalados en los últimos meses por evidente corrupción.

De entrada, la estrategia de reivindicación pretende atajar las críticas sobre la desaparición, durante la gestión de Colmenares Páramo, de las auditorías de tipo forense, por lo que finalmente incluye nueve revisiones con este enfoque para organismos que ya no tienen oportunidad de ocultar sus escándalos, como Seguridad Alimentaria Mexicana, que todavía dirige Leonel Cota, y el Instituto Nacional de Migración, que aún encabeza Francisco Garduño.

Las auditorías forenses, aquellas que buscan profundizar en evidentes irregularidades para determinar la comisión de delitos, desaparecieron del PAAF original desde la revisión de la Cuenta Pública 2020.

Desde el mencionado año, tan sólo se han venido incorporando algunas que en la ASF aseguran son “de relleno”, por ejemplo: la realizada a la CFE, de Manuel Bartlett, y a su Central Hidroeléctrica de Malpaso, en la que se revisó el manejo de 25 millones de pesos y no se registraron observaciones.

Parece que la presión que sobre Colmenares ejercieron las críticas de los diputados, incluso de los representantes de Morena, sumadas a la presunción de un posible conflicto de interés por su cercanía con el diputado Ignacio Mier Velazco, obligaron al auditor a modificar el camino, por lo que ahora se ponen en la lupa, por lo menos en el papel, organismos clave para el gobierno de la 4T.

A detalle, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo, será auditado con enfoque forense por sus procesos de compra de alimentos.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que lleva Ernesto Prieto, por el manejo del “Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”; el sistema Prevención y Readaptación Social, a cargo de Hazael Ruiz, por sus procesos de adquisiciones de bienes y servicios en general.

Asimismo, la Secretaría de Agricultura, que comanda Víctor Villalobos, por los proyectos estratégicos operados por la Coordinación General de Agricultura.

Adicionalmente, en las modificaciones para las auditorías que ya estaban enlistadas en el PAAF 2022 original, destaca la incorporación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Luis Cresencio Sandoval, a las revisiones programadas para el Fonatur, que conduce Javier May, y para el Banco del Bienestar, a cargo de Víctor Lamoyi.

OTRO CASO DE opacidad y aparente fraude millonario azota al sector inmobiliario mexicano. Hablamos de Levy Holding, una empresa mexicana dirigida por Agustín Levy, creada en 2018 y dedicada al desarrollo inmobiliario. Esta compañía, a través de cinco marcas relacionadas, atiende todas las verticales necesarias para el desarrollo de cualquier tipo de inmueble, principalmente en El Bajío mexicano. Ahora bien, desde el punto de vista de gobierno corporativo, no logra transmitir tranquilidad ni claridad a sus inversores.

No respeta el derecho de la gente, ni cumple con su responsabilidad de administrador. En un esquema que parece más bien captación de recursos del público inversionista y pulverización de recursos para lucros indebidos, armado por Jorge Siegrist, antes director Jurídico de Grupo BAL y Vicepresidente Jurídico de Grupo Modelo, ha obtenido inversiones en montos que superan los cientos de millones de pesos. Desde hace años, cuando los inversionistas solicitan algo de claridad con relación a su inversión, algunos con demandas de por medio, prometen rendimientos extra normales y una supuesta salida a bolsa futura con muy pocos detalles y explicaciones alejados de la realidad.

En un esquema que se parece mucho al de Ponzi, los administradores de esta firma están cavando un hoyo cada vez más profundo del que parece no van a poder salir. Hasta ahora han logrado contener la situación convenciendo a los inversionistas de quedarse, con mentiras y diciendo que todo va a salir bien con una supuesta alianza con la marca americana Margaritaville, que esto sí va a llevarlos al éxito y a la desgastada promesa de una salida a bolsa sin sustento alguno. La realidad es que esto se dibuja de manera cada vez más clara como un fraude millonario enorme y es otro caso que daña la reputación del país ante los inversionistas.

EN EL COMUNICADO de evento relevante que Banco del Bajío publicó el 23 de junio pasado, informando el juicio iniciado por José Luis Sanvicente Ortiz, Bertín Gutiérrez Domínguez y Rubén Rodríguez Quezada, quienes demandan la nulidad de los convenios mediante los cuales, con acciones del Banco del Bajío le pagaron a Banco del Bajío deudas de las que respondían como obligados solidarios, la institución afirmó que: “… los Convenios Judiciales y la materia de éstos fueron celebrados con estricto apego al marco legal aplicable al momento de su celebración…”. Sin embargo, la Ley de Instituciones de Crédito prohibía en diciembre de 1997, fecha en que se celebraron los convenios, que un banco “sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” (hoy de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), adquiriera sus propias acciones, y que una sola persona asumiera más de 5% de su capital.

Para sustentar su afirmación, las huestes de Salvador Oñate deben publicar las dos autorizaciones que recibió de Hacienda, previamente a los convenios de dación en pago, para adquirir sus propias acciones y para que, al hacerlo, pudiera rebasar el límite de 5% de su capital.

LOS PROBLEMAS ACOMPAÑAN a los hermanos Luis y Mauricio Amodio. Luego de su fracasada participación en el Tramo 3 del Tren México-Toluca, y la mala relación que construyeron con Claudia Sheinbaum, ahora enfrentan un reto empresarial en España. Y es que el consejero delegado de OHLA, José Antonio Fernández Gallar, renunció sorpresivamente en pleno consejo de administración luego de fuertes diferencias al interior como consecuencia de los pobres resultados que ha tenido la compañía en el mercado bursátil desde que adquirieron la mayoría accionaria en mayo de 2020.

El incumplimiento de fechas en diversas obras y la mala fama de retrasos en pago a proveedores, ha permeado entre los inversionistas que siguen sin premiar el valor de la acción. Tomás Ruiz, el ex presidente del SAT, dos veces exsecretario de Veracruz con Javier Duarte, y hombre de la confianza de los Amodio, asumirá temporalmente el control de OHLA. La pregunta es si Ruiz logrará mejorar los resultados, disminuir el endeudamiento y ganar el arbitraje que enfrenta contra su socio Mohari, por el control del lujoso centro comercial Canalejas en Madrid.

ALGUNAS EMPRESAS QUE hoy tienen acciones jurídicas en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para poder participar en el complejo mercado de la publicidad exterior, se vieron beneficiadas por uno de los asesores de la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Se trata de Víctor Hugo Romo, ex alcalde de la Miguel Hidalgo, quien a través de sus subordinados, Roberto Vidal, entre otros, otorgaron minutas de reconocimiento por cientos de anuncios adosados a muros ciegos y que hoy en día han conseguido suspensiones en los juzgados con argucias legaloides. El tema está en litigio, pues es evidente que en la Seduvi, de Carlos Ulloa, y Emigdio Roa, no quieren reconocer los supuestos derechos que Romo les otorgó a través de trampas y corruptelas, al haber publicado un bando municipal que está hecho con los pies. Entre las empresas mencionadas se encuentran Visual Shot, Turismo Varey, Rojo 185, Image & Publicite  y Grupo Rentable.