Lo que ocurre en Guerrero sigue confirmando el empoderamiento creciente de los grupos criminales y la actitud cada vez más prescindente de las autoridades federales y estatales, con la diferencia de que la magnitud del fenómeno que se observa en ese estado es mayor a la de cualquier otro lugar del país.

Lo ocurrido en los últimos días debería ser, para las autoridades, bochornoso y, sin embargo, luego de varias jornadas violentas con bloqueos, muertos, toma de rehenes, la gobernadora Evelyn Salgado festejó que se lograra desbloquear la Autopista del Sol y liberar a trece elementos de seguridad que estaban secuestrados por los manifestantes, apelando, dijo, a “acuerdos con negociaciones y sin represión”.

Nadie sabe cuáles fueron esos acuerdos y qué contemplan. Lo que sí es un hecho cierto es que se confunde, demasiadas veces, la represión con la aplicación de la ley. Y son dos cosas muy distintas: un gobierno que aplica la ley y no permite la impunidad no tiene por qué ser un gobierno represivo. Pero un gobierno que tiene como norma dialogar con criminales después de que han cometido los delitos para terminar estableciendo acuerdos de impunidad, es un gobierno que, por lo menos, está resignando su responsabilidad.

Los grupos de manifestantes que bloquearon Chilpancingo y la Autopista del Sol, unos dos mil traídos de las zonas de control de este grupo, sobre todo en la montaña de Guerrero, eran parte de Los Ardillos, una organización criminal que controla una zona del estado. Fue ese grupo el que organizó los bloqueos, la quema de camiones, el que mató a transportistas en el fin de semana, el que dejó siete cuerpos desmembrados frente a la presidencia municipal, el que exhibió su relación con la alcaldesa de Chilpancingo, son los que arrebataron camiones blindados de la policía estatal para derribar instalaciones gubernamentales, los mismos que secuestraron a guardias nacionales y policías estatales.

Todo lo ocurrido desde el viernes hasta el día de ayer era porque pedían la liberación de dos de sus líderes que dicen ser transportistas, pero que en realidad son dos reconocidos narcotraficantes. Y la gobernadora Salgado nos dice ahora que todo se arregló firmando un convenio para construir caminos en la montaña de Guerrero.

Esa versión no es siquiera verosímil. Desde que se dejaron los siete cuerpos desmembrados (todos de una misma familia) hace dos semanas, Los Ardillos estaban reclamando que se cumpliera con lo que habían acordado con la alcaldesa de Chilpancingo. Difundieron el video para presionar en ese sentido. Cuando fuerzas federales detuvieron a dos de sus líderes, estalló el enfrentamiento en la capital del estado. Se liberó la autopista y a los 13 elementos policiales, pero todo lo ocurrido, incluyendo los asesinatos del fin de semana, quedó impune y los que han terminado demostrando su poder no son las autoridades, son los criminales que, incluso, exhibieron su capacidad de movilización sin pagar costo alguno. Es algo muy similar a lo que ocurrió en Chiapas la semana anterior con el secuestro de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad.

Los Ardillos son una organización criminal, le contábamos aquí el viernes pasado, que estuvieron encabezados por Celso Ortega Jiménez La Vela y sus hermanos Antonio Ortega Jiménez, El Ardillo, e Iván Ortega Jiménez, El Niño de Oro. Son hermanos de Bernardo Ortega Jiménez, quien fue presidente municipal de Quechultenango de 2002 a 2005, y luego líder de la bancada del PRD en el Congreso local en el 2012. Desde entonces han ido asumiendo cada vez mayor protagonismo y le disputan la capital y otros municipios a Los Tlacos.

En la disputa principal por Chilpancingo, a Los Ardillos se les atribuye el control de municipios como Zitlala, Chilapa, Quechultenango y Mochitlán, además de varias comunidades de Chilpancingo. En febrero pasado fue atacada la base de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de Buenavista de la Salud, donde murieron cuatro autodefensas. La UPOEG está acusada, a su vez, de ser una organización del crimen organizado. Los Ardillos tendrían presencia en una parte importante de la región Centro, Montaña Baja y particularmente en el circuito Río Azul.

Los Tlacos surgieron como grupo entre 2015 y 2016, su principal punto de operaciones está en el municipio de Heliodoro Castillo, en Tlacotepec. Aparecieron originalmente como un grupo de autodefensa contra Los Tequileros, el Cártel del Sur, lo que quedaba de Los Rojos (la fracción que dirigía Santiago Mazari El Carrete), y han disputado también el control de Iguala y Taxco. Explotan importantes minas que han arrebatado a sus dueños en la zona minera de Eduardo Neri (Mezcala y Carrizalillo), y tienen presencia creciente, casi hegemónica, en Chilpancingo.

Los Ardillos y Los Tlacos, decíamos el viernes, no sólo disputan el control sobre la capital del estado, disputan espacios políticos y autoridades, porque cada vez es más notable el poder que esos y otros grupos tienen sobre el poder público en el estado de Guerrero. En estos días, Los Ardillos lo volvieron a demostrar. Hay que esperar ahora la respuesta de Los Tlacos y de otros grupos, y que la espiral de violencia siga ascendiendo. Porque así sucede cuando la norma es la impunidad.