Mientras que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en Sonora ha sido más o menos constante desde su creación en diciembre de 2019, el principal indicador de su efectividad, el homicidio doloso persiste como un problema que apenas se ha podido contener en el Estado, de acuerdo a especialistas ciudadanos en seguridad pública.
Los observadores reconocen una leve mejoría en la incidencia pero advierten que no es por la presencia de la Guardia Nacional en territorio sonorense, sino por el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno con sus diferentes corporaciones. Para algunos, la GN no ha mejorado, sino empeorado la situación de la seguridad pública.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló recientemente que la Guardia Nacional es hoy una institución fuerte, capacitada y con un despliegue de más de 100 mil elementos en el país.
Según el informe de Causa en Común y el Observatorio de la Guardia Nacional, denominado “Guardia Nacional 4 años de una definición militarista”, el despliegue operativo de la GN en Sonora, de diciembre de 2019 a marzo de 2023 indica que inició con la presencia de 2 mil 621 elementos en 2019 y para 2020, la cifra se redujo a 2 mil 438; en 2021 subió a 2 mil 669; en 2022, se incrementó de nuevo a 2 mil 797 y para marzo de este 2023 se tenían registrados 2 mil 464 operativos.
Marco Paz Pellat, director del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, apuntó que a la luz de los números del homicidio doloso, principal indicador para medir la violencia en el país que tiene que ver con el crimen organizado, este indicador no ha bajado desde la creación de la GN, al contrario se ha incrementado.
“Estamos viendo niveles históricos en el número de homicidios dolosos en esta administración comparada con las administraciones anteriores. Podemos decir que el trabajo de la GN no ha resultado del todo positivo”, comentó.
Sin embargo destacó que a nivel Estado, en el último año se rompió una tendencia de crecimiento de niveles históricos del homicidio doloso, pues hasta el 2020, año con año se rompía el récord en este indicador, pero en el 2022 comparado con el 2021, se redujeron los homicidios doloso en 24%, cifra basta importante y en el 2023 sigue esta tendencia, aseguró.
En este sentido Krimilda Bernal Hoyos, del Observatorio Sonora por la Seguridad, confirmó lo dicho en cuanto a esa tendencia de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente en el tema de homicidios dolosos.
“Hubo 776 carpetas de investigación en 2018; en 2019 se registraron mil 099 carpetas, en todo Sonora; en 2020, la cifra se disparó a mil 370; en 2021 se incrementó a mil 642 carpetas; y en 2022 hubo una ligera disminución a 1,473 carpetas de investigación por homicidio doloso”, detalló. De acuerdo a estas cifras, el número de carpetas de investigación por homicidio doloso se redujo 10.29% en 2022 con relación al 2021.
Pero —dijo— hay que destacar que mientras se reducen los homicidios dolosos a nivel nacional y a nivel estatal, aumenta el número de desapariciones y también son más notorios los ataques armados en las diferentes localidades, además en el homicidio culposo, de enero a mayo de 2023 aumentó el número de carpetas y se redujeron las de homicidio doloso. Todo esto sin contar que se sospecha del maquillaje de cifras y además está la cifra negra, que son todos aquellos casos que no se denuncian formalmente, así como las personas desaparecidas cuyos cuerpos aún no han sido localizados, comentó.
Paz Pellat acota que el freno a los homicidios dolosos en Sonora no se podría atribuir solamente al apoyo de la Guardia Nacional, sino más bien al liderazgo del propio gobernador Alfonso Durazo que ha estado al frente de las mesas para la construcción de la paz, así como al incremento del número de policías de Seguridad Pública que este año se van a duplicar con relación a los que teníamos en el 2020 y también se debe a una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno.
“En Sonora ha sido útil la GN, pero no se les puede atribuir todo el éxito en la estrategia de seguridad pública”, declaró.
La GN fue creada como instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en todo el país y en un planteamiento original se proyectaba que estaría conformada por efectivos de las policías Militar y Naval, así como de la Policía Federal, y adicionalmente se convocaría a civiles y a elementos de tropa para que se integrasen.
La iniciativa para crear la GN fue presentada en noviembre de 2018, y se aprobaría finalmente en febrero de 2019. El 30 de junio de 2019, en un acto denominado “despliegue por la paz”, se dio el arranque oficial al inicio de funciones de la GN, misma que, según datos oficiales, iniciaría con un despliegue de 70 mil elementos en 150 regiones del territorio nacional.
Sin embargo, apunta el citado informe de Causa en Común, el inicio de operaciones de la GN coincidió con un importante repunte de la violencia, pues los primeros cinco meses de 2019 perfilaban que se viviría el año con más víctimas de homicidio doloso desde que se tiene registro en México.
Con la llegada de la Guardia Nacional, al principio las organizaciones de la sociedad civil le concedimos el beneficio de la duda, pero a como se fue desarrollando y como se empezó a operar, hubo preocupación porque a cinco años, sigue siendo militar y en consecuencia se tiene la militarización de la seguridad pública en los municipios donde se han incorporado mandos militares a la seguridad pública, destacó Krimilda Bernal Hoyos.
La directora del Observatorio Sonora por la Seguridad dijo que con el paso de los años, empezamos a ver como las cifras de la incidencia delictiva iba en aumento, vimos como los ataques armados se fueron incrementando a lo largo del país, como municipios Cajeme, Guaymas, San Luis Río Colorado, Caborca, en su momento Hermosillo, empezaron a tener enfrentamientos y la situación compleja que ya se vivía comenzó a recrudecer mucho más.
“Mucha de la violencia aumentó con la llegada de la Guardia Nacional que llegó con la excusa de resolver la violencia en esas zonas. Muchos alcaldes y alcaldesas vieron a la GN como la varita mágica para resolver la situación de inseguridad pero la situación fue completamente distinta”, expresó.
La especialista indicó que se noto mucho el cambio de un mando civil a un mando militar, tanto en Cajeme como en Hermosillo o Empalme y se noto como muchos municipios pequeños empezaron a tener cifras alarmantes de violencia, enfrentamientos y sobre todo personas desaparecidas.
“Con la llegada de la GN también se ve cómo se incrementa el número de células delictivas, según se refleja a través de los medios de comunicación, como el caso de Caborca que se cerró en dos ocasiones”, indicó.
El discurso de construcción de paz del Gobierno federal —advirtió— sigue sin dar los frutos prometidos, se tienen bases de la GN en zonas críticas como Santa Ana, Caborca, y otros municipios, pero esos municipios son los que más enfrentamientos hay y donde hay menos intervención de las autoridades cuando hay enfrentamientos.
“De nada sirve tener base de la GN y que lleguen más elementos si la situación está empeorando, llegan a costa de los municipios, pero no se ven soluciones desde 2019, al contrario, ahora estamos viendo situaciones mucho más complicadas”, resaltó.
Krimilda Bernal consideró que hace falta voluntad de quienes están en la cadena de mando desde lo local, desde los municipios, de la Policía Estatal, de la Fiscalía, que han abandonado muchas de las necesidades institucionales de los tres niveles y a la par vemos como se han olvidado las policías municipales, muy pocas son las que han logrado subir los escalones de dignificación policial.
“Y hay otras en las que los elementos están renunciando porque ya no quieren seguir por las condiciones de seguridad, las condiciones humanas y laborales son hostiles, no tienen presupuesto para realizar sus labores, hay patrullas que no tienen gasolina, hay quienes tienen que comprar su uniforme y quienes han sido asesinados en el cumplimiento del deber y muchos viven en la incertidumbre”, remató.
El informe de Causa en Común y el Observatorio de la Guardia Nacional señaló que a cuatro años del inicio de actividades de la GN, el mando superior de dicha institución y sus mandos intermedios están a cargo de miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas. Además, más del 70% de los elementos que conforman la institución provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar).
En 2022 la GN tenía 128 mil 233 elementos, de los cuales el 71% eran militares provenientes de la Sedena (76 mil 400) y de la Secretaría de Marina (14 mil 541).
En este sentido, la directora del Observatorio Sonora por la Seguridad subrayó que la GN no ha cumplido con lo establecido en la ley, porque sigue siendo operada por personal militar activo, cuando debería ser operada por personal civil.
“En sí la transición debió ser de elementos de la Policía Federal a la GN y no incorporar a los elementos de las Fuerzas Armadas y en todo caso, es necesario que los militares sean fiscalizados y estén subordinados a superiores civiles, o sea policías civiles, pero vemos que su mando y su entrenamiento es militar”, apuntó.
El informe de Causa en Común apunta que de acuerdo al capítulo III de la Ley de la Guardia Nacional, ésta tiene las siguientes atribuciones: salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas; vigilancia de instalaciones estratégicas; efectuar tareas de verificación e investigación para la prevención de delitos y de infracciones administrativas; poner a disposición de autoridades competentes a personas y bienes; recibir denuncias; realizar detenciones y aseguramiento de bienes; dar atención a víctimas; imponer sanciones; inspección de documentos migratorios y resguardos de estaciones migratorias; entre otras.
En total, se confirieron 43 atribuciones a la GN, pero a la fecha, un equipo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha contabilizado ya 246 atribuciones civiles a las Fuerzas Armadas, entre ellas temas hasta ahora reservados a las autoridades y personal civil, como la construcción del llamado Tren Maya, o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otras muchas actividades.
El informe del Observatorio de la Guardia Nacional apunta que en materia de capacitación, para que los elementos puedan ejercer su actividad policiaca, deben contar con el Certificado Único Policial (CUP).
En el caso de esta corporación, de 2019 al 17 de abril de 2023, se había otorgado el CUP a 62,629 integrantes de la GN, de los cuales 7,447 se encontraban en proceso de evaluación. Es decir, a cuatro años del inicio de operaciones, el 49% de los elementos de la GN contaba con el CUP, y el resto opera de forma irregular.
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