En un revelador informe, se ha descubierto a través de una solicitud de transparencia que los diputados locales de la actual legislatura en el estado de Sonora, México, han recibido una suma exorbitante de más de 400 millones de pesos solamente en concepto de “dietas”. Esta revelación ha generado indignación y críticas por parte de la ciudadanía.

Las “dietas” son una compensación económica adicional que reciben los legisladores por su trabajo en el Congreso. Sin embargo, la magnitud de estas cifras ha generado cuestionamientos sobre la necesidad y justificación de dichos pagos.

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Según la Constitución Política, si un diputado o senador no asiste a una sesión sin una razón válida o sin permiso de su cámara respectiva, no debería recibir la dieta correspondiente a ese día. Sin embargo, parece existir una falta de control y seguimiento en este aspecto, lo que permite que se otorguen estas remuneraciones incluso en ausencia injustificada.

La razón legal detrás de las “dietas” es argumentar que los legisladores incurren en gastos adicionales relacionados con su trabajo legislativo, como viajes, alojamiento, comidas y transporte. Además, se justifica como una compensación por la dedicación exclusiva que implica el cargo y como un incentivo para evitar ausencias injustificadas.

Sin embargo, muchos ciudadanos cuestionan la necesidad de estas altas sumas de dinero y consideran que podría asignarse de manera más responsable. La cantidad asignada a cada fracción parlamentaria en Sonora durante el período de 2018 al 2022 revela una distribución desproporcionada, donde Morena encabeza la lista con una asignación de más de 68 millones de pesos, seguido por el PRI con más de 36 millones de pesos y el PAN con más de 25 millones de pesos, entre otros partidos.

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Además, se ha revelado que algunos diputados han recibido montos significativos en concepto de dieta. Fermín Trujillo, diputado pluri de Nueva Alianza, lidera la lista con más de 6 millones de pesos acumulados desde 2018 hasta finales de 2022. Le siguen Alejandra López Noriega, Ernestina Castro, Héctor Raúl Castelo y María Alicia Gaytán, quienes han recibido cantidades que oscilan entre los 4 y 5 millones de pesos.

Este escandaloso caso pone en entredicho la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos. La ciudadanía exige una revisión exhaustiva de estos pagos y una rendición de cuentas por parte de los legisladores.

La sociedad en Sonora espera respuestas por parte de las autoridades. Es crucial que se fomente la transparencia y la rendición de cuentas, recordando siempre que los recursos públicos deben ser utilizados en beneficio de todos los ciudadanos y no en beneficio propio de unos pocos.

Con información de hyeomans.com