El Tribunal Electoral federal (TEPJF) ha dado carpetazo al desvío de 250 millones de pesos en el que estuvo envuelto el exgobernador de Chihuahua César Duarte y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016. El máximo tribunal en materia electoral ha confirmado este miércoles una resolución adoptada por el INE el pasado 30 de marzo, en la que concluyó que no hay certeza de que los recursos malversados, una vez convertidos en dinero líquido, hubieran ido efectivamente a parar a las cuentas del partido o a sus campañas electorales. La sentencia del TEPJF, aprobada por una mayoría de cuatro votos contra dos, deja sin sanción uno de los mayores casos de corrupción política de los últimos tiempos: la Operación Safiro, un sofisticado mecanismo de desvío de recursos que involucró al Gobierno de Duarte, a líderes de la plana mayor del PRI —que entonces dirigía Manlio Fabio Beltrones— y a funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Hacienda de Enrique Peña Nieto.

Este caso de desvío de recursos tiene una vertiente penal que ha seguido otro derrotero. El aspecto electoral, que ha pasado por las manos del INE y el TEPJF, se basa en la presunción de que los recursos desviados se usaron para financiar campañas electorales del PRI en las elecciones intermedias de 2015 y las estatales de 2016, según los indicios obtenidos por la Fiscalía de Chihuahua —que comenzó a indagar el delito una vez que el panista Javier Corral arrebató la gubernatura a Duarte— y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esas indagatorias, sumadas a la que elaboró la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, han probado que funcionarios públicos, empresarios corruptos y políticos afiliados al PRI —simples militantes y mandos estatales y nacionales— participaron en todas las etapas del mecanismo de desaparición de los recursos: desde su dispersión a cuentas de empresas fachada hasta su conversión a dinero líquido mediante el cobro de cheques en ventanillas bancarias.

A pesar de las pruebas que muestran cómo el partido prestó su estructura política para posibilitar el desvío y blanqueo de recursos, el magistrado Felipe Fuentes, autor del proyecto de sentencia, ha considerado que no se puede concluir que el mecanismo tuvo por objeto beneficiar al PRI. “Yo, de todo el material probatorio, si bien se justifica una primera etapa de que sí existe un desvío de recursos, no se justifica la conclusión en el sentido de que esos recursos hubieran beneficiado o se hubieran dirigido hacia el Partido Revolucionario Institucional”, ha sostenido el magistrado. Sus colegas Mónica Soto, Indalfer Infante y José Luis Vargas votaron a favor de su proyecto. El magistrado Felipe Fuentes se ha ausentado de la sesión.

Los magistrados Reyes Rodríguez, presidente del tribunal, y Janine Otálora se pronunciaron porque el asunto fuera devuelto al INE, a fin de que este hiciera un nuevo análisis de las pruebas con un nuevo enfoque, partiendo de que los autores de esquemas de corrupción buscan, precisamente, impedir la trazabilidad del dinero, de modo que no se puede esperar que haya pruebas indubitables o “directas”. “Creo que se establecen los argumentos suficientes para exigir al INE un nuevo análisis probatorio, teniendo en cuenta que en estos casos en donde se denuncian esquemas de desvíos de recursos no resulta válido exigir un estándar probatorio de prueba directa, ya que estos esquemas están diseñados, precisamente, para evitar o eludir la existencia de estas”, ha dicho el magistrado Rodríguez.

El presidente del tribunal ha añadido que la Sala Superior ha llegado a la imposición de sanciones en casos de corrupción mediante “inferencias lógicas de pruebas indirectas”. En el caso de la Operación Safiro, una prueba “indirecta” es la participación de funcionarios de gobiernos priistas y militantes del mismo partido en la trama corrupta. Rodríguez ha ejemplificado que de esa manera se pudo castigar el Pemexgate, que involucró un desvío del sindicato de Pemex al PRI; el caso Amigos de Fox, sobre un financiamiento ilegal a la campaña presidencial del PAN en 2000, o el caso Estancias infantiles del Partido del Trabajo, una fachada de desvío de recursos. El magistrado Fuentes defendió su proyecto con el argumento de que en el caso del Fideicomiso de Morena no se sancionó al partido a pesar de que se probó la participación de sus militantes en el manejo de los recursos.

La Fiscalía de Delitos Electorales mantiene abierta una carpeta de investigación por la Operación Safiro desde hace siete años, pero no la ha llevado ante un juez. La vertiente penal por delitos de corrupción de funcionarios públicos se encuentra entrampada en la Suprema Corte de Justicia, a raíz de un pleito entre la Fiscalía General de la República y el Gobierno de Chihuahua por el control de la investigación. El exgobernador Duarte, por su parte, se encuentra vinculado a proceso en su Estado por otros asuntos de corrupción, a la espera de sentencia, pero no por el caso Safiro. Los altos funcionarios del Gobierno peñista, desde Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda en el año de los hechos, hasta el propio expresidente, no han sido llamados a rendir cuentas.