Un nuevo militar ha sido detenido en el marco del caso Ayotiznapa. El coronel Rafael Hernández Nieto, el segundo de más alto rango entre los detenidos y comandante en su día de uno de los cuarteles de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los 43 estudiantes hace ya casi nueve años. La Fiscalía General de la República (FGR) le acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada. La captura del coronel es consecuencia directa de la reactivación este junio de 17 órdenes de detención, emitidas ya el verano pasado y después canceladas un contexto de fuertes presiones dentro de la Fiscalía contra los investigadores del caso. Ya son 9 los militares encarcelados.
Hernández Nieto, ya retirado, fue detenido a media tarde de este jueves en la ciudad de Puebla. En la ficha que consta en el Registro Nacional de Detenciones se le describe al momento de su captura como un hombre de “cabello cano, lentes y vestimenta tipo pants”. Hernández fue uno de los altos mandos del 41 Batallón de Infantería de Iguala. El otro responsable del segundo cuartel de la ciudad donde sucedieron los hechos también está encarcelado, desde el año pasado, acusado igualmente de desaparición forzada y delincuencia organizada. Se trata de José Rodríguez, comandante del 27 batallón de Infantería.
Los supuestos lazos entre el crimen organizado en la zona y la autoridades, en especial el Ejército, ha sido una de las principales líneas de la Fiscalía tras el impulso de las investigaciones sobre el caso llevado a cabo por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las nuevas pesquisas desmontaron la visión de la entonces procuraduría durante el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que trató de imponer entre mentiras y torturas la “verdad histórica”, una línea de investigación falsa sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Los responsables de la antigua dependencia están también encarcelados o prófugos en el extranjero.
Pese al nuevo impulso, incluida la creación de una comisión gubernamental y un fiscal especial para un caso particularmente traumático y simbólico en las historia reciente mexicana, los avances parecían estancados a finales del año pasado. Así lo certificó en primavera el tercer grupo de investigadores, los expertos que la CIDH comisionó para el caso, el GIEI, que apuntaba a dos nodos clave para desatascar las investigaciones. Por un lado la resistencia del Ejército a entregar información sobre lo ocurrido durante los días del suceso. Por otro, la reactivación de las órdenes de captura canceladas el año pasado. La unidad especial de la Fiscalía había logrado que un juez emitiera 21 en total. Entre ellas, 16 contra militares.
La detención esta semana del coronel Hernández parece indicar el principio de nuevos movimientos una vez superada la crisis del año pasado que precipitó el bloqueo. Las órdenes canceladas de agosto respondieron a un conflicto entre el fiscal general, Alejandro Gertz, y unidad especial del caso de Ayotzinapa, encabezada entonces por Omar Gómez Trejo. En septiembre, Gómez Trejo renunció y el Gobierno presionó para el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, cercano al presidente López Obrador. Este junio, 10 meses más tarde, las mayoría de las órdenes de captura volvieron a estar vigentes. De las 17 órdenes reactivadas, 16 son contra militares y una contra un civil.
