La Asociación Civil Kino Limpio y Seguro ha denunciado a través de las redes sociales que las playas de Bahía de Kino están siendo objeto de privatización por parte de personas o empresas que lucran ilegalmente con la venta de espacios por debajo de las carpas en la playa, a un costo de $450. Esta práctica no cuenta con ninguna regulación ni permisos oficiales.
Usuarios en redes sociales se han sumado a la denuncia, agregando que también se está cobrando $100 por estacionarse en el área conocida como “domo”. Los responsables de este negocio ilícito se desplazan en lujosas camionetas pickup, dejando en evidencia la lucratividad de la actividad. Es importante destacar que las playas son de carácter público y es ilegal cobrar por algo que pertenece a todos.
Se acerca la temporada de vacaciones de verano, en la cual más de 50,000 sonorenses suelen disfrutar de las playas de Bahía de Kino, según la afluencia registrada durante la Semana Santa de este año. Ante esta problemática, las autoridades aún no han brindado ninguna explicación, a pesar de que se trata de una queja recurrente en las redes sociales y un tema que se repite año tras año. Es fundamental cuestionar quiénes se benefician de esta impunidad por parte del Gobierno Municipal de Antonio Astiazarán.
La situación ha generado una creciente indignación entre la población, que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes para frenar la privatización ilegal de las playas y garantizar el acceso libre y gratuito a todos los ciudadanos.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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