Tras la jornada de intensos enfrentamientos entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad en Chilpancingo, Guerrero, comenzó a circular un comunicado aparentemente firmado por el Cártel del Sur y Los Rojos en el que amenazaron a la gobernadora Evelyn Salgado con difundir sus “tranzas” e iniciar una incursión violenta en la capital.
En el escrito, los grupos criminales acusaron a la funcionaria de no cumplir “los acuerdos” que supuestamente habría mantenido con ambas organizaciones, pues denunciaron que “habíamos quedado que la plaza de Chilpancingo es para nuestro grupo y la zona de [Circuito] Río Azul sería para Los Ardillos”.
Conviene acotar que una de las principales hipótesis respecto a la movilización y confrontación de más de dos mil pobladores contra las autoridades en Chilpancingo habría sido convocada para exigir la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel, alias “El Topo”, líder transportista y supuesto jefe de la Policía Comunitaria Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), brazo armado de Los Ardillos.
La gobernadora fue acusada de permitir la presencia de Los Ardillos en la capital.
“El Topo” fue capturado por la Policía Estatal el 5 de julio junto con Bernardo Chávez Cruz en la carretera México-Acapulco. A ambos se les aseguraron armas y varias dosis de droga, según el reporte de la Fiscalía General de la República (FGR). Además, Echeverría Peñafiel fue vinculado a proceso este 10 de julio por delitos contra la salud en su modalidad de trasiego de narcóticos y por posesión de cargadores exclusivos del Ejército, ilícito por el cual también fue vinculado Bernardo Chávez.
Los informes sobre la presencia de Los Ardillos en la capital guerrerense se nutrieron recientemente con el video que expuso a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, en una reunión con Celso Ortega Jiménez, supuesto líder de la estructura delictiva. Según los cárteles del Sur y Los Rojos, la predominancia de dicho grupo en la demarcación significaría una fractura en sus acuerdos con las autoridades estatales.
“Hay que tener palabra, usted dijo que tenía ovarios y que estaban más puestos qué los huevos de cualquier hombre […] Chilpancingo es nuestro y no vamos a permitir que se siga burlando de nuestra empresa. Por la falta de seriedad pagarán inocentes, tanto niños como jóvenes, mujeres y ancianos”, advirtieron en su mensaje dirigido a Evelyn Salgado.
Presuntamente, las movilizaciones en Chilpancingo habrían sido realizadas con la intención de exigir la liberación de dos transportistas y supuestos integrantes de Los Ardillos.
Aparentemente, como parte de los presuntos pactos entre la gobernadora y tales organizaciones se habría concretado la entrega de camionetas y una inversión de hasta 350 millones de pesos en sus negocios. “Los compromisos se cumplen, y si no cree, vamos a sacar el video donde esta pactando con nosotros y lo vamos a cumplir”, añadieron.
En el amenazante pronunciamiento, el Cártel del Sur y Los Rojos anticiparon que ya habrían establecido alianzas con otros cárteles para confrontar a Los Ardillos y recuperar la región de Chilpancingo. “En estos días van a conocer nuestra fuerza”, agregaron.
Los orígenes del Cártel del Sur se remontan al año 2014, cuando una escisión de Los Rojos decidió consolidarse como un grupo independiente de autodefensas. Su principal líder es Isaac Navarrete Celis, alias “El Señor de la I”, quien ha comandado al grupo en actividades como la siembra y el trasiego de amapola, así como en la disputa armada contra otros grupos comunitarios del estado.
Los Rojos, por otro lado, nacieron como una fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva fundada por Jesús Nava Romero, alias “El Rojo”, quien fue asesinado en 2009 en el mismo operativo en que la Secretaría de Marina (Semar) abatió a Arturo Beltrán Leyva. Esta célula es identificada como una de las principales rivales de Los Ardillos al menos desde 2016.
Cárteles amenazaron a Evelyn Salgado y la acusaron de proteger a Los Ardillos: “Van a conocer nuestra fuerza”
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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