El proceso electoral actual recuerda la teoría del caos, que sostiene —siendo muy simplistas— que pequeñas variaciones en un sistema determinado en el cual las condiciones iniciales estaban ya establecidas pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo.

Es algo de lo que está pasando en esta campaña electoral adelantada, que legalmente no existe, que tendría que iniciar dentro de cuatro meses, pero que ya está entre nosotros desde hace casi un año. Las condiciones iniciales fueron modificadas por el presidente López Obrador lanzando la campaña anticipada de lo que él llamó sus corcholatas, en realidad, los aspirantes presidenciales de Morena hace más de un año.

Todo lo demás ha sido consecuencia de esa decisión política, aprovechando una suerte de vacío que se llenaba con la buena voluntad de los mandatarios para no involucrarse abiertamente en los procesos electorales. Puede quejarse López Obrador de que Vicente Fox se involucró en el proceso de 2006, pero no se asemeja en nada al intervencionismo actual. Y ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto intervinieron en sus respectivos procesos electorales en 2012 y 2018.

Cuando el presidente López Obrador dice que no le permiten expresarse, en realidad lo que quiere decir es que quiere participar aunque viole la ley, utilizando recursos públicos (las mañaneras y su transmisión los son) para objetivos partidarios. Si a eso le sumamos que, además, en esas campañas se viola descaradamente la ley divulgando información oficial, privada, que sólo puede ser proporcionada por el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos en el peor escenario posible.

El INE y el Tribunal Electoral, incluso en un ejercicio de pragmatismo, deben poner límites al presidente López Obrador, a los partidos y a sus precandidatos. El actual proceso ya se ha ido de las manos y transita fuera de la ley electoral. Pero es posible establecer aún qué se puede y qué no se puede hacer con claridad. No se podrá ya detener el proceso de selección de Morena ni el del Frente Amplio, pero sí se pueden poner normas mínimas, como, por ejemplo, respecto al financiamiento y las actividades que se pueden realizar.

Hace unas semanas, el presidente López Obrador se reunió con los consejeros del INE supuestamente para que le dijeran, dijo el propio Presidente, qué podía hacer en este proceso electoral. Luego su vocero Jesús Ramírez se reunió con Guadalupe Taddei, supuestamente para eso mismo. Lástima que el INE no dio a conocer el contenido de esos encuentros. Pero, o la consejera presidente del INE no le explicó al vocero y organizador de las mañaneras y al propio Presidente qué es lo que podían hacer o estos la ignoraron completamente.

El INE tiene que salir de la maraña burocrática e incluso de sus desencuentros derivados de los cambios en su formación y debe establecer clara y públicamente qué es lo que se puede o no hacer en este proceso ya en marcha. Y se debe detener un incumplimiento generalizado de las normas electorales cuando comience legalmente la campaña electoral. Si ahora no se establecen con claridad normas sobre financiamiento, ¿quién lo va a controlar ya en plena campaña? Si no queda claro qué tipo de eventos se pueden realizar, ¿quién los determinará en el futuro inmediato? Si no se establecen con claridad las prohibiciones que tiene el Ejecutivo federal, en todos sus niveles, para participar en el proceso electoral, la mañanera y el accionar del gobierno se convertirán en una maquinaria electoral inexorable, con el riesgo de convertir todo el proceso en una elección de Estado.

Incluso, siguiendo la teoría del caos, todo esto puede llevar a un resultado impredecible, como una hipotética invalidación de las elecciones: si se violaron todas las normas, incluso mucho antes de que comiencen las precampañas, y esa dinámica continúa en los próximos once meses, cualquiera desde el oficialismo o desde la oposición podrá pedir la anulación del proceso, lo que dejaría al país frente a un abismo que nunca hemos, hasta ahora, divisado.

Aquella frase presidencial de que “no vengan con que la ley es la ley” es lo que se ha convertido en realidad. Es verdad que nuestras leyes en la materia son anacrónicas y que las reformas de 2007 y de 2013 lo que han hecho es tener un sistema terriblemente rígido y sobrerregulado. Se dice que los sistemas que funcionan bien son los que tienen reglas flexibles que se aplican de forma estricta, y los que fallan son los que tienen normas estrictas que se aplican de forma flexible. Es hora de que el INE asuma su protagonismo en todo esto e incluso asumiendo lo ya andado y por andar con pragmatismo, pero también con claridad especifique públicamente qué se puede y qué no se puede hacer de cara al futuro en estos procesos adelantados y luego en la campaña en sí. Si no, en el caos, los resultados finales pueden ser absolutamente impredecibles.

EL COMANDO NORTE

La Cancillería, a través del subsecretario Roberto Velasco, me dice que la iniciativa para sacar a México del Comando Norte no es de la Defensa, sino del Partido Republicano y que la Casa Blanca no duda en mantener a México dentro de ese ámbito. Se agradece. Es una aclaración y una diferencia importante. Pero sigue siendo significativa si asumimos que el Partido Republicano tiene la mayoría en el Capitolio y puede ganar las elecciones presidenciales del próximo año.