Nos cuentan que Carlos Sánchez Meneses, quien formó parte del primer equipo de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene de qué preocuparse mientras esté amparado por el lema de este sexenio: 90% de lealtad, 10% de capacidad. Don Carlos, nos recuerdan, brincó de ayudante presidencial a ser parte de los funcionarios encargados de la operación del fallido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y, al disolverse el mismo, se quedó sin techo laboral. Pero ya amarró nuevo “encargo”, con un sueldo superior a 107 mil pesos mensuales, como coordinador normativo de la Dirección General del IMSS. Nos dicen que, ojalá, el señor Sánchez desquite el austero sueldazo y cuide la normatividad de seguridad en los mortales elevadores del IMSS.

A propósito de las denuncias sobre el negocio que presuntamente se operaba desde las áreas jurídicas de Palacio Nacional con los órganos de justicia, nos comentan que hay que voltear a ver al Consejo de la Judicatura Federal. Nos cuentan que durante la presidencia del ministro Arturo Zaldívar los acuerdos se firmaban sin discusión y sin cambiar una sola coma. ¿Será que los consejeros saben exactamente qué fue lo que firmaron? Una pregunta abierta, nos hacen ver, es si bastará con que ahora sí sesionen y discutan los plenos, y qué otras medidas tomará la ministra presidenta Norma Piña para evitar que se repitan episodios similares.

Nos cuentan que, si había tensiones internas en Movimiento Ciudadano por el rechazo del partido a una alianza opositora, la posición pública que fijó el líder nacional Dante Delgado frente a ese debate generó mucha preocupación en las filas naranjas. Nos recuerdan que don Dante hizo una especie de “autodestape” como aspirante presidencial, con lo que la inconformidad ya no sólo es del llamado Grupo Jalisco de Enrique Alfaro, sino que en varios estados y entre liderazgos de la Ciudad de México se prendieron alertas. Si de entrada no era muy popular la estrategia aislacionista, el anuncio de la posible postulación complicó más las cosas. No falta quien pida a los emecistas recordar el desastre panista de 2018, cuando Ricardo Anaya, siendo dirigente nacional del partido, se lanzó como candidato presidencial. No se vale ser quien reparte la baraja y guardarse los ases en la manga, dicen.

Nos dicen en el Senado que ya nadie se acuerda de la comparecencia pendiente del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien sigue tan campante casi cuatro meses después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron encerrados 40 migrantes. Nos cuentan que pese al proceso penal que tiene abierto por ese caso, don Francisco ni suda ni se acongoja y, por el contrario, anda muy esperanzado de que recibirá el visto bueno de Palacio Nacional para ser candidato a diputado federal en 2024 y asegurar fuero. ¿Será que la protección llegue a tanto?