Un análisis jurídico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República advierte que hay riesgo de que en agosto de 2024 haya dos Congresos de la Unión simultáneos por un mes, lo que podría generar una crisis constitucional y de gobernabilidad.

Esto se debe a que los actuales diputados y senadores fueron electos para concluir su mandato el 31 de agosto de 2024, pero una reforma a la Carta Magna de 2014 establece que los nuevos legisladores iniciarán funciones el 1 de agosto, por lo que ambas Legislaturas, es decir, la 65 y la 66, estarían en funciones al mismo tiempo de no haber un cambio legal.

De acuerdo con versiones, se busca que los actuales diputados y senadores dejen su encargo el 31 de julio para que los electos en 2024 asuman funciones el 1 de agosto como parte de la reforma de 2014, que también modificó para el 1 de octubre la fecha en que iniciará su mandato el próximo presidente del país.

Con ello, de no aprobarse una reforma constitucional en la materia o lograrse un acuerdo político se tendría el escenario de que los actuales 128 senadores y los 500 diputados seguirían en funciones hasta el 31 de agosto de 2024, pero también ya estarían en funciones los otros 628 legisladores que serán electos el próximo año y que estarían tomando posesión desde el 1 de agosto.

Al respecto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo a EL UNIVERSAL que “todavía no hay consenso en este tema, el bloque de contención no se ha reunido y si la opción es la reforma constitucional, pues tiene que existir consenso, pero hasta ahora no lo hemos analizado. El mandato que tenemos en este momento es que somos senadores por seis años y en esos términos debe cumplirse hasta que se llegue a un acuerdo político, pero hasta ahora no hay acuerdo y ese es el marco legal vigente”, dijo.

Indicó que el tema se ha planteado desde la Junta de Coordinación Política en un análisis del área jurídica, pero esa no es la posición de la junta, por lo que “no hay consenso aún de los grupos parlamentarios del Senado”.

En dicho análisis del Senado, en poder de EL UNIVERSAL, se establece que, derivado de la reforma a los artículos 83 y 65 constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2024, “existe un conflicto normativo evidente sobre los tiempos para la renovación del Congreso de la Unión en 2024, ya que simultáneamente a la obligación de iniciar el periodo de sesiones ordinarias de la LXVI Legislatura el 1 de agosto del 2024, ello de acuerdo al artículo 65 constitucional, también se tiene que respetar lo establecido en el artículo 56 constitucional, cuya consecuencia lógico-jurídica es respetar la duración del cargo de los legisladores [actuales] hasta el 31 de agosto de 2024”, se advierte en el documento.

El documento Propuestas relativas a la transición de la Legislatura LXV a la Legislatura LXVI indica que “resulta necesario establecer la nueva vigencia que tendrá el tercer año de ejercicio de la legislatura del año en que dé inicio el encargo del presidente de la República, de forma que se armonice con lo que marca el artículo 65 constitucional para que así el encargo de los actuales senadores concluya el 31 de julio de 2024”.

Se destaca la urgencia de realizar adecuaciones, entre las que se propone una reforma constitucional al artículo decimoquinto transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014, la cual, “si bien daría solución a la transición y no implicaría hacer ninguna modificación a las leyes secundarias, dejaría pendientes las adecuaciones a la normatividad del Congreso para establecer los momentos de inicio y conclusión del encargo de los legisladores en los casos de las elecciones intermedias, es decir, las realizadas a la conclusión de una legislatura que no coincide con la renovación del titular del Poder Ejecutivo federal”.

La segunda consiste en reformar la Ley Orgánica del Congreso General, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, con la finalidad de ajustar las fechas a la sesión constitutiva, al proceso de credencialización, a la sesión de apertura del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la 66 Legislatura y las acciones a cargo de las autoridades administrativas y judiciales.

Es decir, “la duración en el cargo de los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de julio de 2024.

“Los senadores que resulten electos para las LXVI y LXVII Legislaturas del Congreso de la Unión iniciarán su ejercicio el 1 de agosto de 2024”, se propone incluir como transitorio de la reforma constitucional de 2014.

Además, se plantea una tercera opción, que es un acuerdo de Mesas Directivas de ambas cámaras que proporciona una solución inmediata y por única ocasión, sin requerir reformas a la Constitución ni a leyes secundarias.

Eduardo Ramírez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que “en este momento se están analizando alternativas con los grupos parlamentarios para buscar una salida legal que permita transitar a la nueva legislatura de la manera más viable posible”.

Dijo que la atención del tema corresponde a las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, por lo que se analizará puntualmente. “Será en el periodo ordinario que iniciará en septiembre para resolverlo”, agregó el morenista.

Sin embargo, los coordinadores del llamado bloque de contención del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, consultados por EL UNIVERSAL, señalan que hasta el momento este tema no ha sido planteado formalmente como parte de la agenda legislativa pendiente y no hay un acuerdo político para aprobar alguna reforma en la materia.

Julen Rementería, coordinador del PAN, expuso que se requiere aprobar una reforma con un transitorio para salvar esta situación. “El tema es que la autoridad electoral también esté lista para poder calificar la elección y que puedan entrar en funciones el 1 de agosto los nuevos legisladores”, dijo.

Consideró que no es un “asunto tan complicado”, pero sí se tienen que analizar bien la reforma y los procedimientos para poder adecuarlos.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, comentó que este tema se está revisando en el interior de ese grupo parlamentario con el equipo de asesores y hasta el momento no se acuerda la postura del mismo.