Entre los firmantes del pronunciamiento en defensa de los guerrilleros armados de Chiapas, en contra del paramilitarismo que los acosa y la impunidad ante los ataques que rige desde el Gobierno estatal y federal, se encuentran el intelectual estadounidense Noam Chomsky; la candidata a las elecciones federales de 2018 María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy; los actores Diego Luna, Gael García Bernal o Daniel Giménez Cacho; el director Alfonso Cuarón; las escritoras Guadalupe Nettel, Gabriela Jáuregui y una retahíla interminable de nombres de peso en la conversación pública nacional y global.

López Santíz se encuentra herido de gravedad. También Chiapas. El ataque del 22 de mayo, en concreto, fue obra de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), un grupo paramilitar que amenaza desde hace años a las comunidades autónomas zapatistas. Pero solo ha sido el último capítulo de un conflicto armado con profundas raíces históricas. “Chiapas está al filo de la guerra civil, con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas [gobernador de Chiapas] y [el presidente de la República] Andrés Manuel López Obrador”, denuncia un comunicado hecho público este miércoles. El reclamo no es nuevo: los guerrilleros ya avisaron de lo mismo en septiembre de 2021, cuando dos de sus militantes fueron secuestrados.

El Estado del sur mexicano es una maraña de “interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los gobiernos y empresas”, acusaba un extenso y documentado informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), publicado este mismo mayo. En él, ya se recogían todos los problemas que los zapatistas y sus grupos de afinidad han venido a denunciar esta semana: desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, torturas, agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas, todo ello en un marco de militarización, contrainsurgencia estatal y paraestatal contra el EZLN —hay 147 campos militares cercanos a sus comunidades— y los movimientos campesinos e indígenas que orbitan a su alrededor.

El ataque de la Orcao, señala el comunicado en defensa del EZLN, responde a una dinámica de despojo de las tierras zapatistas y de otras comunidades indígenas a la luz de los proyectos gubernamentales. En concreto, apuntan a Sembrando Vida, una iniciativa de López Obrador que proporciona fondos económicos a cambio de determinados tipos de cosechas, como árboles frutales o madereros. “Programas como Sembrando Vida y otros similares propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos de control político y moneda de cambio para que organizaciones como la Orcao accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas”, reza la misiva.

La denuncia ha sido escenificada este miércoles en Ciudad de México, en una rueda de prensa en la que el actor Daniel Giménez Cacho, protagonista de Bardo (2022), la última película de Alejandro González Iñárritu, ha sido el encargado de poner voz a las reivindicaciones zapatistas: “El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde el final del siglo XX, y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no zapatistas, los gobiernos desde Carlos Salinas hasta López Obrador han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos”.

“Esta guerra es en contra de los pueblos originarios de este país”, ha ampliado el foco Carlos González García, del Congreso Nacional Indígena (CNI). “Lo que está pasando en Chiapas de manera escandalosa en la región en la que se encuentran las comunidades zapatistas es parte de toda una política y toda una realidad que está viviendo nuestro país desde hace años. Hay una creciente militarización desde el 2018 [el año en que llegó al poder López Obrador] como no se había dado nunca antes”.

El activista ha argumentado que programas como Sembrando Vida se utilizan como herramienta de control en las regiones en las que el “Gobierno federal impulsa megaproyectos estratégicos, tal es el caso del Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. La misma reivindicación fue esgrimida a principios de mayo en, precisamente, una comunidad zapatista de San Cristóbal de las Casas, durante el encuentro El Sur Resiste, una caravana internacional que reunió a más de 700 militantes contra los megaproyectos de la Administración.

La situación en Chiapas, advierten todos los expertos, es tensa, preocupante y pende de un hilo. Así lo resumía una columna de opinión de La Jornada, un periódico cercano al Gobierno y poco sospechoso de ejercer de altavoz del zapatismo, movimiento del que se distanció hace años: “No es exageración. El polvorín chiapaneco puede estallar en cualquier momento”.