Senadores de oposición y juristas consideraron que el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular la primera parte del plan B de la reforma electoral “por un cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos en ambas cámaras durante su aprobación es correcto y advirtieron que la veintena de reformas presidenciales que se aprobaron la madrugada del sábado correrá la misma suerte.
En el proyecto de sentencia del análisis de siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, Pérez Dayán consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobaron por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a reglamentos internos.
El senador por Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, consideró que el proyecto del ministro Pérez Dayán “es muy relevante, de ninguna manera es endeble, porque de entrada busca anular la primera parte del plan B por las violaciones en el proceso legislativo, porque Morena y sus aliados se negaron a la discusión de sus propuestas legislativas, contraviniendo las reglas vigentes, avasallando a las minorías para imponer su visión única.
“Eso nunca será aprobado ni será validado por el máximo órgano de control constitucional, como es la Suprema Corte, por eso proceden y por eso admiten a discusión las controversias constitucionales derivado de alguno de los argumentos que se presentan como litis para que se admita la controversia”, dijo.
Damián Zepeda, senador del PAN, dijo que el proyecto del ministro Pérez Dayán es positivo al proponer que se anule la legislación por el procedimiento legislativo que dio como resultado la primera parte del llamado plan B de la reforma electoral de López Obrador.
“Tiene que entender Morena que existen en este país leyes y procedimientos que no son de cumplimientos optativos, sino obligatorios”, apuntó.
Dijo que hay varios precedentes de la SCJN que claramente señalan que se tiene que cumplir con el procedimiento legislativo adecuado, que no se puede argumentar urgencia para obviar procesos que permitan una deliberación o análisis informado de las reformas cuando no existe verdaderamente tal urgencia.
“Hoy Morena se queja de que la SCJN les anula sus legislaciones, pero es de conocimiento público que existen esas reglas y se tienen que hacer cumplir. No pueden hoy quejarse de que les anulan algo cuando saben con anterioridad que si hacen las cosas mal la consecuencia es la anulación”, aseveró.
Bernardino Esparza, catedrático de la Universidad La Salle, coincidió en que es correcto el proyecto del ministro Pérez Dayán porque considera las violaciones al proceso legislativo que se dieron durante la discusión y aprobación del llamado plan B.
“De ninguna manera es endeble o atacable, sino que es relevante que inicie el análisis con este tema”, aseguró.
Explicó todo el proceso legislativo y lo que se debe cumplir en comisiones, dictámenes, debate, votaciones, derecho de las minorías al debate, y si se incumple o viola la normatividad en ambas cámaras entonces las reformas son controvertidas ante la Corte, como fue el caso del plan B.