Una de las empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos y señalada de estar vinculada con Los Chapitos, los herederos del Cartel de Sinaloa, ha sido proveedora de gobiernos estatales y del Gobierno federal. El cliente favorito de Sumilab S.A. de C.V. ha sido el Estado de Sinaloa, enclave de la organización criminal fundada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Entre 2018 y 2022, la administración encabezada por Quirino Ordaz Coppel, ahora embajador de México en España, entregó a la empresa contratos por 14,7 millones de pesos. De acuerdo con las 71 facturas publicadas por el Gobierno de Sinaloa en la Plataforma Nacional de Transparencia, estas compras se hicieron principalmente a través del Hospital de Culiacán y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa. Cuestionados sobre la entrega de los contratos a Sumilab, tanto el Gobierno de Rubén Rocha Moya, como el exgobernador Quirino Ordaz Coppel declinaron responder a las preguntas de este diario.

Sumilab es una empresa creada para vender productos químicos y equipos de laboratorio con sede en Culiacán, Sinaloa. En su página de internet la compañía se presume como una sociedad 100% mexicana con más de 33 años de experiencia -aunque de acuerdo con su acta constitutiva fue creada hace 22 años- en la comercialización y distribución de productos, equipos y materiales para todo tipo de laboratorios. El pasado 9 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en una de sus listas negras. La dependencia estadounidense informó que la compañía mexicana ha sido fichada por su participación en el suministro y envío de precursores químicos utilizados para la producción de drogas a miembros del Cartel de Sinaloa.

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El anuncio de las sanciones por parte de la OFAC a Sumilab se dio el mismo día que el Departamento del Tesoro reveló también acciones contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y cuarto miembro de Los Chapitos, y contra otros tres miembros del Cartel de Sinaloa y una empresa más dedicada al negocio inmobiliario en el Estado del noroeste de México. Las implicaciones de la designación de la OFAC van desde el bloqueo de propiedades y participaciones en bienes a la prohibición de cualquier transacción realizada por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos. Asimismo, el Departamento del Tesoro señala que las personas que participen en ciertas transacciones con las personas o empresas designadas pueden ser expuestas también a sanciones.

De acuerdo con los contratos y facturas registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Gobierno de Sinaloa adquirió químicos y material para laboratorio para equipar al Hospital Civil de Culiacán (la capital del Estado) y a varias universidades estatales, entre ellas la Universidad Tecnológica de Culiacán y la Universidad Politécnica del Valle del Évora, ubicada en Guamúchil, Sinaloa. A estas entidades, la compañía vinculada con Los Chapitos les vendió desde paquetes de reactivos, filtros, acetatos, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, como hornos de convección y microscopios.

EL PAÍS contactó a Andrés Castro, director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa entre enero de 2017 y mayo de 2019, cuando se dio a Sumilab el primer contrato de parte de la dependencia por 700.000 pesos. Castro aseguró que durante su gestión el ISIFE llevó a cabo procedimientos de contratación apegados a la ley y a la normatividad vigente y aseveró que los participantes cumplieron con los requisitos establecidos en las bases de licitación y que, por lo menos en su caso, no estaba al tanto de que la empresa era investigada por Estados Unidos. Cuando Castro dejó el ISIFE en 2019 en su lugar, el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, nombró a su entonces secretario de Desarrollo Sustentable al frente de la institución, el exalcalde de Ahome, Álvaro Ruelas. Fue el priista sinaloense quien firmó los documentos con Sumilab cuando se realizaron adquisiciones por 12 millones de pesos.

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Por su parte, el director del Hospital Civil de Culiacán entre 2019 y 2021, Israel Martínez, confirmó las compras realizadas a la empresa vinculada con Los Chapitos pero enfatizó que no se adquirieron sustancias químicas, sino únicamente material de laboratorio. “Tales operaciones se llevaron a cabo con base en los procesos de adjudicaciones que prevé la ley, de acuerdo a un comité de compras al que se somete para aprobación”, indicó.

Aunque Sumilab logró más contratos entre 2017 y 2021, las dependencias ahora a cargo del gobernador morenista Rubén Rocha Moya han seguido adquiriendo artículos de la empresa vinculada con los herederos de El Chapo. Los documentos transparentados indican que en 2022 el Gobierno de Sinaloa, a través de sus dependencias, compró material a Sumilab por 871 mil pesos. Además de Sinaloa, también oficinas que dependen del Gobierno federal, encabezado actualmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como dos centros de investigación, que operan en el noroeste mexicano, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), una oficina de la de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la región y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias han comprado equipo y químicos a Sumilab. En total de 2018 a la fecha, la empresa recibió contratos por 2,7 millones de pesos de entidades del Gobierno federal a través del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Cuestionados por este diario, los funcionarios del Conahcyt declinaron realizar comentarios sobre las compras a Sumilab.

Asimismo, en menor medida, dependencias dedicadas a la salud y universidades de los Estados de Sonora y Baja California Sur han comprado también sustancias químicas y material a Sumilab en los últimos cinco años. Antes de 2017, los gobiernos de estos Estados habían adquirido productos de la compañía, pero las adquisiciones aumentaron después de 2018, de acuerdo con lo registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo mismo ocurre con el Gobierno federal: antes de 2018, la única entidad a nivel federal que tenía contratos con la empresa vinculada a Los Chapitos era el Fideicomiso de Administración e Inversión para apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Al anunciar las sanciones contra Sumilab y cuatro miembros del Cartel de Sinaloa, el Departamento del Tesoro aseguró que esta medida fue coordinada de manera cercana con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera. Las acciones tomadas por el Gobierno de Estados Unidos esta semana son un paso más para cercar a los herederos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del Cartel de Sinaloa: Alfredo, Iván Archivaldo, Joaquín y Ovidio Guzmán, a quienes investigan desde 2008 y acusan de montar operaciones para llevar fentanilo a territorio estadounidense.