La Consejería Jurídica de la Presidencia tronó contra la difusión del proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, que propone invalidar el llamado “Plan B” electoral.

A través de un comunicado, acusó que la “filtración” del proyecto no sólo es grave e irresponsable, sino que “contamina” el proceso deliberativo del tema.

Urgió a la Corte a iniciar, de oficio, una investigación interna a efecto de deslindar responsabilidades y evitar este tipo de “conductas ilegales” en futuros casos.

“Cabe resaltar que la SCJN no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación, lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno”, señaló.

“Pues los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública, lo cual trasciende de manera negativa al principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 constitucional”.

El Ministro Pérez Dayán propuso a la Corte invalidar el “Plan B” que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por vicios de procedimiento legislativo.

La Corte discutirá el próximo 8 de mayo el proyecto que anularía las reformas electorales ante lo que el Ministro considera “gravedad” de las infracciones.

“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada?”, cuestionó la Consejería.

“La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información? Son cuestionamientos que la SCJN debe responder al pueblo de México”.

En su comunicación, argumentó que, de conformidad con la ley y normas internas, los proyectos de sentencia constituyen información reservada.

La Consejería también subrayó que los ministros no deben emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento.

“El actuar de la SCJN no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”, añade.

“La filtración de información reservada es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro País. Los jueces no sólo hablan por sus sentencias, sus actos también demuestran su talante republicano y el respeto al Estado de derecho como servidores públicos”.

El Alto Tribunal, agregó la Consejería, está llamado a ser ejemplo de pulcritud en el desarrollo de los procedimientos judiciales, ya que juzga con rigidez los actos de otros poderes.

“Y, al no existir instancia legal que revise su actuar lícito, corresponde al pueblo de México exigir a cada juez el apego irrestricto a la nuestra Constitución y demás leyes que de ella emanan”, añadió.