La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicito a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, atender las impugnaciones a leyes hechas en 2018 antes que pronunciarse a la acciones jurídicas impuesta a la reforma secundaria en materia electoral mejor conocida como Plan B.
A través de un comunicado, la consejería Presidencial “en orden de prelación y por seguridad jurídica” exigió al máximo tribunal de justicia de la República dar a conocer las resoluciones constitucionales de las impugnaciones sobre la Ley General de Comunicación Social (GSC) expeditas el 11 de mayo de 2018.
Estas impugnaciones fueron solicitadas por la Comisión Nacional de los Derecho Humano (CDNH) y el partido Movimiento Ciudadana (MC) cuando a finales del 2018, por mayoría parlamentaria, fue aprobada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
La justificación de la CDNH y MC para presentar las acciones jurídicas a la Suprema Corte se debieron a que en la votaciones de dicha ley “existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal.”
