“Estamos fuertes y estamos convencidos, en ese sentido, nada nos va a doblar, nada”, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayán, quien asistió a la presentación del libro “La Defensa y Remediación de los derechos sociales”, de Isidro E. Muñoz Acevedo, Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
Al tomar la palabra, agregó que “el día que la Constitución cambie y diga otras cosas haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea”.
Indicó que si después de todo lo que sucede, bromeó a que se irá a vender tamales, “ahí les mando el menú”, ironizó.
Dijo que el libro les permitirá a todos aquellos que están vinculados todos los días con todos estos nuevos derechos de hasta dónde podemos ejercerlos sin caer en los excesos, pudiendo recuperar todo aquello que no se ha podido entregar a través de sentencias perfectamente bien motivadas, justificadas y que demuestre dentro de la posibilidad lo que se debe hacer.
“Tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes, la política pública corre a cargo de quienes para eso llegaron a gobernar, esa es la administración, sus políticas públicas, pero si sus políticas públicas no son eficaces, si tenemos modo de apropiarnos de ellas y hacerlos que las cumplan, lo haremos”, remarcó.
El ministro señaló que la obra busca mucho explicar dentro de lo que es la defensa de esta nueva modalidad y generación de derechos cómo es posible ya no sólo reconocerlos declarativamente, cómo es posible llevarlos ante los tribunales y cómo la eficacia se puede dar, pero la eficacia está necesariamente vinculada a nuestro principio de realidad, si pedimos de más, no vamos a poder lograr nuestro objetivo, hay que ser muy cuidadosos. De ahí que se dieron estas modalidades en la sentencia.
Cabe mencionar que el ministro Alberto Pérez Dayán fue el encargado de realizar el proyecto con el que se anuló la primera parte del plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador.
En su proyecto de sentencia, derivado del análisis de siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por dichos partidos políticos, Pérez Dayán consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobaron, por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas Cámaras, sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos.
El presidente de la Segunda Sala determinó que la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, lo que generó una “transgresión al principio de deliberación democrática”.
“Ante la gravedad de tales infracciones en conjunto”, el ministro Pérez Dayán planteó la invalidez de las reformas referidas, “por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”.