El ejido El Bajío, ubicado entre los municipios de Caborca y Puerto Peñasco en el estado de Sonora, es un campo de batalla legal, disputado entre la Minera Penmont, Fresnillo PLC, propiedad de la familia Baillères, y los ejidatarios de la zona, quienes también se encuentran divididos por las tierras que guardan oro.
Es una historia añeja y parece interminable donde ni autoridades locales ni federales han atendido el problema, al mismo tiempo que la violencia se eleva.
Se trata de la mina de oro La Herradura operada por Penmont:
La Herradura, que según la propia empresa, es una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de México, produce 55.3% del oro total de Fresnillo PLC, generando 29.9% de los ingresos ajustados totales.
La Herradura fue explorada en 1991 y operada desde 1997. La empresa desarrolló un proyecto de inversión denominado “Gran Potencial La Herradura” por 962 millones de dólares, los cuales se destinarán a ampliar las áreas autorizadas de explotación minera, como la ampliación de patios de lixiviación y del área industrial, relocalización del campamento, entre otras.
Así surgió el proyecto Soledad-Dipolos, ubicado el ejido El Bajío, donde la minera comenzó a perforar en 2007, pero ahora la producción del metal precioso se encuentra detenida por la lucha legal que mantienen los ejidatarios por sus tierras.
Según información que la minera otorgó a Proceso, previos al inicio a las operaciones en Soledad-Dipolos, Permont celebró con el ejido El Bajío dos convenios de ocupación previa a expropiación por Causa de Utilidad Pública de Tierras Ejidales; el primero, el 28 de octubre de 2002 y el segundo, el 28 de noviembre de 2005.
Fue en 2009 cuando los ejidatarios y hermanos Jacinto, José Concepción y Carmen Cruz Pérez, además de Erasmo Cruz López promovieron un juicio agrario (número 188/2009), argumentando que ellos eran los únicos ejidatarios con derechos a las tierras de uso común del ejido El Bajío, por lo que los convenios debían declararse nulos.
Fue hasta el 14 de noviembre de 2011 cuando el Tribunal Unitario Agrario Distrito 28 decretó la nulidad de los convenios, por lo que la empresa devolvió a los ejidatarios mil 824 hectáreas, 44 áreas y 42 mil 865 centiáreas. La compañía acató la orden hasta el 13 de julio de 2013.
