El dictamen de 112 páginas ni siquiera había sido leído por la mayoría de senadores que votaron a favor. No había tiempo para debatir ni para analizar en profundidad el futuro de la ciencia en México. La iniciativa fue aprobada en unos pocos minutos junto a una veintena de leyes que sacó adelante el oficialismo de manera maratónica. Tampoco hubo tiempo de hacer los siete parlamentos abiertos previstos para definir el escenario científico de los próximos años. La forma en que se avaló la nueva ley, que convierte el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, es una de las grandes críticas que ha hecho la comunidad científica. La madrugada del sábado las redes sociales estallaron con el rechazo de numerosos investigadores e incluso instituciones. A Lazcano le parece vergonzosa la forma en que se dio luz verde a la iniciativa: “Habla de la irresponsabilidad de los legisladores”.

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El gran defensor del proyecto ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Están inconformes con la reforma al Conacyt, ¿por qué? Porque el dinero del pueblo se utilizaba para financiar a las grandes empresas transnacionales, supuestamente para la innovación tecnológica. ¡Mentira!”, ha dicho el pasado viernes, horas antes de la aprobación de la reforma. “Era para estar subsidiando a estos grupos sin producir ciencia”. Otros cercanos al Gobierno han defendido que la ciencia en México ya no dependerá de un pequeño círculo “científico elitista” gracias a la nueva ley.

La llamada “Ley Buylla”, en referencia a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, establece la creación de una junta de Gobierno compuesta por funcionarios de las Secretarías de Agricultura; Bienestar; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Cultura; Economía, Educación; Energía; Hacienda; Defensa; Marina; Medio Ambiente; Exteriores; Salud; y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La legislación deja fuera a los actores de las organizaciones civiles y empresariales, a los municipios y Estados. La junta, con Álvarez-Buylla a la cabeza, es de ahora en más la que decide en qué se pone presupuesto y en qué no. La medida alcanza a los 26 centros públicos que se desprenden del Conacyt, que pierden a partir de esto la autonomía administrativa y la libertad para decidir sobre sus investigaciones.

La prueba piloto de lo que pasará con los 26 centros ha sido el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde el Conacyt nombró como titular a José Antonio Romero Tellaeche, un hombre afín al Gobierno mexicano, y luego cambió los estatutos internos para aminorar su independencia. “Lo que hicieron con el CIDE lo plasmaron en una ley y ahora lo quieren hacer en el resto de los centros públicos”, reclama Alma Maldonado, investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN). “Buylla sacó a quienes eran críticos y metió gente subordinada a ella”, agrega. Maldonado califica el proceso de aprobación de la nueva ley como “desaseado” y “muy burdo”, y sostiene que el proyecto “subordina a las instituciones y dependencias” científicas ante Conacyt.

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La junta de Gobierno será entonces quien decida cuál es la “agenda nacional” que defina las “líneas de acción en torno de los asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo del país”, de acuerdo a la ley. “Es la concentración de la toma de decisiones de toda la ciencia mexicana en un puñado de funcionarios”, señala Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Otro de los puntos claves es que la ley prioriza a los centros públicos en detrimento de la financiación a quienes estén en el ámbito privado. “Eso viola la Constitución”, asegura Lazcano, que puntualiza que de esta forma se excluye a mucha gente que hace investigación del escenario científico nacional.

El científico agrega que el documento aprobado presenta “defectos brutales”, y que se trata de un intento por hacer ciencia “ideologizada”. En esa misma línea, el investigador Martín Aluja reclama la politización que ha sufrido el tema y la “manera apresurada” con que se dio el debate. “México requería una ley de vanguardia, no un instrumento jurídico parroquial. Esa ley que pasaron no es una ley general, es un manifiesto político”, dice.

La nueva ley consolida también la integración de las Fuerzas Armadas en el órgano que distribuye la inversión gubernamental en investigación, innovación y tecnología. Tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina habían sido incluidas ya en abril de 2021, bajo decenas de críticas por parte de la comunidad científica. El proyecto sancionado el pasado viernes pone en negro sobre blanco la militarización de la ciencia, incluyendo las dos dependencias en la junta de Gobierno del Consejo. “La nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es un paso más hacia la militarización del país”, dice Luis Omar Montoya Arias, doctor en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Otro de los puntos más polémicos es la eliminación de la meta que tenía México de llegar a invertir en el futuro el 1% del PIB nacional en ciencia. La nueva ley establece únicamente que el presupuesto tiene que ser cada año más alto de lo que fue el año anterior. También han dejado fuera en el tema presupuestario la posibilidad de que el dinero que se asigna anualmente contemple la inflación que ha sufrido México en ese periodo. Para Maldonado, lo ideal sería “empujar al Gobierno de turno a invertir” en esta área, pero con la nueva legislación, “con que sumen 10 pesos ya estarán cumpliendo”.

Ante lo aprobado por el Senado el viernes, la academia ha convocado a un paro de actividades para este martes 2 de mayo. Además, algunos referentes de la ciencia han anunciado que procederán legalmente y llevarán el asunto a la justicia. “Nos quedan los tribunales”, repiten algunos.