Con la idea de dotar de recursos a las comunidades impactadas por la extracción, se creó en 2014 el Fondo minero. El dinero, sin embargo, ha quedado disperso en tres secretarías –Economía, Educación Pública y Hacienda–, después de que el presidente López Obrador ordenó en 2020 la extinción de los fideicomisos. Tampoco hay claridad sobre el uso y destino del Fondo minero que, sin embargo, los empresarios aseguran siguen aportando.

Los recursos económicos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, que alguna vez fueron destinados a las comunidades afectadas por la explotación minera, pasó a ser dinero disperso, sin hoja de ruta y sin claridad sobre su uso.

Las comunidades, organizaciones civiles y la misma industria minera han hecho eco al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se reestablezcan los recursos y se transparente su aplicación.

Netzar Arreortúa Martínez, activista de la Comunidad Indígena Zapoteca de la Sierra Juárez de Oaxaca, donde opera la Compañía Minera Natividad y Anexas, SA de CV, advierte en entrevista con Proceso:

“Hay un impuesto a la minería que también se estableció desde hace ya algunos años a las mineras y que supuestamente iba a ser para beneficio también de las comunidades. En nuestro caso no se ha visto algún beneficio sobre este impuesto ni las mineras han acercado a la comunidad. De plano no ha habido nada de esto.”

Agrega que, desafortunadamente, el Fondo Minero no impacta ni económicamente ni socialmente a las comunidades.

De acuerdo con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Fondo Minero entró en vigor en 2014, derivado de una reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD), y se constituye por el pago de derechos a la actividad minera.

El objetivo inicial del fondo, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), era elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera.

Así se consignó en los documentos que dieron origen al fondo, en las reglas de operación puestas en marcha para operar el mandato entre 2014 y 2018.

Con las reformas propuestas a la LFD en 2020, se eliminó la disposición que ­vincula la aplicación del fondo a comunidades y municipios donde hay extracción minera, y se transformó el mecanismo para su ejecución, centrada ahora en la Secretaría de Educación Pública (SEP)

“Pero con una aplicación igualmente centralizada, sin transparencia y certeza sobre los criterios de asignación, los mecanismos de participación en la asignación y monitoreo de los recursos”, señaló Fundar en el documento Fondo Minero. Preocupaciones y propuestas, publicado el 4 de noviembre de 2019.

Según la Cámara Minera de México (Camimex), el fondo surgió como parte de la Reforma Fiscal de 2013 para cobrar un impuesto especial de 7.5% sobre la utilidad operativa de las empresas extractoras de metales –más 0.5% adicional al tratarse de oro o plata–, para después destinar esos recursos al desarrollo de comunidades cercanas a las operaciones.

Al cierre de 2020 dichos recursos habían ascendido a alrededor de 22 mil millones de pesos.

Ajustes

En 2019 el Fondo Minero comenzó a ser administrado por parte del gobierno federal de manera directa, sin intermediarios, primero por medio de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con la nueva conformación del Fondo Minero, 85% de los recursos se irían a la SEP, mientras que 10% de lo recaudado sería para el gobierno federal, para que lo destine a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente.

En tanto, el restante 5% le tocaría a la Secretaría de Economía (SE) para fortalecer al sector minero, mejorar los sistemas de registro y control de la actividad minera.

Finalmente, el 6 de noviembre de 2020 se decretó la extinción de 108 fondos y fideicomisos, entre los que se estaba el Fondo Minero.

En el decreto de extinción se estableció que los recursos existentes en el Fondo Minero deberían ser devueltos a la Tesorería de la Federación. Por su parte, los derechos y obligaciones derivados del funcionamiento de dicho instrumento los debía asumir la Secretaría de Economía con cargo a su presupuesto.

Sin embargo, no existe evidencia de que los recursos hayan sido transferidos a la SEP y subsiste la incertidumbre sobre el destino de los mismos, además de que no se han expedido reglas de operación que indiquen su mecanismo de distribución, según el documento El Fondo Minero: Un vehículo contra la desigualdad que perdió rumbo, elaborado por la investigadora Viridiana Ríos.

Proceso solicitó información sobre el monto y el destino de los recursos, pero hasta el cierre de esta edición ni la Secretaría de Economía ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tampoco la SEP emitieron una respuesta.

En julio de 2022 Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Camimex, afirmó que es indispensable recuperar el Fondo Minero porque las empresas continúan con el pago de estos recursos, pero no están etiquetados para llegar a las comunidades donde fueron generados.

TASA IMPOSITIVA

De acuerdo con la revista especializada Mining México, el líder del sector minero acotó que la minería es una de las industrias que más paga al fisco, por lo que el Fondo Minero es indispensable.

“México es uno de los países con mayor tasa impositiva en la industria. En los siete años recientes, la industria minera ha contribuido con más de 240 mil millones de pesos en pago de impuestos”, expuso.

Según datos de la propia Camimex, derivado de las condiciones económicas favorables que se presentaron en 2021, las aportaciones fiscales mostraron un incremento de 111.1% en comparación con 2020, al alcanzar un total de 64 mil 105 millones de pesos, destacando las aportaciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que representaron 84.5% del total.

Eso no es todo, el organismo señaló en su último Informe de Sostenibilidad 2022 que la carga fiscal de la minería mexicana es la más alta si se compara con la que existe en la actividad minera de los principales países competidores en este sector.

De acuerdo con un estudio de la consultora financiera Pricewaterhouse (PwC), la carga tributaria en México para el sector minero es de hasta 52.68%; mientras que en Perú es de 39.93%; en Chile representa 35.66%, y en Canadá llega a 34.61%.

RECURSOS CUESTIONADOS

La recaudación total de la minería de minerales metálicos y no metálicos (excepto petróleo y gas, servicios relacionados con la minería) pasó de siete mil 465 millones de pesos en 2019 a 59 mil 954 millones en 2022, según el Resumen Estadístico de la Minería en México, hecho por Fundar.

No sólo la industria minera cuestiona los recursos del Fondo Minero, también algunos gobiernos locales lo hacen.

El miércoles el pleno del Congreso de Zacatecas presentó una iniciativa con proyecto de reforma para ser enviada al Congreso de la Unión, para crear un “nuevo Fondo Minero”.

La resolución prevé modificar la Ley Federal de Derechos para que las empresas mineras paguen anualmente una tasa de 5% respecto de los ingresos que obtengan por la enajenación del oro, plata y platino, asimismo que los recursos recaudados sean distribuidos de manera proporcional en los estados con extracción.

De acuerdo con la iniciativa, entre 2014 y 2020 Zacatecas recibió más de 700 millones de pesos anuales, que se destinaron principalmente para obras de infraestructura: 60% se entregó en los municipios donde tuvo lugar la explotación de minerales y el resto se otorgó al gobierno estatal.

En el proyecto de reforma se prevé la distribución de la siguiente manera: 5% de lo recaudado sería otorgado a los trabajadores de las empresas mineras de la entidad, que tengan cuando menos un año de antigüedad en la empresa. El dinero sería transferido a los beneficiarios vía el Banco del Bienestar, conforme a los listados de beneficiarios que autorice el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo 10% se transferiría a los gobiernos estatales para la construcción y rehabilitación de carreteras y caminos; 10%, a los municipios para la instalación de redes de agua potable, drenaje y pavimentación de calles; 15% para obras hídricas vía la Comisión Nacional del Agua; mientras que 20% sería para la entrega de créditos productivos mediante la Secretaría de Economía federal.

POSIBLES DAÑOS AL ERARIO

El 25 de abril último la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dijo que el estado era uno de los más beneficiados con el Fondo Minero.

Aseguró a medios locales que “algunas localidades salían adelante gracias a los recursos que recibían de dicho fondo y, tras su eliminación, ahora se buscarán otras formas para salir adelante, tanto por apoyo del Estado como por el propio desarrollo de los municipios en cuanto a su recaudación propia”.

Aún peor, desde la extinción del Fondo Minero, la Federación adeuda más de 600 millones de pesos a Durango, aseguró el exgobernador José Rosas Aispuro Torres.

“Entendemos que a partir de 2019 la Federación haya decido cancelar el Fondo Minero que entregaba a los estados y municipios con actividad minera para dirigirlo al rubro educativo. Sin embargo, existía un compromiso de los años previos en que Durango debió recibir poco más de 600 millones de pesos y no fue así”, aclaró Aispuro Torres en agosto de 2022.

Con todo lo anterior, durante la existencia del Fondo Minero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó una desviación por dos mil 65 millones de pesos, es decir, 15% de los recursos que fueron auditados al fondo, según un documento elaborado por Viridiana Ríos en Oxfam México.

También se detectó la existencia de posibles daños al erario por 113 millones de pesos, lo que corresponde a 5.5% del total de las anomalías.

Son cinco las principales razones que explican las irregularidades en el uso de los recursos del Fondo Minero, según el estudio:

Las discrepancias, entre la información que maneja el SAT y la SE sobre la producción minera de las compañías, facilita la evasión fiscal, pues no es posible cruzar datos sobre el tipo y nivel de producción y el monto de derechos efectivamente pagados por parte de esas empresas mineras.

Errores contables, de administración y fiscalización. La Sedatu enfrentó como una constante los problemas de contabilidad, pues no cuadraban las fuentes de los ingresos, egresos y los movimientos de los recursos reportados en la Cuenta Pública. Debido a esto, se encontró un posible daño a la Hacienda Pública por 71.2 millones de pesos.

Con lo anterior, surgió la dificultad de comprobar que los recursos de los derechos mineros destinados al gobierno federal se usaran en programas y proyectos con los objetivos que define la ley, pues éstos no se etiquetan dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Inconsistencias en el uso de los recursos asignados a los proyectos de inversión física. En varios de los proyectos hay irregularidades que van desde la compra de materiales en exceso, hasta severas inconsistencias entre los montos de recursos ejercidos y el avance físico de las obras.

Finalmente los pagos a destiempo, es decir, los recursos del Fondo Minero no se entregaron a tiempo para la ejecución de los proyectos, lo que dificultó su avance y conclusión.