La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y cuarto miembro de los Chapitos, así como a tres miembros del Cartel de Sinaloa y a dos entidades con sede en México. Los sancionados forman parte de una red del cartel de Sinaloa supervisada por los Chapitos y responsable de una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos, según el Tesoro.

“La acción de hoy continúa desbaratando nodos clave de la empresa ilícita mundial del fentanilo, incluidos los productores, proveedores y transportistas”, ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. “El Tesoro, en estrecha coordinación con el Gobierno de México y las fuerzas del orden estadounidenses, seguirá aprovechando nuestras autoridades para aislar y desbaratar las operaciones de Los Chapitos y del cártel de Sinaloa en cada coyuntura”, ha añadido.

Lee también Exhiben presiones de Arturo Zaldívar por AIFA

Los otros tres Chapitos ya estaban sancionados. Las autoridades estadounidenses sancionan ahora a Joaquín Guzmán López porque lo consideran implicado en la gestión de los superlaboratorios y en el tráfico de drogas ilícitas a Estados Unidos. Fue acusado por primera vez de cargos federales de tráfico de drogas en 2018 por la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS) del Departamento de Justicia.

Las otras tres personas sancionadas ahora son Raymundo Pérez Uribe, por dirigir una red de proveedores utilizada por el cartel de Sinaloa para obtener precursores químicos para la fabricación de drogas ilícitas; Saúl Páez López, implicado en la coordinación de envíos de drogas ilícitas para sus primos hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, y Mario Esteban Ogazón Sedano, que compra precursores químicos ilícitos y gestiona laboratorios ilegales de drogas en nombre del cartel de Sinaloa, siempre según las autoridades estadounidenses.

Además, el Tesoro ha sancionado a Sumilab, una empresa química y de equipos de laboratorio con sede en Culiacán (Sinaloa), por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para y a miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, y a Urbanización, Inmobiliaria y Construcción de Obras, una empresa inmobiliaria de Mario Esteban Ogazón Sedano con sede en Sinaloa.

Anúnciate aquí

Fundado en la década de 1980, el cártel de Sinaloa operó inicialmente como una alianza de los narcotraficantes más poderosos de México. A principios de la década de 2000, Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín El Chapo Guzmán Loera consolidaron su poder, lo que llevó al cártel de Sinaloa a convertirse en una de las mayores y más conocidas organizaciones de narcotraficantes de México. El cartel de Sinaloa controla la actividad del narcotráfico en regiones clave de México, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico. A través de estos puntos estratégicos, introduce en Estados Unidos cantidades drogas ilícitas, como fentanilo, heroína y metanfetamina en grandes cantidades, asegura el Tesoro.

Tras la detención, extradición y posterior condena de El Chapo en un tribunal federal estadounidense, cuatro de sus hijos han tratado colectivamente de continuar el legado de narcotráfico de su padre y su papel de liderazgo en el cártel de Sinaloa. Conocidos comúnmente como los Chapitos o los Menores, los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto con sus hermanastros Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, lideraban una poderosa facción del cártel de Sinaloa.

Los cuatro miembros de Los Chapitos están acusados de delitos federales de tráfico de drogas en una o más jurisdicciones de Estados Unidos. Mientras que Ovidio Guzmán López fue capturado en México en enero de este año, Joaquín Guzmán López y los hermanos Guzmán Salazar siguen prófugos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, y de hasta 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses deberán ser bloqueados y comunicados a la OFAC. La normativa prohíbe, en general, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que impliquen bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas. La acción se ha coordinado estrechamente con el Gobierno de México, incluida su Unidad de Inteligencia Financiera, según el Tesoro.