Los candidatos al Gobierno del Estado de Coahuila se han vuelto a ver las caras en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral local y han pisado el acelerador, a poco más de un mes de las votaciones, en las que podrán participar 2,3 millones de coahuilenses. El abanderado de Morena, el senador y empresario Armando Guadiana, hizo un guiño al voto joven y prometió que, si gana la elección del 4 de junio, llevará al Estado al cantante de corridos tumbados de moda Peso Pluma. El candidato del Partido del Trabajo, el exsubsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía, ofreció crear una comisión especial para investigar a los hermanos Rubén y Humberto Moreira, dos exgobernadores del PRI señalados de haber hundido al Estado en una millonaria deuda. Mejía incluso sacó del bolsillo del pantalón unas esposas de policía y las mostró a las cámaras. “A los exgobernadores y exalcaldes corruptos les espera la cárcel. Ya tenemos las esposas para agarrarlos”, dijo.
Reacio a responder a los ataques de sus adversarios en el primer debate, esta vez el abanderado del PAN, PRI y PRD, el exalcalde de Saltillo Manolo Jiménez, lanzó críticas a Guadiana y a Mejía. De este último, el priista dijo que ha sido “el peor subsecretario de Seguridad” que ha tenido México. Afirmó que las cifras de delitos “se fueron a las nubes” durante su gestión como funcionario federal entre 2019 y 2023. “En su currículum lleva la muerte de 150.000 mexicanos que por su incapacidad fueron asesinados en todo el país”, sostuvo Jiménez. “Hoy en casi todo el país se vive una violencia histórica. Vean lo que está pasando en Zacatecas, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, en Sonora”, añadió.
Mejía dijo que los delitos en México han disminuido, afirmación que suele repetir el presidente Andrés Manuel López Obrador, y acusó que, bajo los gobiernos del PRI, Coahuila se convirtió en el tercer Estado con mayor incremento del narcomenudeo de todo el país, especialmente de cristal. Mejía, que rompió con Morena tras la nominación de Guadiana al Gobierno estatal, ha traído a su plataforma electoral iniciativas de López Obrador, como designar a un militar en la Secretaría de Seguridad, crear un “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” e impulsar a la mitad de su gestión una consulta de revocación de mandato.
Guadiana hizo de Jiménez el rival a vencer. Con el sombrero calado, el senador ha acusado al candidato priista de haber hecho negocios desde el Ayuntamiento de Saltillo, capital de Coahuila, con integrantes de los Consejos Ciudadanos de la Contraloría, que fueron creados como órganos de consulta de políticas públicas. “En lugar de ser [consejos] ciudadanos, libres, independientes y sin conflictos de interés, tenían socios, y los contratos lo demuestran. En este caso, la gobernanza, para el PRI, se vuelve gobergüenza”, lanzó. Guadiana acusó a Jiménez de formar parte de un “cártel inmobiliario” —semejante al descubierto en Ciudad de México— junto con los Moreira y la familia Durán, un grupo político priista que ha controlado por varias generaciones la alcaldía de Arteaga. El petista Mejía se sumó a la andanada contra Jiménez y añadió que desde su gestión como alcalde de Saltillo benefició con contratos a una empresa de despensas, por lo que lo acusó de tráfico de influencias y de clientelismo electoral. Jiménez cargó contra los dos abanderados de la izquierda: “Cuando escucho al candidato de Morena y del PT hablar de seguridad y de lo que van a hacer, que nunca lo han hecho, me imagino qué pensarán las familias de Zacatecas, de Tamaulipas, de Sonora, a las que ellos les destruyeron su paz, su calidad de vida”, dijo.
Los moderadores del debate, los periodistas Alejandro Cacho e Ivonne Melgar, cuestionaron a Guadiana por la reciente desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), una dependencia creada por el Gobierno de López Obrador para reemplazar al Seguro Popular —que atendía a la población sin seguridad social— y que fue desaparecida por el Congreso la semana pasada entre críticas de la oposición. Cacho planteó al abanderado morenista que la instauración en México de un sistema de salud parecido al de Dinamarca —una constante promesa de López Obrador— está lejos de ser una posibilidad realista. “¿Dejará la salud de los coahuilenses a la suerte de los aciertos o yerros del Gobierno federal?”, le preguntó el periodista. “No, no son desaciertos. El Insabi se quita porque el dinero, los recursos que se enviaban del dinero federal a los Estados, sobre todo Estados como estos que todavía quedan del PRI, pero que ya se van a acabar, esos recursos no los utilizaban correctamente”, dijo Guadiana.
Jiménez adelantó que pedirá la reinstauración del Seguro Popular. Lenin Pérez, abanderado por el Partido Verde y el partido local Unidad Democrática de Coahuila, dijo que los Gobiernos del PRI en el Estado desaparecieron 3 mil millones de pesos etiquetados para salud, según informes de la Auditoría Superior de la Federación. “Está colapsado el sistema de salud estatal. No hay jeringas, no hay gasas, no hay médicos, se están colapsando los edificios. Por otro lado, el fracaso del Insabi, que no funcionó y que no llegaron los recursos suficientes”, mencionó. Al final, la periodista Ivonne Melgar preguntó a Guadiana: “¿El Insabi fue un aprendizaje o una falla?”. El candidato de Morena respondió: “Aprendizaje… y robo de los recursos en los Estados”.
Enjuiciar a los Moreira y un concierto de Peso Pluma: las promesas de los candidatos al Gobierno de Coahuila
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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