El sur mexicano ha vuelto a gritar contra el despojo de sus tierras, la militarización y la desigualdad, en sus propias palabras. El Sur Resiste, una caravana internacional que ha recorrido siete Estados en protesta contra los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya o el Corredor Transístmico, ha concluido su travesía este fin de semana con un encuentro organizado por el Congreso Nacional Indígena. El lugar elegido es un golpe simbólico: el Caracol Jacinto Canek, bastión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en las laderas de las montañas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los guerrilleros, alzados en armas contra el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari el 1 de enero 1994, son una de las grandes bestias negras del Estado mexicano, perseguidos y vigilados por el Ejército a pesar de seguir una estrategia de silencio desde hace años.

La oposición al presidente articulándose desde uno de los centros autónomos del EZLN, enemistados con el propio López Obrador desde hace años. Entre 150 y 200 activistas y defensores de la tierra de todo el mundo se echaron a andar juntos el 25 de abril en Chiapas. En su camino recorrieron también Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para concluir en San Cristóbal, donde pueblos indígenas de todo el sur de México se les han unido para tres días de debates con el objetivo de plantear respuestas concretas contra el Tren Maya y los otros proyectos extractivistas de esta Administración. En total, más de 700 asistentes que han opinado, escuchado y propuesto formas de organizar la oposición, de acuerdo con datos de los organizadores.

El Tren Maya fue pensado como un proyecto turístico que conectara todo el sur mexicano. En la práctica, las organizaciones medioambientales han denunciado que es una cuchilla que está deforestando la selva, el pulmón más importante de México. El Corredor Transístmico, también conocido como Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es una iniciativa industrial que busca facilitar el traslado de mercancías entre el Océano Pacífico y el Atlántico. A estos dos megaproyectos se le suman gasoductos, minería, tala indiscriminada, denuncia El Sur Resiste. Una lista de heridas abiertas en la tierra que ahora han encontrado una oposición, aunque sea minoritaria, que quiere plantar cara.

El camino elegido por la caravana no ha sido casual: ha transitado por comunidades que han denunciado estar amenazadas por el Tren Maya o el Corredor, pero también por otros proyectos a nivel local y regional. En su recorrido, han identificado riesgos como la “militarización [147 campos militares solo en Chiapas, cercanos a comunidades del EZLN], la minería y el robo de recursos, la apropiación de las tierras de los pueblos indígenas, la contaminación del agua y el entorno, la gentrificación, el turismo, las drogas, los feminicidios, la violencia, la criminalización o la fragmentación de la comunidad”. Los integrantes de la caravana también han denunciado el acoso del Ejército, la Policía y la Guardia Nacional, habiendo llegado a pasar por siete retenes en un mismo día —originalmente colocados para contener la migración—.

El Caracol Jacinto Canek ha sido este fin de semana un bullicio de ideas e intercambios. Entre el verde de los bosques y el césped de las montañas de San Cristóbal, en las cabañas de madera y las construcciones de ladrillo que conforman esta comunidad, se han colocado puestos con fanzines y libros, artesanías, cuadernos, pósteres, camisetas, postales. Todo con mensajes reivindicativos, como método para recaudar fondos. Por la mañana se celebraban ponencias y por la tarde la gente se reunía en distintos grupos de trabajo para dar respuesta a problemáticas concretas. El sábado, el periodista Diego Enrique Osorno estrenó aquí por primera vez en México La montaña, un documental sobre la travesía al otro lado del Atlántico de siete integrantes del EZLN —ausentes del encuentro a pesar de haber cedido el espacio—, en 2021.

Una de las principales problemáticas a vencer es el apoyo que despiertan el Tren Maya o el Corredor en el sur. Muchos de sus habitantes ven con buenos ojos la llegada de los puestos de trabajo que los megaproyectos traerán, en un contexto de comunidades deprimidas, inseguras y pobres. Organismos civiles e internacionales de defensa de los derechos humanos han reiterado en numerosas ocasiones el enorme impacto ambiental que se va a causar en el entorno, pero las indemnizaciones económicas y la promesa de miles de empleos son demasiado jugosas en lugares donde reinan las carencias. “En vez de fortalecer el campo, se trae industria que vulnera a nuestros pueblos”, señala Marina Flores, de 33 años, integrante del colectivo Futuros Indígenas, que apunta también que estas ofertas laborales funcionarán como “un muro de contención para la población migrante que se quedará a trabajar en las maquilas”.