En la Huasteca potosina, en donde llueve copiosamente entre junio y septiembre y en donde la electricidad generada por hidroeléctricas ofrece las mayores ventajas, el jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, fraguó su participación en el sector eléctrico luego de que en esa administración, concretamente en 1992, se promovió el cambio a la Ley del Servicio Púbico de Energía Eléctrica, primer paso para permitir la participación del capital privado en un sector que hasta entonces estaba reservado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En San Luis Potosí, en donde a partir de 2006 se tendió y comenzó a operar uno de los primeros gasoductos para integrar ciclos combinados para hacer más eficiente y rentable la generación de energía eléctrica, una empresa de José Córdoba Montoya logró la autorización de varios permisos para la generación de electricidad a través de centrales cuyo principal combustible es el gas natural integrado por turbogeneradores de gas y de vapor.

Con las reformas salinistas en el sector eléctrico –mientras Córdoba Montoya como titular de la Oficina de la Presidencia asistía a todas las reuniones de los gabinetes especializados: Económico, de Política Exterior, Agropecuario, de Desarrollo Social y de Seguridad– se dio paso a esquemas con la participación de inversionistas privados que se fortalecieron después en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.

“Yo era responsable de darle seguimiento a todos los acuerdos tomados en los diferentes gabinetes”, consta en la declaración que Córdoba Montoya rindió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que formó parte de la investigación por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

En esa dicha declaración, reveló que Salinas de Gortari había considerado la necesidad de removerlo de la Oficina de la Presidencia porque ya no coordinaría a los “gabinetes especializados”, un trabajo que desarrolló durante cinco años. Dijo a los investigadores de la PGR que el entonces presidente le dijo que su trabajo perdía sustancia. Fue, entonces, cuando acordaron que, en abril de 1994, después del magnicidio de Colosio y en el marco de la entrada en vigor de la autonomía del Banco de México, sería nombrado responsable de la transferencia prevista de los fideicomisos vinculados con la vivienda, el campo y el ahorro de la energía eléctrica: Fovi, Fira y Fidec, respectivamente.

Eso no sucedió y finalmente Córdoba fue enviado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en medio de una gran crispación social.

Los socios

A través de la empresa Tamazunchale Energía Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital (S.A.P.I  de CV), Córdoba Montoya consolidó su sociedad con la firma española Iberdrola en el proyecto Tamazunchale II, que consistió en la ampliación con 532 MW de la planta de ciclo combinado, Tamazunchale I que Iberdrola se adjudicó desde 2004 en una licitación con la CFE  durante la gestión  de Alfredo Elías Ayub, cuando Felipe Calderón era secretario de Energía, y cuyos derechos y contrato se extendían hasta 2032 bajo la figura de Productor Independiente de Energía (PIE).

Durante el gobierno de Peña Nieto la empresa en la que participa Córdoba Montoya obtuvo, bajo el régimen de la Ley de la Industria Eléctrica, varios permisos para la generación de electricidad ya sin considerarse PIE. Destacan los obtenidos entre 2017 y 2018 cuando Tamazunchale Energía logró que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la gestión de Guillermo García Alcocer, le autorizara generar electricidad precisamente en la misma zona en que se encontraba la hidroeléctrica operada por Iberdrola bajo la figura de PIE, lo que le garantizaba la venta de su producción a la CFE, así como a clientes privados sin tener que iniciar otro proyecto que enfrentara la oposición social.

Así se presentó un esquema de Unidades de Propiedad Conjunta, en donde se permitieron de manera irregular permisos de diferentes regímenes legales en una misma central, una figura que nunca estuvo contemplada en ninguna ley pero que se permitieron en la gestión de García Alcocer.

En noviembre de 2020, García Alcocer fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública luego de que esa dependencia aseguró que el exfuncionario otorgó una autorización de permiso a favor de una empresa de un familiar y que incurría en conflictos de interés. Consultado por Proceso, García Alcocer sólo quiso comentar que, hasta el momento, el caso “no ha procedido”, sin precisar si se encuentra impugnando la sanción que le impide trabajar en el sector público.

Enclavada en la Sierra Madre Oriental, en el sureste de San Luis Potosí, la planta de ciclo combinado Tamazunchale I es la planta generadora de electricidad más grande de América Latina con una capacidad de mil 135 MW, que equivale a todo el consumo de energía de los hogares de ese estado por un periodo de 10 años.

En su incursión como empresario de la industria eléctrica, Córdoba Montoya está asociado con Guillermo Jesús González Guajardo, hijo de Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark de México, y hermano de Claudio Xavier González, fundador de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción.

Ante el Notario 44, Alejandro E. Pérez Teuffer Fournier, Córdoba Montoya y Guillermo González Guajardo firmaron una sociedad el 15 de julio de 2014 para tramitar ante la CRE los permisos de generación para constituir Tamazunchale II, uno de los 12 proyectos de ciclos combinados de gas privados que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) comprará a Iberdrola.

En febrero de 2020 Iberdrola recibió la autorización de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) para que el gigante español adquiriera los activos de la firma de Córdoba Montoya a través de la compra de la holding Protama, controladora de permisos de generación de electricidad fundada en 2001; es decir, esto ocurrió apenas unos años después de que Córdoba tuviera que renunciar a su cargo como director ejecutivo del BID por problemas de reputación.

En la séptima sesión ordinaria del pleno de la Cofece del 6 de febrero de 2020, el comisionado Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín defendió que se autorizara la concentración que buscaba Iberdrola porque, dijo, Tamae (Tamazunchale Energía) sólo contaba con el permiso de generación de energía eléctrica para construir una planta de ciclo combinado y que no había iniciado ningún trabajo ni obra en el sitio. En esta autorización también se permitió que se hiciera una participación cruzada, que se unieran para operar todas las obras del gasoducto Tamazunchale y a su vez la generación de energía eléctrica, lo que representó una integración vertical y horizontal. En marzo de 2021 iniciaron los trámites para que la española comprara la empresa Tamazunchale Energía.

Sin embargo, ya con la autorización de la Cofece para la concentración, en febrero de 2022 Iberdrola pidió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cancelar el trámite para trasferir los permisos del ciclo combinado de gas privado de generación eléctrica de Tamazunchale Energía.

Proceso confirmó que dichos permisos en los que participa la firma de Córdoba Montoya y González Guajardo siguen vigentes y operando con Iberdrola para el ciclo combinado Tamazunchale II, por lo que forman parte del paquete de activos de Iberdrola que comprará el gobierno mexicano por más de 6 mil millones de dólares.

El acta constitutiva de Energía Tamazunchale S.A.P.I, en poder de Proceso, establece que su objeto social es generar energía eléctrica, así como ejecutar todas las actividades afines, conexas, complementarias y relacionadas con las leyes aplicables. También puede construir, adquirir en propiedad y operar directamente o a través de sociedades filiales o subsidiarias, las instalaciones necesarias o convenientes para generar energía eléctrica.

Tanto Córdoba Montoya como González Guajardo dijeron ante el Notario 44 que tenían el mismo domicilio: la avenida Campos Elíseos, número 238. El Notario dio fe de ello al asegurar que contó con documentos para avalar ese dicho.

El acta constitutiva de Tamazunchale Energía S.A.P.I hace un gran énfasis en los mecanismos corporativos para la resolución de conflictos entre socios. Define, por ejemplo, cuáles son las vías que deben adoptarse si algunos de los socios deciden vender a un tercero o si ambos deciden deshacerse de su participación.

Incursión energética

El secretario de Gobernación durante el proceso electoral que llevó a la Presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari, y ahora titular de la CFE, Manuel Bartlett, señaló el 11 de febrero de 2019 que entre los beneficiarios de la participación del sector privado en la generación de electricidad estaba Joseph María Córdoba Montoya.

“En el periodo de Carlos Salinas –autor de esa ley– José Córdoba Montoya, que tiene todavía hoy, desde aquellos tiempos, participación en el negocio del sector eléctrico –una vez que dejaron la Presidencia– y tiene una empresa proveedora de servicios de energía S.A. de C.V. que está actuando todavía en el país”, aseguró Bartlett, pero no dio más detalles ni exhibió documentos.

En respuesta Córdoba Montoya envió una carta a varios medios de comunicación. En ella aseguró que entre 1988 y 1994 no tenía responsabilidades ejecutivas en ningún ámbito del sector público, incluyendo el sector eléctrico. “Si bien en 1992 se reformó la Ley del Servicio Público para crear las figuras del autoabastecimiento y productor independiente, yo no participé en la elaboración de dicha iniciativa; tampoco creo que esa ley haya dañado por sí misma a la CFE o estado diseñada con el fin de favorecerme un cuarto de siglo después”.

Pero no fue un cuarto de siglo después sino apenas un sexenio más tarde cuando Córdoba Montoya aparece ya como socio de empresas vinculadas con Iberdrola.

En su carta aseguró que “tratándose del sector eléctrico, difícilmente se me puede acusar de conflicto de interés por trabajar para empresas privadas relacionadas con el cargo público que desempeñé hace 25 años”.

Y aseguró: “Después de dejar el sector público, me he dedicado en lo fundamental a dar clases de economía matemática y asesorías en diversas materias, sobre temas energéticos, pero también financieros y de estrategia corporativa. No he asesorado ninguna empresa que haya firmado contratos con la CFE para vender energía eléctrica o transportarle gas natural”.

Cuatro años después de esa carta, la empresa en la que participa Córdoba Montoya y que detenta los derechos de dos permisos que conforman la operación del ciclo combinado privado Tamazunchale II de Iberdrola, será adquiridos por el gobierno federal en una operación con la cual, según la administración de López Obrador, se recuperará la soberanía sobre la generación de electricidad.

“Es más, no recuerdo haber hablado con ejecutivo alguno de una empresa eléctrica, nacional o extranjera, durante mi paso por el gobierno”, aseguró Córdoba Montoya.

Ahora, sin embargo, el exasesor de Salinas de Gortari participa en una empresa que durante las últimas dos décadas buscó afanosamente obtener permisos para la generación de electricidad para vender a la CFE o a empresas privadas.

Como lo dio a conocer Proceso en abril de 2021 en un reportaje de Jesusa Cervantes, el 5 y el 12 de septiembre de 2013, el socio de Córdoba Montoya, Guillermo González Laporte logró que la CRE le autorizara dos permisos para la planta hidroeléctrica El Naranjal, que operaría bajo la modalidad de autoabastecimiento con el expediente E/1024/AUT/2013. En esta planta, de acuerdo con esa investigación, además de González Laporte y Córdoba Montoya, figura como socia el gigante de bienes de consumo Kimberly Clark a través de una de sus filiales, Crisoba Industrial. El objetivo era vender “excedentes” a otras empresas como Banamex, Chedraui, Peñoles y Home Depot. Este proyecto enfrentó, sin embargo, una creciente oposición comunitaria en la zona de Amatlán de los Reyes, Veracruz, lo que impidió la operación de la hidroeléctrica. Los permisos se revocaron.

De la incursión de González Guajardo en el sector eléctrico queda viva y operando la incursión en la planta de ciclo combinado de Tamazunchale, una de las 15 plantas de Iberdrola que comprará el gobierno de López Obrador un cuarto de siglo después de que Salinas de Gortari abrió la puerta al capital privado.