Los reclusorios se han convertido en los “call center” de la extorsión telefónica, con ganancias millonarias para las bandas de internos y desde donde se generan un promedio de siete extorsiones por minuto.
Estimaciones de expertos, autoridades y organizaciones, indican que 9 de cada 10 llamadas de extorsión salen de los penales, donde los celulares ¡están prohibidos!.
Gustavo Rosas, ex funcionario del CISEN y director de AC Consultores, estimó que el delito está descontrolado.
“En las prisiones se generan 10 mil llamadas diarias, de ahí sale la mayoría de las extorsiones”, afirmó.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, tiene registrados más de 200 mil números desde donde se han intentado o consumado extorsiones.
No hay una cuantificación oficial de las ganancias que los reos obtienen producto de las extorsiones, pero el INEGI estimó en 2021 que este delito dejó “pérdidas monetarias” por mil 999 millones de pesos.
Cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), basadas en entrevistas a reos, indican que, cada interno que participa en estas actividades realiza unas 250 llamadas diarias.
“Autoridades me han dicho que alcanzan a hacer 8, 9 horas de llamadas continuas de extorsión”, señaló Francisco Rivas, director del ONC.
Las fuentes indicaron que los extorsionadores utilizan cientos chips de prepago que son ingresados por la visita, o bien, pueden ser rentados por los mismos custodios.
“Hay silencio cómplice de las autoridades”, sentenció una ex custodia de la Ciudad de México.
“Se les cobra por permitirles hacer esas llamadas, prácticamente no son molestados por nadie mientras lo hacen”, agregó.
Además, se tiene registro de más de 20 mil cuentas bancarias -de entidades financieras de todo el País- hacia las cuales se han solicitado los depósitos.
La extorsión desde los penales también se ha ido modificando con el paso de los años.
“Hace aproximadamente unos 10 años estaba enfocada en amenazas por secuestro o engaños relacionados principalmente con tarjetas de celular, incluso con concursos en los que se ganaban autos”, agregó Rivas.
“Hoy tenemos una diversidad de temas y están mucho más dirigidos a cuentas bancarias, tienen información, cuentan con datos de los usuarios, cuentahabientes; la red delictiva va más allá de quien ejecuta la extorsión vía telefónica”.
El experto reveló que el año pasado la organización tomó conocimiento de extorsiones telefónicas exitosas por más de 2 millones de pesos.
“Tú crees que estás hablando con el banco y, si no estás familiarizado con los fenómenos delictivos, es fácil que caigas, uno de estos casos fue una familia de abogados”.
“Aunque ya está más enfocado al tema bancario, sigue habiendo una serie de extorsiones relacionadas con las amenazas, los engaños, esto de: ‘te ganas un dinero si depositas mil pesos’, cosas de este tipo siguen sucediendo”.
El penitenciarista José luis Mussi observó que los reos extorsionadores, si bien pueden contar con información de la víctima, también hay otros que “sacan” información a partir de engaños.
“Te ofrecen un producto verdaderamente barato y te empiezan a decir: ‘perdone, ¿cuál es su segundo apellido’, y empiezan a reunir una serie de datos, también de las redes. La gente no entiende que no debe de meter su vida a Facebook porque ven la vida completa de una gente, saben quién es, cómo se llama, amigos, amistades, domicilio, trabajo, y entonces así operan estos call centers”.
Las estadísticas
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) del INEGI, tan solo en 2021 -último año con datos disponibles- se cometieron 4.9 millones de extorsiones en el País.
El 90.3 por ciento de esas extorsiones fueron telefónicas.
Si 9 de cada 10 de estas llamadas provinieron de penales, los reos habrían hecho alrededor de 3.9 millones de llamadas extorsivas ese año, un promedio de 10 mil 600 diarias.
Esta cifra es similar a la que estimó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2018, después de hacer un rastreo de llamadas de celular desde siete penales.
En un informe enviado al Senado, el IFT calculó que reos realizan cada año al menos 3.7 millones de llamadas extorsivas y advirtió un uso generalizado de celulares en los centros.
¿Y los bloqueadores?
A finales de 2005, la Ciudad de México -gobernada entonces por Andrés Manuel López Obrador- comenzó a instalar bloqueadores de celulares en los reclusorios para inhibir las llamadas de los reos.
En aquel entonces, las autoridades capitalinas tenían conocimiento de por lo menos mil 500 celulares en los reclusorios.
Aunque se perfiló como una solución, los inhibidores no lograron frenar las llamadas hechas por internos debido a fallas técnicas, según argumentó la autoridad local.
En 2010, a pesar del fracaso del bloqueo de señales en las prisiones de la CDMX, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario acordó ampliar esa estrategia en el País.
En respuesta al creciente fenómeno de las extorsiones desde prisión, la Conferencia convino instalar bloqueadores en 78 de los entonces 429 penales del País.
La mayoría de los centros desde donde se detectó entonces la práctica de extorsiones y secuestros virtuales, se ubicaban en la CDMX, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Estado de México.
En 2014, el Gobierno federal, en coordinación con los estados, dispuso el bloqueo de la señal en 56 centros penitenciarios locales considerados como “prioritarios”.
El objetivo era romper el vínculo de los internos con organizaciones criminales y eliminar la operación delictiva desde el interior de los penales.
Un documento de la Secretaría de Gobernación señala que las cárceles seleccionadas para aquella estrategia se encuentran en 27 entidades, una de ellas la Ciudad de México.
El ex comisionado de los penales federales, José Luis Mussi, subrayó que para garantizar el bloqueo se deben instalar equipos de calidad, como los que tienen los penales federales.
“Los centros federales tienen inhibidores de primer mundo, que es lo que se debe comprar, inhibidores de alta calidad y no chafas que no inhiben. También hay equipos, escáners como los que tiene la Fiscalía General de la República, que rastrean celulares cercanos, te pone el número del cual se marca y el lugar donde está”, expuso.
“Pretextos hay muchos y algunos son relativamente válidos, por ejemplo, los reclusorios norte y oriente (de la CDMX) están pegados a los juzgados, a colonias y casas, pero qué pasa cuando se deja un hueco donde no se inhibe, pues se usa. Sí hay inhibidores confiables, que son caros, pues sí, la seguridad es muy cara, pero es lo que da la paz social al País”.
El especialista y ex titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, afirmó que la extorsión desde las cárceles es un fenómeno “totalmente extendido”.
El especialista estimó que las principales prisiones estatales, particularmente las que están en las capitales de las entidades, todas tienen ese problema.
“Porque hay muy pocas que tienen inhibidores efectivos. El humanismo no está exento de mano firme, de mano dura, (…) y ¿quién controla adentro la droga, la venta de alcohol, la extorsión y todo?, pues los autogobiernos”, sostuvo.
“No tienen derecho a seguir con sus negocios o con sus modus operandi como delincuentes, hablando por el teléfono, no tienen derecho a seguir delinquiendo, y la extorsión es un delito grave”, añadió.
El titular del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, agregó que las extorsiones desde los penales exhiben todas las fallas del sistema penitenciario.
“Porque se supone que la privación legal de la libertad es un sistema para cumplir una sentencia por un delito cometido y que no le hagas daño a la sociedad, y aquí evidentemente están delinquiendo desde el penal, entonces los penales ¿para qué los queremos?”, cuestionó.
“Los bloqueadores de señal evidentemente no están funcionando, y no hablemos del tema de los custodios, que no están supervisando y que desde la cabeza no se está haciendo nada”, puntualizó.
