La ministra Norma Lucía Piña Hernández está decidida a hacer valer la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF). Pero desde su llegada a la cabeza del máximo tribunal del país, el pasado 2 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de su gobierno han arreciado sus críticas contra los jueces del país.
A poco más de un mes de que Piña Hernández hiciera historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las hostilidades desde Palacio Nacional han sido permanentes.
La actitud presidencial contrasta con los cuatro años en los que afirmaba que el anterior presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, gozaba de toda su confianza; de él dijo que era el único ministro capaz de transformar al Poder Judicial en la visión de la Cuarta Transformación.
Apenas había asumido la presidencia del PJF, que además de la Corte incluye al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra Piña recibió en la segunda semana de enero la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, misma que, según fuentes judiciales, fue un intento por “llevar la fiesta en paz” con ella.
Proceso confirmó que durante la reunión únicamente estuvieron presentes el secretario de Gobernación y la ministra presidenta y que, aunque el encuentro no fue necesariamente hostil, Piña dejó claro que su presidencia será respetuosa de la independencia de sus jueces, es decir, no “dará línea” a los juzgadores ni a los integrantes del Pleno, circunstancia que es por todos conocida dentro de la Corte.
El mensaje no gustó en el Ejecutivo y no sólo comenzaron las hostilidades, sino que comenzaron las advertencias de que podría haber una reforma en el Legislativo para quitarle el control del CJF, el órgano encargado de la administración y disciplina de los jueces y magistrados federales.
En medio del conflicto, desde el Senado, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, anunció sus intenciones de presentar una iniciativa de reforma constitucional para separar a la SCJN del CJF; es decir, quitarle a la presidencia del máximo tribunal el control sobre las denuncias e investigaciones de posibles irregularidades cometidas por jueces, magistrados y otros integrantes del PJF.
Pese a que una reforma de este tipo implica conseguir los votos de la mayoría de los congresos estatales, incluidos aquellos donde Morena no ejerce monopolio legislativo, luego de la modificación al PJF pactada entre Zaldívar y López Obrador no hubo una intención parecida a la que ahora develó Monreal.
Después de la visita del secretario de Gobernación a la Corte, López Obrador envió un primer reproche a la elección de la ministra Piña Hernández como sucesora de Zaldívar. En su conferencia matutina del 20 de enero pasado, el mandatario federal señaló que, con la llegada de Piña a la presidencia de la Corte, su administración notó la presencia de “más actos ilegales”.
“Seguramente deben de pensar, porque son como gremios, que ahora que ganó la señora Piña y que supuestamente nosotros perdimos, como si nos importara estar sometiendo poderes, como era antes, como ellos estaban acostumbrados”, dijo.
Por ello anunció que su gobierno acudiría al CJF para que se atiendan los casos en los que jueces liberen a quienes consideran responsables de actos ilícitos.
“Consideramos que se trata de un Poder Judicial del antiguo régimen, con muchos vicios y mucha corrupción. Tenemos casos y hemos ya tomado la decisión de estar denunciando a jueces que dejan en libertad a presuntos delincuentes, con todos los elementos, por cuestiones de forma, buscándole cualquier error a una averiguación. Nos acaba de pasar en Hidalgo con una jueza”, señaló. La advertencia se convirtió en línea para sus colaboradores.
