El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó tanto a la Secretaría como al Banco del Bienestar a transparentar el monto total entregado a beneficiarios de programas sociales, entre enero de 2018 y el 17 de mayo de 2022.
La Comisionada del Inai Norma Julieta del Río Venegas dijo en un comunicado que, tras la negativa inicial de la Secretaría del Bienestar de otorgar dicha información a un solicitante y pasar la estafeta al Banco, la dependencia “cuenta con distintas unidades administrativas con facultades para conocer de lo requerido, las cuales no fueron consultadas”, por lo que insistió en que ambas tienen competencia para conocer el monto del dinero entregado en programas sociales de 2018 a 2022.
Del Río Venegas destacó la necesidad de acceder a la información sobre el manejo de recursos públicos destinados a programas sociales, ya que, desde 2018 a la fecha, el presupuesto asignado para la política social ha tenido incrementos significativos.
“De acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, el gobierno en turno destinó 106 mil 645 millones 524 mil 28 pesos; en 2019, incrementó a 147 mil 178 millones 38 mil 738 pesos; en 2020, fue de 175 mil 458 millones 121 mil 273 pesos; en 2021, se aprobaron 185 mil 76 millones 784 mil 169 pesos, y para este ejercicio fiscal, 291 mil 41 millones 367 mil 786 pesos, lo que representa un incremento significativo en comparación con los años anteriores”, afirmó.
El Banco del Bienestar se declaró incompetente para conocer el total de recursos públicos que fueron entregados a beneficiarios de programas sociales, de 2018 al 12 de mayo de 2022, ya sea en efectivo, tarjeta u otro documento de valor monetario.
Al respecto, la Comisionada Presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, dijo que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, esta institución es la encargada de distribuir y reportar los recursos de programas sociales de dependencias y entidades conforme a la normatividad aplicable y las reglas de operación respectivas, por lo que es competente para conocer la información requerida.
Al presentar el caso ante el Pleno, la Comisionada Presidenta, Ibarra Cadena, sostuvo que se debe garantizar el acceso a la información sobre las acciones del Estado mexicano para lograr una efectiva bancarización y correcta distribución de los programas sociales, pues ello resulta necesario para la inclusión financiera y el desarrollo económico en el país.
“El combate a la pobreza, a través de la acción social y de la construcción de un estado de bienestar es fundamental para revertir las consecuencias de un sistema inequitativo, pero esta lucha contra la desigualdad debe ser transparente, escrutable y a la vista de la ciudadanía”, subrayó.
