El ex embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, ve muy poco probable que el gobierno mexicano entregue en extradición al narcotraficante Rafael Caro Quintero, pese a que el gobierno norteamericano inició las gestiones de manera inmediata, luego que se concretó su captura el pasado 15 de julio.
Tony Garza apuntó esta semana, en un análisis de su consultora White & Case, que Caro Quintero representa una figura crucial en las organizaciones del narcotráfico durante las últimas cuatro décadas, y se convirtió en el hombre más buscado por la DEA a causa del asesinato del agente especial Enrique “Kiki” Camarena, sin embargo, adelantó que el Narco de narcos no llegará en el corto plazo ante la justicia de aquél país.
Esta visión de los norteamericanos quedó confirmada este viernes con la decisión de una jueza federal de México, al conceder una nueva suspensión de plano para evitar que Caro Quintero sufra cualquier tipo de maltrato, aunado a que el Poder Judicial puso un candado legal para que el capo sea movido del Estado de México.
El próximo 26 de agosto está fijada una audiencia para determinar si se le concede el amparo contra la extradición, sin embargo, aunque la decisión fuera contraria al narcotraficante, su defensa tiene la opción de impugnar esa hipotética situación y llevar el caso ante una autoridad superior.
AMLO señaló que “hay que esperar” respectó al posible vinculamiento de Manuel Bartlett en el caso de Caro Quintero
El presidente López Obrador pidió esperar a que avancen las investigaciones en el caso Rafael Caro Quintero, y si se involucraría a Manuel Bartlett, hoy director de la CFE
Según algunos expertos legales, el proceso de extradición en México podría avanzar lentamente en tribunales y llegar hasta instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de llevar el proceso de extradición a Estados Unidos, no ha mostrado mayor dinamismo pese a que su titular, Alejandro Gertz Manero sostuvo conversaciones con su homólogo de EEUU, Merrick Garland para acelerar la entrega.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, también llamó al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, para hablar sobre la extradición de Caro Quintero, sin embargo, las autoridades mexicanas no han fijado un plazo para entregar al ex líder del Cártel de Guadalajara.
Rafael Caro Quintero
Una jueza mexicana otorgó un amparo para que cese la “tortura” y los “malos tratos” en contra del capo Rafael Caro Quintero, recluido en la cárcel del Altiplano en el Estado de México, según revelaron este jueves documentos judiciales.
El Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo en el Estado de México falló a favor de Caro Quintero, detenido desde el 15 de julio con fines de extradición a Estados Unidos, tras una demanda promovida en contra del director del Centro Federal de Prevención y Reinserción Social.
“Se decreta de plano y oficio la suspensión para que cesen los actos consistentes en la incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo la vida”, sentenció el acuerdo del expediente 1182/2022.
La resolución es una nueva victoria judicial para Caro Quintero, el más buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), quien este martes obtuvo un amparo definitivo para evitar por tiempo indefinido su extradición a Estados Unidos.
Desde su captura en Sinaloa, en el noroeste del país, EEUU ha pedido su extradición de forma “inmediata” porque lo acusa del secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la DEA, así como otros delitos.
Con este nuevo amparo, el juez ordenó “informar, en un término no mayor a veinticuatro horas” un informe detallado para responder a la denuncia del capo.
De acuerdo con el expediente, la defensa de Caro Quintero argumentó que las autoridades del penal están incurriendo en “actos fuera de juicio” que violan los artículos 16 y 22 de la Constitución que “ponen en riesgo la vida” del narcotraficante.
