Acosado por una avalancha de resoluciones judiciales adversas y con el reloj jugando en contra, Javier May, titular de ny responsable de la construcción del Tren Maya, se sacó un conejo de la chistera:
“Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública…”
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Según múltiples juristas que he consultado, el señor May parece estar mezclando la gimnasia con la magnesia. Una declaratoria de seguridad nacional no invalida en modo alguno la decisión de un juez de amparo ni elimina los impedimentos legales que enfrenta la construcción del ya célebre tramo 5 de ese proyecto ferroviario.
Eso suponiendo, además, que la mencionada declaratoria exista, que se hayan cumplido todos los requisitos formales y el documento en cuestión se encuentre debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entiendo que, a la fecha, esos hechos siguen en duda.
Pero obviemos por un segundo esos asuntos de forma y tomemos en serio la idea, defendida por el gobierno, de que la construcción de un tren turístico es un asunto de seguridad nacional.
¿Cómo estaría eso? ¿Qué camino se tendría que seguir para conectar esos puntos? Primero habría que partir de la definición legal de seguridad nacional. Y allí, en la ley en la materia, aprobada en 2005, se entiende por seguridad nacional “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”.
De esa definición, uno supondría que hablar de seguridad nacional es hablar de algo urgente y grandote, de algo que en el corto plazo pueda poner en riesgo la existencia misma de México como nación independiente o la supervivencia de su población.
En principio, no muchas cosas deberían de caer en esa buchaca: una invasión extranjera, una guerra civil, un atentado con armas de destrucción masiva, un desastre natural cataclísmico, la destrucción de infraestructura crítica, una pandemia que deje miles de muertos (como la que acabamos de vivir).
Así debería de ser, pero la ley abrió la puerta para que seguridad nacional sea algo más que eso urgente y grandote. En particular, se refiere que las acciones antes mencionadas, las que buscan preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, conlleven a (entre otras cosas) “la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.”
El problema es que allí ya cabe todo ¿Un tren para pasear turistas puede generar desarrollo económico y social para parte del país y algunos de sus habitantes y contribuir por tanto a la preservación de la democracia? Pues en una de esas. Pero igual caben en esa definición unas obras de bacheo.
Si todo puede ser potencialmente seguridad nacional, todo puede ser sujeto a medidas de excepción y todo puede justificar el uso de medios extraordinarios (como, por ejemplo, desacatar órdenes judiciales o restringir el acceso a la información pública).
Por eso, este jaloneo sobre el Tren Maya va mucho más allá que el proyecto en cuestión. Aquí se está discutiendo si se va a imponer una interpretación expansiva de una ley que ya es laxa, si se va permitir que lo extraordinario se vuelva cotidiano.
O si, después de este susto, decidimos que ya es hora de revisar una ley que hace de la seguridad nacional un concepto infinito y la puerta para todo tipo de abusos.